Noticia Exclusivo suscriptores El 15 de septiembre será la primera prueba, pues las comisiones económicas del Congreso deben decidir su monto, en medio aún de varios interrogantes. Las comisiones económicas de Cámara y Senado sesionaron este 2 de septiembre para iniciar el estudio de aprobación del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Cámara de Representantes.PERIODISTA ECONÓMICO07.09.2026 19:48 Actualizado: 07.09.2026 19:48
Al gobierno de Abelardo De La Espriella le quedan pocos días para superar la primera gran prueba de su nuevo Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027. Antes del 15 de septiembre deberá convencer a las comisiones económicas del Congreso de la República de aprobar un monto de 634,9 billones de pesos, casi 60 billones superior al que había presentado la administración de Gustavo Petro, y despejar una pregunta que comienza a estar presente en las discusiones entre congresistas, empresarios y analistas económicos. ¿Dónde y cuánto está dispuesto a recortar para empezar a ordenar las cuentas públicas?La fecha marca apenas la primera estación de una carrera que deberá concluir antes del próximo 20 de octubre. Después de definir el monto, las comisiones podrán modificar la distribución de los recursos y, a más tardar el 25 de septiembre, deberá comenzar la deliberación en las plenarias.El calendario es apretado, advierten algunos observadores, porque el proyecto que hoy está sobre la mesa no es el mismo que había comenzado su trámite semanas atrás. La nueva administración pidió devolver la iniciativa presentada por el gobierno anterior y formuló unas cuentas diferentes, después de revisar ingresos, obligaciones pendientes, servicio de deuda y necesidades que, según Hacienda, no habían quedado reconocidas. LEA TAMBIÉN A eso se sumó la emergencia económica y social provocada por el terremoto del 10 de agosto, que obligó a modificar prioridades y agregó nuevas presiones sobre unas finanzas que ya llegaban deterioradas. El centro de estudios económicos Anif señala que la reformulación respondió tanto a las inconsistencias detectadas en la programación anterior como al sinceramiento de gastos en salud, pensiones, nómina y subsidios energéticos, además de las necesidades generadas por la emergencia, como también lo reconoce el gobierno.El trámite inició esta semana con dificultades. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, hizo una primera presentación el martes ante las comisiones económicas, pero una segunda jornada prevista un día después para explicar los cambios no pudo avanzar por la ausencia de los principales ministros del actual gabinete, lo que provocó cuestionamientos incluso entre sectores dispuestos a trabajar con el Ejecutivo.Y aunque el Gobierno tiene mayorías en las cuatro comisiones, eso no significa que tenga asegurado el cheque por 634,9 billones de pesos que requiere con urgencia el país.Cambio Radical considera que algunas partidas deben modificarse; en el Partido Liberal todavía hay dudas sobre si respaldará el monto; incluso desde el Partido Conservador, aliado del Ejecutivo, surgieron reparos por la distribución de recursos. El Pacto Histórico anunció que buscará reducir la cifra y la representante María del Mar Pizarro planteó que el aumento se limite al crecimiento esperado de la economía.Las cuentas por explicarEl desafío del Gobierno será llevar esa discusión al terreno de las cuentas y convencer al Congreso de que un presupuesto mayor no significa, necesariamente, que haya decidido abrir las compuertas del gasto.Gómez Martínez intentó explicar sus cuentas esta semana con una comparación sencilla. Según dijo ante el Congreso, el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensuales y está gastando cerca de 40 billones. La diferencia, dijo, se cubre con endeudamiento.Es la radiografía con la que Hacienda busca justificar lo que ha denominado el “presupuesto de la verdad”, una reformulación que, según el funcionario, reconoce obligaciones que no estaban incorporadas en las cuentas anteriores.