Permitir a la gente nadar no es un gesto banal; hace avanzar la gobernanza urbana y ayuda a combatir los efectos del cambio climático
Quien haya visitado una piscina londinense durante este verano sofocante la habrá encontrado más tranquila de lo esperado. Desde la pandemia de la covid, las instalaciones de natación públicas de la ciudad pasaron a exigir reserva con antelación, lo que favorecen a quienes pueden planificar días antes, pagar por adelantado y tener a un adulto que pueda dedicarle la tarde. Muchos londinenses no superan esa prueba.
Pero el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha comprometido a hacer que la ciudad sea “apta para el baño”. El plan de limpieza de ríos y cursos de agua que puso en marcha en julio busca ampliar el acceso a diez ubicaciones estratégicas, con el horizonte de 2036 y una inversión de unos 2.100 millones de euros de aquí a 2030 por parte de las entidades asociadas. Sin embargo, el éxito del plan dependerá de que sus 48 proyectos se gestionen como una cartera única con un objetivo general común, en vez de presentarse como 48 proyectos con 48 responsables distintos. Esa es la diferencia entre un programa y una misión.
Ciudades de todo el mundo han comenzado a reconocer las piscinas y otros “espacios azules” como infraestructuras climáticas cruciales. Tras modernizar su sistema de alcantarillado e instalaciones de tratamiento en los noventa, Copenhague inauguró en 2002 su primera zona de baño portuaria en Islands Brygge; eso dio impulso a un modelo que después se ha exportado a Oslo y a Nueva York. París invirtió 1.400 millones de euros en limpiar el Sena, que ahora ofrece zonas de baño de acceso público con socorristas (es la primera vez que se permite legalmente el baño en el río desde 1923). Todas estas ciudades comparten el mismo nivel de ambición y ahora tienen la oportunidad de desarrollar un método común para concretarlo.
