El golpe fue duro. Las acciones de Navitas y Rockhopper Exploration cayeron hasta 10%. Para petroleras, en tiempos de alza del precio del barril y demanda de títulos privados es una catástrofe. Al punto que derivó en la necesidad para los dos socios del proyecto malvinense Sea Lion de dar explicaciones a los accionistas en todo el mundo, algo reservado sólo para informes trimestrales. Básicamente, lo que buscan desesperadamente es asegurar que pese a la embestida de Argentina contra sus proveedores, la operatoria offshore aun puede ser rentable. Algo que entró en cono de dudas. Y no hay nada peor para un inversionista que perder dinero. Más en un rubro donde no hay problema en poner algunas fichas en el Golfo Pérsico o en el estrecho de Ormuz o en cualquier plaza donde haya gobiernos que violen derechos humanos. Se puede negociar. Como contrapartida, la comunidad de Vaca Muerta está tranquila. Prácticamente no hay proveedores que trabajen con las grandes petroleras que avanzan rápido y furiosamente en el yacimiento neuquino que tengan contratos con las dos involucradas en el proyecto ubicado a 200 kilómetros de Malvinas. Y, si los hubiera, esos proveedores serían reemplazados por otros. Todo pelota. El problema está en el sector financiero, algunas aseguradoras y para un gigante de los servicios de telecomunicaciones. Si se aplica el decreto que impide a cualquier empresa trabajar en el país, habría varios afectados. Y ahí empiezan los problemas para Navitas Petroleum, con un 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, con 35%. La estructura financiera que los sostiene es distinta. La segunda cotiza en el mercado alternativo de la Bolsa de Londres. Se gestiona a través de bancos de inversión que perdieron fortunas luego del anuncio. Entre otros, figuran Canaccord Genuity y el HSBC. No se registra presencia del primero en el país, pero el problema es para el HSBC, que debería abandonar su negocio residual de banca corporativa y estratégica, el área que mantiene luego de vender la minorista al Galicia en 2024.