“El presupuesto de la verdad lo que hace es decir cuál es la situación real de las finanzas públicas, sin artilugios contables”, insistió Gómez ante las comisiones económicas.El proyecto pasó de 575,7 billones a 634,9 billones de pesos, un incremento de 59,3 billones. Sin embargo, el salto no proviene de una expansión generalizada del gasto. Según Anif, buena parte corresponde a obligaciones existentes, pero que ahora aparecen reconocidas en las cuentas. LEA TAMBIÉN El servicio de la deuda aumenta en 37,4 billones de pesos, el funcionamiento en 24,9 billones y la inversión se reduce en 3 billones. De los mayores gastos de funcionamiento, 20,3 billones corresponden a transferencias y 4,5 billones a gastos de personal. Dentro de las primeras aparecen cerca de 6,5 billones adicionales para obligaciones pensionales.El ministro fue más gráfico ante los congresistas esta semana. Sostuvo que el Gobierno está poniendo sobre la mesa obligaciones que antes estaban “debajo del colchón o debajo del tapete”. El servicio de la deuda, por ejemplo, pasa de 118 billones en el proyecto anterior a 155,4 billones de pesos.Ahí está una de las claves para entender la aparente contradicción entre un Gobierno que anuncia austeridad y un presupuesto que crece en casi 60 billones de pesos.Anif calcula que alrededor del 61 por ciento del incremento corresponde al mayor servicio de la deuda —gasto que cubre tanto el pago de intereses como los abonos al capital de los préstamos vigentes—, mientras otra parte importante obedece al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento. Al mismo tiempo, el presupuesto de inversión baja.Pero reconocer el hueco no significa haberlo resuelto, advierten tanto el propio Gobierno como los analistas.Más deudaEl nuevo Plan Financiero calcula que, sin medidas adicionales, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2027 y la deuda neta subiría al 66,2 por ciento. Para ponerlo en perspectiva, el ‘Marco Fiscal de Mediano Plazo’ (MFMP) había previsto para ese año un déficit del 4,5 por ciento y una deuda neta del 58,9 por ciento del PIB. La distancia entre ambos escenarios muestra la magnitud de las correcciones que el Gobierno considera necesarias. Por eso Hacienda, en adición, prepara una ley de ajuste fiscal que buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB. Si se materializa en su totalidad, como lo advierte el ministro Gómez, el déficit total bajaría hacia el 7,2 por ciento del PIB, una cifra que seguiría siendo elevada. Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, considera positivo que el Gobierno haya sincerado el desequilibrio, pero advirtió en su intervención ante las comisiones económicas del Congreso esta semana que el ajuste anunciado será apenas el comienzo. “La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”, señaló Villar. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto:Banco de la RepúblicaOtro cambio sustancial aparece del lado de la financiación. Mientras el proyecto inicial contemplaba cerca de 187 billones de pesos en recursos de capital, el nuevo lleva esa cifra a unos 287 billones, un aumento superior a 100 billones. A la vez, los ingresos corrientes bajan de 325,8 billones a 315,1 billones (ver gráfico). Si la ley de ajuste fiscal logra concretarse, las necesidades de endeudamiento podrían disminuir en cerca de 42 billones. Anif hace otra cuenta que muestra la presión. Las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional central casi se duplicarían, al pasar de 130 billones a 266 billones de pesos. Para cubrirlas se contempla un incremento de 61,8 billones en fuentes externas y de 66,8 billones en financiación interna. Ese punto no es menor, porque cuanto más tenga que acudir el Estado a los mercados, mayor puede ser la competencia por los recursos disponibles. El ministro lo planteó ante el Congreso sin tecnicismos. Cuando el Gobierno absorbe una parte creciente del ahorro para financiar su déficit, sostuvo, quedan menos recursos disponibles para empresas y proyectos privados. LEA TAMBIÉN “Entonces, la plata que le deberían estar prestando al sector privado para generar empresa, para generar crecimiento, esa plata se la chupa el Estado”, afirmó.Asofondos, gremio que representa a los fondos privados de