OpiniónEl caso de Altos de Santana reabre el debate sobre la protección del patrimonio privado en Bogotá.Escaleras de Rogelio Salmona Foto: Redes sociales06.09.2026 22:40 Actualizado: 06.09.2026 22:40
La polémica por la intervención de uno de los apartamentos de Altos de Santana, conjunto diseñado por Rogelio Salmona y declarado Bien de Interés Cultural de Bogotá, podría terminar reducida a una discusión entre arquitectos sobre si una escalera debía conservarse o podía reemplazarse. Sería una lástima. Lo ocurrido revela un problema mucho más profundo y es la manera en que estamos protegiendo los bienes patrimoniales que permanecen en manos privadas.Tener una propiedad declarada como patrimonio no es necesariamente un privilegio. También implica una carga. Su dueño no puede remodelarla con la misma libertad con la que intervendría cualquier vivienda. Modificar fachadas, circulaciones, elementos interiores protegidos o determinadas características arquitectónicas exige autorizaciones especiales.Además, mantener este tipo de edificaciones puede resultar considerablemente más costoso, porque muchas intervenciones requieren materiales, técnicas y profesionales especializados.Por eso existen incentivos. La legislación colombiana reconoce que cuando el Estado impone restricciones para preservar un inmueble de interés colectivo debe establecer mecanismos que ayuden a compensar esas cargas. En Bogotá pueden existir exenciones parciales del impuesto predial y, en determinados casos, equiparación de las tarifas de servicios públicos al estrato uno.A primera vista alguien podría preguntarse por qué una vivienda costosa, localizada en un sector privilegiado de Bogotá, debería recibir este tipo de beneficios. La respuesta es que esos incentivos no buscan subsidiar a su dueño, sino contribuir a preservar un bien cuyo valor trasciende a quien aparece en la escritura.Existe entonces una especie de contrato. El propietario mantiene sus derechos sobre el inmueble, pero acepta restricciones adicionales porque este también tiene un valor colectivo. A cambio, el Estado contribuye a hacer menos onerosa su preservación. El problema comienza cuando ese contrato se rompe.Las normas son claras. Quienes poseen bienes de interés cultural tienen la obligación de mantenerlos, evitar su deterioro y obtener autorización antes de realizar intervenciones que afecten los valores protegidos. En Bogotá, incluso algunos de los beneficios asociados a estas edificaciones están condicionados a su buen estado y al cumplimiento de las normas patrimoniales.Por eso el debate sobre Altos de Santana debería ir mucho más allá de determinar quién autorizó quitar una escalera o cuánto podría valer una eventual sanción. No podemos olvidar que la administración conoció la intervención después de que sus propios responsables difundieran orgullosamente en redes sociales imágenes del antes y después de la remodelación. El problema es que sabemos muy poco de los demás bienes protegidos y de las transformaciones que pueden haber sufrido sin que ninguna autoridad se haya enterado.Bogotá tiene miles de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural. Existen inventarios, autoridades responsables de autorizar intervenciones y mecanismos de inspección y vigilancia. Incluso hay disposiciones que permiten retirar determinados beneficios cuando una propiedad deja de cumplir las condiciones que justificaron su protección.El caso Salmona debería servir entonces para algo más que producir indignación durante algunos días. Bogotá necesita revisar qué está ocurriendo con el patrimonio que permanece en manos privadas, cuándo fue inspeccionado por última vez, qué modificaciones ha tenido y cuáles de ellas fueron autorizadas.También sería razonable cruzar esa información con los beneficios que reciben sus propietarios. Quien cuida adecuadamente un bien protegido merece que la ciudad contribuya a financiar una responsabilidad que beneficia a todos. Pero quien altera aquello que precisamente justificó su declaratoria difícilmente debería continuar disfrutando de incentivos creados para garantizar su preservación.ÓMAR ORÓSTEGUIDirector GovlabUniversidad de La SabanaLea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
