Por la libertadLa medida es totalmente populista y no tiene fundamento económico que justifique; es más, es contraproducente.
El Congreso de la República de Guatemala aprobó de urgencia nacional una propuesta para fijar un precio máximo al diésel y las gasolinas regular y súper, aportando un subsidio cuando el precio internacional de mercado sea mayor al fijado. Ciento treinta diputados votaron a favor y aprobaron lo que ahora es el decreto 21-2026. La medida es totalmente populista y no tiene fundamento económico que la justifique; es más, es contraproducente.
En primer lugar, es una medida populista porque ofrece un beneficio inmediato y difiere el costo. El consumidor paga menos del precio real al llenar el tanque, lo que genera un alivio visible y políticamente atractivo. Sin embargo, el costo se traslada al presupuesto del Estado. Los recursos para financiar el subsidio provienen de impuestos actuales, de recortes a otros programas o de mayor endeudamiento. Esta vez el Congreso aprobó un mecanismo de compensación con un fondo de hasta Q2,500 millones.
Como segundo punto, esta medida causa una grave distorsión de la función de los precios. Los precios son como un semáforo que transmite información útil e importante para economizar recursos. El precio del petróleo se ha incrementado por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Ese alto precio comunica a todo el mundo que, por el momento, los combustibles se han vuelto relativamente más escasos. Por ello, los consumidores tratarán de ser más eficientes al movilizarse de un sitio a otro, ponerse de acuerdo con otros para compartir viajes, buscar sustitutos (combustibles alternativos, trabajar desde casa, movilizarse en bicicleta, etc.). Obviamente, algunos no podrán sustituir el uso del combustible, pero siempre buscarán mayor eficiencia evitando viajes innecesarios. El precio tope impide que el consumidor perciba ese aumento y la urgente necesidad de reducir su consumo de combustibles.
