Durante estos días de agosto he leído con mucho interés y empatía noticias y artículos que han reclamado más piscinas públicas como gran estrategia de adaptación climática. En el texto La metrópoli de las piscinas, el economista y geógrafo Oriol Estela reivindica que las piscinas sean consideradas como una infraestructura verde, azul y social de proximidad y que sean una política pública prioritaria. El problema, explica el artículo, es que en muchas áreas metropolitanas de España no hay suficientes piscinas públicas y las que hay están distribuidas de manera muy desigual.
En cambio, han proliferado masivamente las piscinas privadas, acentuando la desigualdad social ante el cambio climático respecto aquellas personas que no pueden disponer de piscina privada o que no pueden acceder a las públicas porque los precios son demasiado altos. La periodista Elena Parreño denunciaba en un reportaje en Crític que determinados municipios catalanes han establecido precios desorbitadamente elevados para personas no empadronadas en el municipio.
