Publicidad5 de septiembre, 2026 - 16h18Para evitar la aprehensión del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, sospechoso del delito de delincuencia organizada, uno de sus familiares interpuso un recurso de habeas corpus dentro del caso conocido como Pruebas COVID-19. María Rosa Pulley, su esposa, ingresó el 4 de septiembre de 2026 a las 16:59 un recurso de habeas corpus en el que solicita al Tribunal de Juzgamiento, instalado en Quito, “que no se ejecute la orden de aprehensión” en contra de Bucaram. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, el exmandatario, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) Leandro Berrones son sospechosos de ser parte de una estructura de delincuencia organizada que se dedicó a la comercialización de unas 21.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus (2020). PublicidadLa causa se inició en agosto de 2020 y, en los últimos seis años, el tribunal no ha podido dictar sentencia debido a los constantes pedidos de diferimiento e incidentes judiciales que han interpuesto las partes procesales, entre ellas Abdalá Bucaram. El habeas corpus planteado por la exprimera dama recayó en el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas integrado por los jueces Manuel Torres Soto, Nancy Vela Mera y Patricia Zúñiga Arreaga. Entre ocho pedidos que hace Pulley en su escrito, exige al tribunal que se implementen acciones para proteger la condición física y psicológica de su esposo, ya que en los últimos días habría presentado un episodio de “síncope acompañado de dolor precordial, palpitaciones y dificultad para respirar”. PublicidadPublicidadEste cuadro médico hizo que lo ingresaran en una clínica y el pasado 25 de agosto fue intervenido para reemplazar el generador de su dispositivo cardíaco. Los médicos especialistas señalaron —según el escrito de habeas corpus— que el procesado requiere un “reposo absoluto por 30 días”, es decir, entre el 26 de agosto y el 24 de septiembre, informó Pulley. Pulley apuntó que se han vulnerado los derechos a la integridad personal, psicológica y física de Bucaram y debe declararse la “vulneración de los derechos a la salud y a la vida”. Adicionalmente, hizo un llamado a las autoridades para que, en el caso de que se disponga la aprehensión, esta se ejecute cuando reciba el alta médica, además de que haya un equipo médico que dé indicaciones de sus cuidados, que se garantice la continuidad de su tratamiento y el acceso a medicamentos e incluso se permita la participación de sus familiares en su recuperación.Si se mantiene la orden, pese a las alertas, Pulley exige que esta esté articulada a su condición de salud y que se abstengan de realizar actos de presión y otras actuaciones logísticas.El Tribunal de Juicio en el caso COVID-19 ha convocado a la lectura de la sentencia en cinco ocasiones y estas se han diferido. PublicidadLa última vez se convocó para el 3 de septiembre, pero tampoco se instaló debido a la situación médica de Bucaram. (I)