pensiones y cesantías, también ofreció una dimensión de esa relación. Los fondos privados administran cerca de 570 billones de pesos del ahorro de largo plazo de los trabajadores y más del 30 por ciento está invertido en deuda pública, lo que convierte a millones de afiliados, a través de sus ahorros, en financiadores relevantes del Estado.Para el gremio, el sinceramiento constituye un primer paso, pero debe conducir a “una disminución gradual del desbalance fiscal en 2027 y en los años siguientes, con miras a frenar la deuda pública y hacerla otra vez sostenible”.Para los analistas, ahí aparece otro dilema que acompañará la discusión hasta octubre. Si el gasto debe bajar, ¿de dónde saldrán los recursos?Bruce Mac Master, presidente de la Andi, durante el encuentro anual del gremio en Cartagena. Foto:AndiBruce Mac Master, presidente de la Andi, advierte que la inversión no debería convertirse en la principal variable de ajuste. En el nuevo presupuesto, funcionamiento asciende a 392,6 billones de pesos; el servicio de la deuda, a 155,4 billones, y la inversión queda en 87 billones. Esta última cae un 2,8 por ciento frente al 2026, mientras el servicio de la deuda aumenta un 54,7 por ciento.Inversión, la sacrificadaMac Master hace una precisión que ayuda a entender por qué el déficit aparece ahora mucho más alto que en las cuentas anteriores. “Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión”, sostiene.Su preocupación está en lo que viene. La inversión pública suele ser uno de los componentes con mayor margen de maniobra cuando Hacienda necesita recortar, pero concentrar allí el ajuste puede terminar afectando la infraestructura, la productividad, el capital humano y la capacidad de crecimiento.El presidente de la Andi advierte que reducir la inversión productiva puede aliviar las cuentas en el corto plazo y, al mismo tiempo, debilitar la economía y la propia capacidad futura del Estado para recaudar. LEA TAMBIÉN Para Mac Master, además, el dilema no debería reducirse a escoger cuánto recortar. El ajuste de las cuentas tendría que ir acompañado de una recuperación de la inversión privada, porque una economía que crece más genera recaudo, empleo y capacidad para estabilizar la deuda. Por eso considera que el país necesita acelerar proyectos productivos y de infraestructura, mejorar las condiciones de financiación y recuperar la confianza. “Consolidación fiscal y crecimiento no son objetivos contrapuestos”, sostiene.Esa preocupación también aparece en el Congreso. La senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera, ha planteado que antes de acompañar el monto se necesita saber “dónde van a recortar” y ha señalado como línea roja afectar la inversión.Ese interrogante puede terminar siendo tan importante como el monto mismo. El Congreso tiene que aprobar primero la cifra global, pero buena parte de los legisladores quiere conocer qué sacrificios acompañarán la promesa gubernamental de ordenar las cuentas.El ajuste de las cuentas tendría que ir acompañado de una recuperación de la inversión privada. Foto:ANIPor eso los próximos días serán decisivos. El Gobierno no solo tendrá que reunir los votos para un presupuesto mayor que el que pidió devolver al comenzar su mandato. También deberá demostrar que esos 634,9 billones de pesos corresponden en gran parte a obligaciones que ya existían, explicar cómo financiará una cuenta mucho más dependiente del crédito y comenzar a revelar el ajuste con el que pretende evitar que el déficit llegue a 9,4 por ciento del PIB.La discusión tampoco terminará cuando se apruebe el monto, advierten desde distintos sectores. Después vendrá la pelea por la distribución de los recursos, la ley de ajuste fiscal y el reto de construir una senda que permita disminuir el déficit sin sacrificar la inversión que necesita la economía para crecer.El 15 de septiembre será el primer examen. El 20 de octubre vence el plazo para la aprobación del presupuesto. Pero ordenar las finanzas públicas será una carrera que tomará mucho más tiempo y es ahí donde se medirá la capacidad del Gobierno para llegar a la meta. 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