“No cuesta ni un euro de dinero público”. Esta ha sido la frase más repetida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde el anuncio del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Los dirigentes han querido distanciarse desde el primer minuto de la sombra de València, donde el circuito dejó un agujero estimado en más de 300 millones de euros. Para ello, uno de los principales argumentos ha sido la promoción y financiación del evento a través de Ifema. Esto es, un consorcio público-privado cuyos fondos proceden en un 62% de las administraciones madrileñas: el Ayuntamiento aporta el 31% y el Gobierno autonómico, otro porcentaje idéntico.
El gasto y la estabilidad presupuestaria de este consorcio es solo uno de los frentes económicos que desmienten las afirmaciones de Almeida y Ayuso. Las millonarias inversiones en actos y campañas promocionales o la ejecución de obras públicas como efecto colateral de la llegada de Madring también engrosan los fondos destinados al trazado.
A pocas horas de que la competición y el dispositivo de seguridad o el de movilidad arranquen, desgranar todas estas partidas ayuda a arrojar una cifra estimada del verdadero coste de la Fórmula 1 en las arcas públicas y de lo plausible o no de que el retorno económico lo compense.
