Treinta años atrás, en 1996, Colombia todavía intentaba convertir en realidad las promesas de la Constitución de 1991. Entre el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los derechos existía una distancia enorme.
En medio de esa brecha, Natividad Mutumbajoy, mama del pueblo Inga, caminó desde su territorio ancestral en el Caquetá hasta Bogotá. Hizo parte de las movilizaciones indígenas de ese año, entre ellas la toma de la Conferencia Episcopal durante cuarenta días. Aquella movilización abrió un nuevo ciclo de interlocución con el Estado: el 8 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos fundamentales. El 1396 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el 1397, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
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Mientras se abrían estos nuevos espacios de interlocución, Colombia seguía desmontando parte del andamiaje jurídico heredado del siglo XIX. En abril de ese año, apenas cuatro meses antes de la creación de la MPC y la CNTI, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre varios artículos de la Ley 89 de 1890. No era letra muerta: varias de sus disposiciones seguían vigentes más de cien años después.
