Las posturas que han marcado la carrera de Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo De la Espriella

Análisis Exclusivo suscriptores La nueva ministra, que reemplaza a Viviane Morales, había sido protagonista en el debate público por temas como el aborto o el matrimonio igualitario.Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación Foto: @JuanCarlosRoa10/XSUBDIRECTOR VIDA03.09.2026 16:24 Actualizado: 03.09.2026 20:34

Ilva Myriam Hoyos llega al Ministerio de Educación tras ser designada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien la nombró ministra este martes en reemplazo de Viviane Morales, Asumirá el cargo a partir del 7 de septiembre. LEA TAMBIÉN Hoyos no es una desconocida para la opinión pública. Cuenta con una carrera pública construida en buena parte desde la Procuraduría, donde entre 2008 y 2016 ocupó el cargo de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, bajo la administración de Alejandro Ordóñez. Antes de llegar a ese cargo, Hoyos había pasado por la Oficina Jurídica de Inravisión, donde fue jefe jurídica, y por la Viceprocuraduría General de la Nación, donde trabajó como asistente. También fue conjueza de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y en 2007 integró la terna que el entonces presidente Álvaro Uribe presentó para una magistratura de la Corte Constitucional, proceso en el que no resultó elegida.Esos ocho años en la Procuraduría dejaron un rastro de decisiones puntuales sobre aborto, anticoncepción de emergencia y matrimonio igualitario, varias de las cuales terminaron corregidas por la Corte Constitucional.El exprocurador Alejandro Ordóñez. Foto:Carlos Ortega. EL TIEMPOAborto y la píldora del día despuésEl primero de esos episodios arrancó en octubre de 2009. Ese mes, Ordóñez calificó en un comunicado de prensa como "campañas masivas de promoción del aborto como derecho" a unas campañas educativas que la Corte Constitucional había ordenado mediante la sentencia T-388 de 2009. El objetivo de esas campañas era que las mujeres colombianas conocieran sus derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos ya despenalizados desde 2006.De esa sentencia se derivó la Circular Externa 058 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud, orientada a remover obstáculos administrativos que impedían practicar la interrupción del embarazo en las EPS. El 2 de marzo de 2010, ya como procuradora delegada, Hoyos le pidió por oficio a esa Superintendencia que modificara la circular. En la práctica, la solicitud apuntaba a limitar la misma facilidad de acceso que la Corte había mandado garantizar.Por la misma época, la Procuraduría de Ordóñez pidió también que la píldora del día después saliera del mercado colombiano, por considerarla abortiva, posición institucional que, de acuerdo con un análisis de la Corte, habría reflejado un patrón de restricción frente a los derechos reconocidos desde 2006.Esas tres actuaciones —el comunicado de Ordóñez, el oficio de Hoyos y la posición institucional sobre la píldora— llegaron a revisión de la Corte Constitucional, que falló en septiembre de 2012. El tribunal ordenó rectificaciones públicas puntuales: a Ordóñez, por el comunicado de 2009; a Hoyos, por su oficio de marzo de 2010, exigiéndole reconocer que la Superintendencia sí estaba obligada a remover los obstáculos de acceso y revocar su solicitud de modificar la circular.La reacción de Hoyos fue inmediata. Junto con la entonces procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, radicó carta de renuncia ante Ordóñez apenas conocido el fallo.En entrevista con Caracol Radio explicó su decisión con estas palabras: "Este fallo nos plantea una encrucijada porque con independencia del tema de las rectificaciones que se solicitan lo que está en el fondo es que de una u otra forma plantea que nosotros hemos o amenazado o vulnerado derechos fundamentales y hemos faltado a la verdad". Y agregó: "no es cierto que estemos limitando o restringiendo en el tema del aborto, eso falta a la verdad, no nos estamos oponiendo a la sentencia de la Corte Constitucional".En esa misma entrevista, Hoyos sostuvo además que en el ejercicio de sus funciones públicas "no he mentido, no he tergiversado ni afectado derechos fundamentales", frase con la que respondió directamente a los señalamientos que motivaron el fallo de la Corte.Las cartas quedaron radicadas en el despacho del procurador general a la espera de confirmación. No prosperaron, o al menos no de forma definitiva: Hoyos siguió al frente de la delegada para la Infancia y la