Noticia Exclusivo suscriptores La entidad solicitó investigar a 13 exfuncionarios del gobierno Petro al advertir que en el primer trimestre de 2026 se agravó la situación de la EPS.Procuraduría pide investigar a Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina por crisis en la Nueva EPS. Foto: Archivo particularPERIODISTA JUDICIAL31.08.2026 19:10 Actualizado: 31.08.2026 19:10
La Procuraduría elaboró una radiografía que vuelve a poner la lupa sobre la difícil situación que atraviesa la Nueva EPS, intervenida bajo el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta vez, se estableció cuáles serían los responsables de las falencias que incrementaron en el primer trimestre del año, en lo que respecta a la atención de usuarios.El nombre que más sale a relucir en el documento de 46 páginas en poder de EL TIEMPO es el de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud del gobierno Petro entre el 1 de mayo de 2023 y el 7 de agosto pasado. Desde una delegada preventiva, el ente de control pide investigar disciplinariamente a Jaramillo para establecer si tuvo que ver con la crisis que afronta la EPS, que pese a que fue intervenida no ha mejorado sus estados financieros.Los otros 12 perfiles que se indagarían son los de los exsuperintendentes -algunos en propiedad, otros en encargo- Luis Carlos Leal, Jaime Urrego, Giovanny Rubiano, Bernardo Camacho, Luz María Múnera, Jaime Urrego y Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín investigado por supuestas falencias en la administración municipal. También se pide revisar las actuaciones de los otroras interventores Julio A. Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polanía, Luis Oscar Galves y Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali señalado en varios escándalos en la ciudad.Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Instagram @minsaludcolEn términos generales, el equipo de la procuradora delegada Mónica Ulloa identificó que hay suficientes evidencias que permiten solicitar una investigación disciplinaria contra el exministro Jaramillo y los otros mencionados. En el expediente se afirma que a corte del primer trimestre de 2026 persisten las dificultades en la entrega de medicamentos, autorizaciones de servicios, continuidad de tratamientos, acceso a especialistas, disponibilidad de red prestadora y el cumplimiento de órdenes judiciales. "Los hallazgos identificados permiten concluir que, pese a los espacios de articulación institucional, requerimientos preventivos y acciones de seguimiento adelantadas, los objetivos que motivaron la creación de la Mesa de Seguimiento no se han materializado en los niveles esperados y aún más grave resulta que continúen presentándose casos en los cuales, pese a existir órdenes médicas, fallos de tutela, incidentes de desacato y múltiples actuaciones administrativas, no se evidencia una solución material y efectiva de las necesidades en salud de los usuarios", dice el informe.A quien Ulloa le pide que investigue a los 13 exfuncionarios es al delegado José Rodrigo Vargas, quien tiene funciones disciplinarias en la Procuraduría. Él será el que determine el alcance de lo cometido para establecer si Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina y otros exfuncionarios deben ser sancionados.La procuradora Mónica Ulloa (izq.). Foto:Procuraduría.Peticiones acumuladasLa Procuraduría revisó todas las peticiones que había sobre la Nueva EPS desde septiembre de 2025 a junio de 2026. Fueron analizados 1.088 registros acumulados entre esas fechas que revelaron que hay incumplimientos en los tiempos de respuesta. Además, que el 72,1 por ciento de los casos radicados el año pasado fueron resueltos en 2026, "circunstancia que evidencia demoras incompatibles con la naturaleza y urgencia de los asuntos relacionados con la garantía del derecho a la salud".Según el ente de control, una tercera parte de esas solicitudes han sido canalizadas ante autoridades judiciales, lo que refleja la necesidad de los usuarios de acudir a los estrados para que les resuelvan sus problemas.En el primer trimestre del año se alcanzaron a recibir 216.308 peticiones, quejas y reclamos a la Nueva EPS, lo que constituye un promedio mensuales de 72.103 casos. En 2025 se documentaron 934.926, en 2024 hubo 624.690 y en 2023 se llegó a 451.265. La mayoría de solicitudes tienen que ver con demoras en medicamentos y en la asignación de citas especializadas.Daniel Quintero fue Superintendente de Salud. Foto:Generada con imagen de EL TIEMPOEn cuanto a tutelas, en enero, febrero y marzo pasado se recibieron 40.668, un crecimiento del 139 por ciento si se comparan con las 68.070 recibidas en todo el 2023. Donde más se radican tutelas es en Antioquia, Valle, Norte de Santander, Bogotá y Santander."Durante el periodo analizado se identificaron 26 actuaciones objeto de compulsa de copias, derivadas principalmente de incidentes de desacato, acciones de tutela y presuntos incumplimientos de órdenes judiciales relacionadas con la prestación de servicios de salud", dice el documento.Otros hallazgosLa atención a pacientes con enfermedades de alto costo también hace parte del barrido que hizo la Procuraduría. Advierten que pese a que se han hecho reuniones, no hay soluciones estructurales ni resultados que resuelvan las necesidades urgentes de los usuarios, y se puso de presente que hay fallas especiales para poner al servicio a gestores farmacéuticos de Boyacá, Huila, La Guajira, Atlántico y Caldas. Jorge Iván Ospina. Foto:Archivo particular"Las actuaciones administrativas informadas por Nueva EPS no siempre coinciden con la realidad observada en los territorios. Los reportes de entrega presentados por los gestores farmacéuticos no permiten establecer con claridad el número de pacientes efectivamente atendidos, las fórmulas entregadas de manera completa, los medicamentos que permanecen pendientes ni la continuidad real de los tratamientos. Se identificaron inconsistencias entre las cifras de órdenes, fórmulas, unidades entregadas, pacientes atendidos, porcentajes de cumplimiento, pendientes acumulados y recursos girados, circunstancia que impide contar con una trazabilidad clara y confiable sobre la atención prestada", anotó el equipo de Ulloa.Este paquete de irregularidades según la Procuraduría "no corresponden a hechos aislados, sino a una problemática de alcance nacional" detectada por autoridades como la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar y alcaldías.De hecho, hay prestadoras del servicio de salud como Idime, la Clínica Vida, la Clínica El Laguito y el Hospital de Alta Complejidad del Putumayo que han alertado incumplimientos contractuales y financieros. La situación financiera sería de tal magnitud que la Nueva EPS aparece como el principal deudor del sistema hospitalario colombiano. Sede de la Nueva EPS. Foto:Laura SepúlvedaAl hacer un mapeo por las regiones se encontraron 16 municipios en 11 departamentos especialmente afectados. Se trata de Quindío, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Boyacá, Risaralda, Cauca, Cesar, Santander, Arauca y Bogotá, donde se concentra el 35 por ciento de la población afiliada a la Nueva EPS.La conclusión para el despacho de Mónica Ulloa es que "no se cumplieron las finalidades consignadas en el acto administrativo de intervención de la Superintendencia de Salud, y transcurridos 23 meses (con corte al primer trimestre de 2026) desde la ejecución de la medida de toma de posesión con intervención forzosa para administrar a la Nueva EPS, se han deteriorado significativamente los indicadores que dieron origen a la misma y en consecuencia, existe un menoscabo de las condiciones técnico científicas, administrativas y financieras de la EPS".El expediente en el que se menciona a Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina se sumará a la investigación que abrió a inicios de este año la Procuraduría en contra de antiguos interventores de la Nueva EPS. Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
