Noticia Exclusivo suscriptores Policía de Pereira abrió líneas de investigación alrededor de fiestas realizadas en inmuebles alquilados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia.Una de las fiestas intervenidas por la Policía. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA09.09.2026 09:13 Actualizado: 09.09.2026 09:13

Las fiestas privadas que se extienden durante horas e incluso varios días en fincas, casas y otros inmuebles alquilados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, en Risaralda, entraron en el radar de la Policía. La investigación ya no está concentrada únicamente en el consumo de drogas dentro de estos encuentros. Las autoridades buscan establecer quién los organiza, cómo se financian, qué ocurre con los menores que llegan hasta estos lugares y si detrás de algunas de estas reuniones existen conexiones con estructuras dedicadas al narcotráfico.La operación que terminó por poner el tema sobre la mesa se desarrolló en la vereda Filo Bonito, en Dosquebradas. Hasta allí llegaron unidades de la Policía Nacional para intervenir un inmueble que había sido alquilado para una fiesta. El procedimiento dejó cuatro personas capturadas, una menor de edad aprehendida y otros tres menores identificados. En dos casos fue necesario activar procesos de restablecimiento de derechos ante posibles situaciones de vulnerabilidad.Dentro del inmueble, además, los uniformados encontraron dos armas y diferentes sustancias psicoactivas. Entre lo incautado había anfetaminas y opioides que, según la información conocida por los investigadores, estarían siendo consumidos durante este tipo de encuentros. Cerca de 50 personas fueron identificadas en medio del procedimiento por consumo recurrente de sustancias.Varios de los capturados en las fiestas. Foto:CortesíaEse hallazgo abrió una línea de investigación que va más allá de lo ocurrido durante una sola fiesta. La Policía Metropolitana de Pereira viene siguiendo encuentros similares que se realizan principalmente durante los fines de semana y que, en algunos casos, pueden prolongarse durante varios días. La atención está puesta especialmente sobre inmuebles arrendados por periodos cortos, una modalidad que permite cambiar de lugar y dificulta mantener controles permanentes sobre las reuniones.Uno de los puntos que ahora concentra el trabajo de los investigadores es la presencia de menores de edad. Las autoridades intentan determinar si algunos de ellos llegan como asistentes o si, por el contrario, están siendo instrumentalizados dentro de actividades ilícitas. Entre las hipótesis bajo verificación aparecen posibles casos de explotación sexual y prostitución. En procedimientos adelantados alrededor de estas fiestas ya se han activado rutas institucionales para menores que, según la Policía, estarían siendo utilizados en esas actividades.Drogas sintéticas. Foto:CortesíaPero la investigación tiene otro frente. Los organismos judiciales buscan establecer quién convoca las reuniones, quién consigue los inmuebles, quién suministra las sustancias y qué relación existe entre las personas que participan. Dentro de esas verificaciones aparece la estructura criminal ‘La Cordillera’, organización sobre la cual las autoridades analizan posibles vínculos con algunos de estos encuentros.La pesquisa también intenta establecer si existen conexiones fuera del país. Una de las líneas mencionadas por los investigadores apunta hacia Panamá, aunque ese posible enlace permanece en etapa de verificación. El objetivo es reconstruir las relaciones entre organizadores, asistentes y eventuales integrantes de redes criminales para determinar si las fiestas funcionan únicamente como espacios de consumo o si son utilizadas para establecer contactos y coordinar otras actividades ilícitas.Esa diferencia resulta determinante para el rumbo de los procesos. Para la Policía, estos encuentros dejaron de ser observados exclusivamente como fiestas realizadas en espacios privados. La presencia simultánea de armas, sustancias psicoactivas, menores de edad y personas que podrían estar relacionadas con estructuras criminales llevó a ampliar el alcance de las investigaciones.Armas incautadas. Foto:CortesíaLa estrategia también comienza a tocar a los propietarios y a los inmuebles. La Policía Metropolitana trabaja en una propuesta que será analizada con la Fiscalía General de la Nación para revisar la situación jurídica y patrimonial de las propiedades utilizadas de manera recurrente para estas actividades. Los investigadores quieren determinar quiénes son sus dueños, bajo qué condiciones son alquiladas y qué conocimiento tienen sus propietarios o administradores sobre lo que sucede dentro de ellas.Si las pesquisas permiten demostrar que alguno de esos bienes fue adquirido, administrado, facilitado o utilizado para actividades ilícitas, podría abrirse la puerta a procesos de extinción de dominio. La revisión patrimonial se convierte así en otro componente de la ofensiva: no solamente identificar a quienes participan en las reuniones, sino seguir los espacios que permiten su realización y establecer si existe una estructura detrás de su alquiler.Tras el operativo de Filo Bonito, los controles se extenderán sobre casas y fincas alquiladas por días en Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Paralelamente, los investigadores deberán establecer las responsabilidades de los cuatro capturados, reconstruir la organización de estas fiestas y verificar los posibles nexos con ‘La Cordillera’, redes de narcotráfico y contactos internacionales que aparecen dentro de las líneas de investigación.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.