Análisis Exclusivo suscriptores Un documento de política para el Gobierno señala que el principal problema es la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades del sistema.La siniestralidad llegó al 109,5 % en 2025, mientras el patrimonio consolidado de las EPS es negativo en $10,2 billones y sus deudas con hospitales y clínicas alcanzan $25,7 billones. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPOPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD09.09.2026 11:59 Actualizado: 09.09.2026 11:59
El próximo gobierno debería concentrarse en cerrar la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales del sistema de salud, en lugar de centrar su agenda en reemplazar o eliminar actores. Esa es una de las principales conclusiones del documento de política ‘Sistema de salud en Colombia: una salida de crisis en varias etapas’ desarrollado por investigadores de Fedesarrollo para el Gobierno 2026-2030. El informe fue elaborado por Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo, y David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes. LEA TAMBIÉN El documento plantea que Colombia no necesita desmontar su sistema de salud, pero sí corregir con urgencia sus problemas de financiamiento, incentivos y gobernanza. Para los autores, la amenaza central no está en la arquitectura institucional, sino en una brecha financiera que se ha profundizado a medida que aumentaron las necesidades de atención.Fedesarrollo pide corregir la UPC y sanear las deudas. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOEl diagnóstico parte de un logro que, según el informe, debe preservarse: la cobertura de aseguramiento alcanzó el 99 % de la población en 2025, después de haber pasado de menos del 25 % tres décadas atrás. A esto se suma una reducción sostenida del gasto de bolsillo, que permitió proteger financieramente a millones de hogares.Sin embargo, el documento advierte que parte de las tensiones actuales tiene precisamente relación con ese crecimiento. La cobertura y el acceso a los servicios de salud habrían aumentado a una velocidad superior a la del financiamiento disponible.Uno de los principales indicadores de esta presión es la siniestralidad del sistema, entendida como la relación entre los gastos y los ingresos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En 2025 alcanzó el 109,5 %, mientras que el patrimonio neto consolidado de las EPS llegó a un nivel negativo de $10,2 billones. Al mismo tiempo, la deuda de estas entidades con hospitales y clínicas ascendió a $25,7 billones.Para los autores, la situación financiera ya dejó de ser un problema exclusivamente contable y comenzó a afectar la operación cotidiana del sistema. El informe señala que se han acumulado retrasos en los pagos y tensiones entre EPS, hospitales y operadores, además de problemas de abastecimiento de medicamentos esenciales.El deterioro también estaría teniendo efectos sobre el comportamiento de los usuarios. La afiliación a seguros privados creció cerca de 24 % en 2024, un dato que el documento interpreta como una señal de que un número creciente de personas está buscando alternativas ante el deterioro percibido del sistema general. LEA TAMBIÉN A la presión financiera se suma el deterioro del acceso. El informe señala un aumento de los tiempos de espera y una creciente judicialización de las dificultades para obtener servicios y tecnologías en salud. Durante 2025 se radicaron 312.500 tutelas en salud y 1’932.664 reclamos relacionados con barreras de acceso a tecnologías y servicios. Estos últimos representaron el 92,6 % del total de reclamos, situación que, según los autores, evidencia que los canales administrativos ordinarios están fallando.El impacto financiero tampoco estaría distribuyéndose de manera uniforme entre la población. El documento advierte que el gasto de bolsillo del quintil más pobre aumentó 71 % en un solo año, lo que significa una mayor carga para los hogares con menores ingresos y una reversión parcial de los avances logrados en materia de protección financiera.Fedesarrollo propone una salida en varias etapas para sacar al sistema de salud de la crisis. Foto:Archivo particularOtro de los problemas identificados es la desigualdad territorial. Según el informe, Colombia opera de facto con dos sistemas. En cerca de once departamentos, que reúnen aproximadamente 3,5 millones de personas y representan el 45 % del territorio nacional, el problema principal no es la competencia entre aseguradores, sino la ausencia misma de oferta de servicios.A esto se suma una fuerte concentración del talento especializado. El 45 % de los especialistas se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, lo que evidencia las dificultades para garantizar una oferta homogénea en las regiones rurales y periféricas.El documento también aborda la corrupción, pero plantea que esta no debe presentarse como la explicación única de la crisis. Los autores consideran que la captura de rentas existe y debe ser combatida con severidad, pero advierten que no explica por sí sola la magnitud del problema. Como evidencia de ello, señalan que incluso EPS intervenidas por el Estado han registrado deterioros financieros importantes.Frente a este panorama, la primera recomendación del documento es corregir el financiamiento. El próximo gobierno debería reconocer la insuficiencia de la UPC y establecer un ajuste progresivo basado en criterios técnicos verificables. