El proyecto que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal generó preocupación entre distintas entidades vinculadas con la producción agropecuaria. Diego Martínez, presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), explicó en Canal E que el cuestionamiento no apunta al objetivo ambiental de la iniciativa, sino a la forma en que se encuentran definidos sus alcances.
“No estamos en contra, jamás estaríamos en contra de una ley que promueva el cuidado del ambiente”, aclaró Martínez. Sin embargo, inmediatamente marcó la principal objeción del sector: “Respecto a la ley en concreto, no está en discusión el objeto de la ley, el objetivo de la ley. Lo que nos preocupa es la forma en la que está redactada”.
Los tres puntos que reclama el sector
Martínez resumió el planteo de FEARCA en tres conceptos: precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica. Según explicó, cualquier norma penal debería establecer claramente qué conductas quedan alcanzadas y bajo qué parámetros técnicos pueden evaluarse.
“Cuando hablamos de precisiones, definiciones claras y objetivas de los alcances y los parámetros técnicos serían comprobables para hacer una evaluación de aplicación de una ley”, sostuvo. Para el dirigente, la preocupación aparece cuando una conducta que ya está contemplada en regulaciones vigentes puede recibir una nueva interpretación penal.
