NoticiaEl hallazgo de una fosa común reconstruyó el caso de una estructura señalada de desaparecer, torturar y asesinar personas en Pereira y Dosquebradas.Dos personas capturadas recientemente. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA09.07.2026 16:01 Actualizado: 09.07.2026 16:01
Una fosa común localizada en zona rural de Dosquebradas terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las investigaciones más amplias que adelantan las autoridades contra las redes de desaparición forzada y homicidio en el área metropolitana de Pereira. Ese hallazgo permitió reconstruir una secuencia de hechos que hoy tiene dos capturados, varias líneas investigativas abiertas y al menos 15 casos de desaparición bajo análisis.La denominada ‘operación Enigma’, presentada por la Policía Nacional como la primera fase de una ofensiva contra el multicrimen en Risaralda, apunta a una estructura señalada de participar en desapariciones forzadas, torturas y homicidios ocurridos entre 2025 y 2026. Según las autoridades, detrás de esos hechos estaría una organización que operaba bajo la influencia del grupo delincuencial organizado Cordillera, estructura que durante los últimos años ha mantenido presencia en Pereira y Dosquebradas.Las primeras capturas corresponden a alias Johana y alias Colas, investigados por los delitos de homicidio agravado, tortura y desaparición forzada. Para los investigadores, ambos habrían cumplido funciones determinantes dentro del engranaje criminal que ejecutaba homicidios selectivos, desaparecía personas y posteriormente trasladaba los cuerpos hasta un sitio utilizado para ocultarlos.Momentos de la captuta de alias Johana. Foto:CortesíaLa investigación fue desarrollada de manera conjunta por el Bloque de Búsqueda, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el Gaula Militar, unidades de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional. Ese trabajo permitió conectar denuncias por desaparición, información de inteligencia, interceptaciones y otros elementos probatorios que finalmente condujeron al hallazgo del cementerio clandestino, considerado por los investigadores como una de las principales evidencias del caso.Uno de los nombres que más llamó la atención de las autoridades es el de alias Johana. Pese al alias femenino con el que era conocido dentro de la organización, se trata de un hombre de 42 años que, según la investigación, utilizaba esa identidad como una estrategia para dificultar su identificación y evadir los controles de las autoridades. Los investigadores lo ubican como uno de los articuladores de homicidios, desapariciones y otras acciones violentas asociadas al control territorial que ejercía la estructura en sectores de Pereira y Dosquebradas.Durante el operativo se halló un altar de brujería. Foto:CortesíaEl segundo capturado, alias Colas, aparece en el expediente con un rol distinto. De acuerdo con la investigación, sería uno de los encargados de ejecutar actos de tortura, desmembrar a las víctimas y trasladar los cuerpos hasta el lugar donde eran ocultados. Ese papel lo convirtió en una de las piezas centrales para reconstruir la forma en que, presuntamente, operaba la organización después de cometer los homicidios.Las diligencias judiciales también permitieron ocupar material que ahora hace parte del acervo probatorio. Durante los allanamientos, realizados de manera simultánea en Pereira y Dosquebradas con apoyo de drones y equipos especializados, fueron incautados un arma de fuego y seis teléfonos celulares. Para los investigadores, el contenido de esos dispositivos podría aportar información sobre la comunicación entre los ejecutores y presuntos determinadores de los crímenes.Precisamente, una de las hipótesis que hoy cobra fuerza dentro del proceso judicial es que las órdenes para cometer varios homicidios y desapariciones habrían sido impartidas por integrantes de Cordillera, algunos recluidos en centros penitenciarios y otros que continúan en libertad. El análisis de los equipos electrónicos busca establecer el alcance de esas comunicaciones y determinar la cadena de responsabilidades dentro de la organización.El caso pone de relieve una modalidad criminal que representa uno de los mayores desafíos para las autoridades judiciales: la desaparición forzada como mecanismo para ocultar homicidios, eliminar evidencia y dificultar la acción de la justicia. En este tipo de investigaciones, la recuperación de cuerpos, el análisis forense y la reconstrucción de los movimientos de las víctimas suelen convertirse en piezas determinantes para avanzar hacia la identificación de los responsables.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