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de realizar un saneamiento parcial y ordenado de las deudas acumuladas entre la Adres, las EPS, las IPS y los operadores farmacéuticos.Pero aumentar los recursos, según los autores, no sería suficiente. El sistema también necesita modificar sus incentivos. La propuesta consiste en ligar los pagos a resultados en salud, calidad, acceso y coordinación de la atención, y no únicamente al control de costos. Para ello, el informe plantea publicar indicadores comparables de desempeño clínico de EPS y prestadores. LEA TAMBIÉN Fedesarrollo plantea una reforma sin desmontar el sistema de salud. Foto:César Mateus - EL TIEMPOLa estrategia también debería cambiar según el territorio. En ciudades y municipios con suficiente densidad, el documento propone mantener un esquema de aseguramiento reformado. En las zonas de extrema ruralidad, en cambio, plantea una provisión directa estatal del primer nivel mediante Centros de Salud Familiar Rural y telemedicina, acompañada de incentivos para llevar talento humano a los territorios desatendidos.La agenda propuesta está dividida en tres etapas. Durante los primeros 100 días, el Gobierno debería reconocer explícitamente la insuficiencia financiera, publicar una hoja de ruta para el ajuste progresivo de la UPC, iniciar el saneamiento de las deudas y hacer pública una línea de base de indicadores de desempeño.Durante el primer año, las prioridades serían reorientar los incentivos hacia calidad, acceso y coordinación; desplegar la estrategia territorial diferenciada, con un piloto de Centros de Salud Familiar Rural en al menos cuatro departamentos; asegurar el abastecimiento de medicamentos mediante bonos farmacéuticos; reducir los tiempos de espera y fortalecer la Adres, los sistemas de información y los criterios de priorización por costo-efectividad.En el mediano y largo plazo, el documento propone consolidar el modelo territorial diferenciado y garantizar la sostenibilidad financiera. También plantea iniciar una agenda estructural para rebalancear el papel de las EPS hacia la gestión integral del riesgo, fortalecer su presencia rural y mejorar la disponibilidad de talento humano en los territorios.El informe asigna responsabilidades específicas a las instituciones. El Ministerio de Salud y Protección Social debería liderar la política, la hoja de ruta de la UPC y el modelo territorial; la Adres tendría a su cargo la administración de recursos, el saneamiento de deudas y las auditorías; y la Superintendencia Nacional de Salud debería fortalecer la supervisión, los sistemas de información y la transparencia de los indicadores de calidad. El Ministerio de Hacienda y el DNP, por su parte, deberían definir la senda fiscal y la sostenibilidad financiera de la agenda. LEA TAMBIÉN Fedesarrollo pide dejar de discutir quién sale del sistema y concentrarse en hacerlo sostenible. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPOPara medir el éxito del próximo gobierno, los autores proponen no concentrarse en cuántos actores fueron reorganizados ni en cuántas leyes fueron expedidas, sino en resultados concretos de sostenibilidad financiera, acceso y calidad.La línea de base incluye un patrimonio neto consolidado de las EPS de -$10,2 billones, una siniestralidad de 109,5 %, una deuda de EPS con hospitales y clínicas de $25,7 billones y una cobertura de aseguramiento del 99 %. También plantea hacer seguimiento a las 312.500 tutelas en salud y los 1.932.664 reclamos por barreras de acceso registrados en 2025, así como a la oferta de 1,94 camas hospitalarias y 2,5 médicos por cada mil habitantes registrada entre 2024 y 2025.En ese sentido, la advertencia central del documento es que el próximo gobierno debe evitar cinco caminos: presentar la corrupción como la causa única del desfinanciamiento, negar o postergar el ajuste de la UPC, concentrar el debate en desmontar o reemplazar actores, aplicar una solución uniforme a territorios con problemas diferentes y aumentar los compromisos de gasto sin una agenda fiscal explícita.La propuesta, en cambio, apuesta por una salida gradual: más recursos, mejores incentivos, una estrategia territorial diferenciada, mayor supervisión y una senda fiscal que permita sostener el sistema. Para los autores, el reto no consiste en escoger entre desmontarlo o defenderlo íntegramente, sino en corregir sus fallas y reconstruir la confianza entre EPS, hospitales, gobierno, industria farmacéutica y pacientes.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcros Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
