Noticia Exclusivo suscriptores El ente de control tendrá que determinar si hay responsabilidad disciplinaria tras informes que reflejan un deterioro en la atención en salud.Pacientes en sala de espera. Foto: Getty ImagesPERIODISTA JUDICIAL08.09.2026 22:35 Actualizado: 08.09.2026 22:35
Por el déficit de atención y el constante deterioro de tres EPS, la Procuraduría General solicitó que se investigue a funcionarios del expresidente Gustavo Petro como presuntos responsables de la crisis que ha afectado a miles de usuarios. Entre los mencionados en los expedientes está el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo.Tres informes conocidos por EL TIEMPO dan cuenta de las irregularidades en la EPS Mutual Ser, Emssanar EPS y Proteger EPS. En cada una aparecen como principales sospechosos el exministro Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y varios exinterventores.Los documentos que reflejan un panorama preventivo fueron elaborados por el equipo de la delegada Mónica Ulloa, que los remitió para que sea un procurador con funciones disciplinarias el que se encargue de determinar una eventual sanción.Los expedientes se suman al de la Nueva EPS, la de más afiliados en el país con cerca de 11 millones de personas, en la que se concluyó en julio pasado que pese a que fue intervenida en la era Petro, persisten las falencias financieras, retrasos en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas con especialistas.La procuradora Mónica Ulloa, delegada para el sector salud (izq.). Foto:Procuraduría."Los hallazgos identificados permiten concluir que, pese a los espacios de articulación institucional, requerimientos preventivos y acciones de seguimiento adelantadas, los objetivos que motivaron la creación de la Mesa de Seguimiento no se han materializado en los niveles esperados y aún más grave resulta que continúen presentándose casos en los cuales, pese a existir órdenes médicas, fallos de tutela, incidentes de desacato y múltiples actuaciones administrativas, no se evidencia una solución material y efectiva de las necesidades en salud de los usuarios", dice el informe.Radiografía de las tres EPSLa EPS Mutual Ser sirve desde el año 2000 principalmente a usuarios de Cartagena, y en los últimos meses ha recibido un incremento en el número de reclamos por mala prestación del servicio. Según la Procuraduría, entre 2023 y 2025 las peticiones, quejas y reclamos subieron en un 21 por ciento: pasaron de 18.154 a 61.031. El promedio mensual de PQR en 2025 cerró en 5.086.Los mayores motivos por los que la ciudadanía eleva sus reclamos tienen que ver con las barreras para acceder a servicios médicos y la insatisfacción en la atención de usuarios. Pacientes de EPS Foto:Defensoria del PuebloEl número de tutelas el año pasado cerró en 12.054 casos, mayoritariamente en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico.Frente al estado financiero, la Procuraduría encontró que el año pasado quedaron cuentas por pagar mayores a 360 días por $109.589 millones en el 2025, lo que desestabiliza la operatividad de la red de prestadores y la continuidad en la atención de los afiliados. "El análisis del estado de resultados de la Mutual Ser durante el periodo 2022–2024 evidencia un deterioro progresivo en su desempeño financiero y operativo, si bien la entidad muestra un crecimiento sostenido en los ingresos ordinarios, este no ha sido suficiente para contener el incremento acelerado de los costos de prestación de servicios, situación que compromete la sostenibilidad del modelo de negocio y la capacidad de generar excedentes operativos", sostiene el informe. Los presuntos responsables son el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el gerente de la EPS, Galo de Jesús Viana; los exsuperintendentes Daniel Quintero, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubio y Bernardo Camacho.La situación no es muy distinta a la de la EPS Emssanar, que fue intervenida el 31 de mayo de 2022, en el gobierno de Iván Duque. Esa medida forzosa se ha venido prorrogando, no obstante la entidad no muestra mayores mejorías según la radiografía de la delegada Mónica Ulloa. Emssanar. Foto:Superintendencia de SaludEn los primeros cuatro meses de 2026, la EPS recibió 18.108 quejas y reclamos, mientras que las tutelas cerraron en 4.337. La razón por lo general ha sido mala prestación del servicio y obstáculos para sacar autorizaciones."Durante el período analizado, los indicadores de endeudamiento de EPS Emssanar reflejan una estructura financiera atípica y de alto riesgo caracterizada por niveles de apalancamiento negativos y una elevada concentración de pasivos en proveedores", se lee en uno de los apartes. En este caso, quienes tendrían alguna responsabilidad disciplinaria son el exministro Jarammilo, los exinterventores Juan Manuel Quiñones, Luis Carlos Arboleda, César Sánchez, Gabriel Enrique Castilla e Ilsen Inés Jaramillo. Así como los exsuperintendentes Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano, Bernardo Camacho y Daniel Quintero. La tercera EPS bajo la lupa es Proteger, antes Cajacopi. En ella se redujo el número de afiliados en los dos últimos años, aunque incrementó la participación de personas del régimen subsidiado. La mayoría de pacientes son de los departamentos de Meta, Barranquilla y Cartagena. Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Instagram @minsaludcolEn Proteger también se registran altos números de tutelas por demoras en la entrega de medicamentos o en las irregularidades para afiliaciones: "La EPS contesta tutelas dentro de los términos y presenta impugnaciones, pero esta respuesta formal no se traduce en una reducción del volumen de tutelas ni en un mejor cumplimiento de fallo, lo que sugiere que la estrategia está orientada a la defensa procesal más que a la solución del problema de fondo, o que garantice la efectiva prestación del servicio al afiliado que invoca la acción constitucional". Así como hay aspectos en los que se raja, según la Procuraduría en esta EPS "la rotación de las cuentas por cobrar evidencia una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión de cobranzas, en el 2022 la EPS presentaba un ciclo de cobro excesivamente prolongado de (886 días), lo que generaba una inmovilización crítica del capital de trabajo y un alto riesgo de incobrabilidad y liquidez, a partir de 2023 se observa una transformación significativa en la política de crédito y recuperación, reduciendo el período promedio de cobro a aproximadamente 76 días a nivel que se mantiene estable, en 2024 se sigue sosteniendo el indicador si presentar variables. Esta mejora refleja una gestión más eficaz de las cuentas por cobrar, fortaleciendo la liquidez operativa y reduciendo el riesgo financiero asociado". En este caso, las personas que podrían responder disciplinariamente son el representante legal Roberto Solano, los exsuperintendentes Daniel Quintero y Bernardo Camacho, y Mónica Ortega y José Alberto Henríquez, de la EPS. Sobre todos ellos será una procuraduría con funciones disciplinarias la que determine si les abre o no una investigación formal.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