Familia hasta 2016, cuando cerró la administración de Ordóñez.La tutela de Mónica Roa y las denuncias penalesEse mismo 2012, la Procuraduría enfrentó otro frente judicial por el mismo tema. Un grupo de más de 1.200 mujeres instauró una tutela contra Ordóñez y varios de sus funcionarios, incluida Hoyos, encabezadas por Mónica Roa, directora de Women's Link Worldwide. Les reclamaban obstruir el acceso a la interrupción del embarazo pese a la sentencia C-355 de 2006, que ya lo permitía en tres causales: peligro para la vida o la salud de la mujer, malformación grave del feto y embarazo producto de violación o incesto.La Corte les dio la razón y ordenó rectificar la comunicación de la Procuraduría a la Superintendencia de Salud sobre el tema, en un fallo que se sumó al ya emitido meses antes por el mismo tribunal.La respuesta de Hoyos a esa tutela no fue administrativa sino penal: denunció a Mónica Roa por haberla interpuesto, argumentando que la acción vulneraba el derecho de la Procuraduría a pronunciarse sobre derechos sexuales y reproductivos.También denunció penalmente a los entonces magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas, luego de un fallo sobre el caso de una mujer que había solicitado interrumpir su embarazo amparada en una causal legal. Ese fallo había ordenado investigar a las EPS involucradas y encargado a la Procuraduría una labor pedagógica sobre las barreras de acceso al procedimiento, encargo que Hoyos cuestionó por vía penal.El cabildeo contra el matrimonio igualitarioEl matrimonio igualitario fue el otro gran frente de su gestión. En abril de 2013, con el Congreso debatiendo un proyecto de ley para permitirlo, medios de comunicación registraron a Hoyos haciendo cabildeo en el Senado en contra de la iniciativa, actuando en su condición de procuradora delegada.Cuando un juzgado formalizó una de las primeras uniones entre parejas del mismo sexo en el país, Hoyos y Ordóñez presentaron conjuntamente recursos de nulidad para revertir la decisión, con el argumento de que la Constitución no permitía equiparar esa unión a un matrimonio. Hoyos impugnó además la sentencia de la Corte Constitucional que terminó reconociendo el matrimonio igualitario en Colombia, y defendió públicamente que jueces y notarios pudieran negarse a formalizar esas uniones invocando objeción de conciencia, postura que mantuvo de manera consistente durante todo el debate legislativo y judicial de esos años.A esos episodios se sumó un choque con el sector educativo: se enfrentó públicamente con la entonces ministra de Educación, Gina Parody, durante la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un asunto que caía bajo las funciones de vigilancia de infancia que ejercía desde la Procuraduría. El cruce se dio en el marco de las investigaciones que la delegada de Hoyos adelantaba sobre la entrega de alimentos a menores en instituciones educativas del país, un frente que combinó, en su gestión, tanto el control disciplinario a mandatarios locales como el señalamiento directo a la cartera de Educación.Vínculo con la IglesiaBuena parte de esas posturas coincide con su vínculo de años con la Iglesia católica. Ha sido asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y de la Conferencia Episcopal de Colombia, y en 2007 participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida, Brasil. Actualmente preside el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de esa misma Conferencia Episcopal.Esos mismos temas atraviesan su obra escrita. Es autora de los libros De la dignidad y de los derechos humanos, Una introducción al pensar analógico. La persona y sus derechos. Consideraciones bioético-jurídicas, El derecho de libertad religiosa en la Constitución de 1991 y El concepto jurídico de persona, publicaciones que reúnen buena parte de sus posiciones académicas sobre dignidad humana, noción de persona y libertad religiosa, ejes que también estuvieron presentes en sus años como funcionaria pública.Antes de su paso por el Estado, y en paralelo a él, ejerció como profesora en universidades como el Rosario, el Externado, Santo Tomás y la Universidad de Salamanca, además de haber dirigido, entre 1988 y 2000, distintas dependencias académicas de la Universidad de La Sabana: el Centro de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto de Humanidades, así como el grupo de investigación en razonamiento constitucional y fundamentos del derecho de esa institución.MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Vida de Hoy Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.