Bogotá refuerza vigilancia a centros estéticos, pero muertes recientes y pacientes con graves secuelas evidencian necesidad de más control

NoticiaCasos recientes muestran que procedimientos sin autorización y establecimientos clandestinos continúan poniendo vidas en riesgo.La Secretaría Distrital de Salud reportó 152 visitas de inspección y 178 operativos entre mayo y agosto de 2026 en establecimientos relacionados con procedimientos estéticos. Foto: SDSSUBEDITORA DE BOGOTÁ 03.09.2026 08:23 Actualizado: 03.09.2026 08:23

Bogotá vuelve a endurecer el discurso frente a los procedimientos estéticos que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Esta vez, la Secretaría Distrital de Salud lanzó la estrategia “Si atraviesa tu piel, verifica”, con la que busca que los ciudadanos comprueben quién realizará el procedimiento, en qué establecimiento se hará y qué sustancias o productos serán utilizados.La campaña llega acompañada de cifras con las que la entidad pretende mostrar un fortalecimiento de sus controles. Entre el primero de mayo y el 16 de agosto de 2026 fueron realizadas 152 visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), 178 operativos y se impusieron 93 medidas sanitarias de seguridad tras detectar situaciones que podían representar riesgos para los usuarios.Las cifras, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más preocupante pues pese a las inspecciones, los operativos y las advertencias, Bogotá continúa registrando mujeres fallecidas o con graves afectaciones después de someterse a procedimientos estéticos. Uno de los casos más recientes ocurrió apenas cuatro días antes del lanzamiento de la nueva estrategia.El domingo 30 de agosto, una mujer murió en su vivienda tres días después de haberse practicado una bichectomía en un establecimiento ubicado en la localidad de Antonio Nariño. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió la alerta a las 5:21 de la mañana y orientó inicialmente maniobras de reanimación mediante videollamada. A las 5:48 a. m., cuando la ambulancia llegó al domicilio, la paciente ya había fallecido. Las verificaciones posteriores dejaron un dato particularmente relevante frente a la discusión sobre la capacidad de vigilancia pues el establecimiento donde se había realizado el procedimiento no estaba autorizado para practicar cirugías plásticas.El lugar, no obstante, había recibido una visita de inspección el 9 de junio de 2026 con concepto favorable y figuraba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud para consulta externa de medicina general, dermatología y psicología. Esa habilitación no incluía procedimientos de cirugía plástica. Antes de esa inspección, además, la Alcaldía Local había realizado un operativo allí el 22 de mayo.Los controles verifican la habilitación de los servicios y las condiciones sanitarias. Foto:SDSEl caso muestra una de las dificultades que enfrenta el control sanitario pues no basta con que un establecimiento exista formalmente o esté habilitado para determinados servicios. También debe vigilarse que no termine ofreciendo intervenciones para las cuales nunca recibió autorización. Y no era el primer episodio grave ocurrido este año.El 10 de julio murió Adriana Manotas después de presentar complicaciones críticas relacionadas con un procedimiento realizado en un establecimiento clandestino del barrio Muzú, en Puente Aranda. La mujer llegó en delicado estado a una IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde falleció pese a la atención médica.Cuando las autoridades llegaron al inmueble encontraron que funcionaba sin avisos exteriores ni identificación que permitiera advertir que allí se ofrecían servicios relacionados con salud. Las bases oficiales tampoco registraban al establecimiento como prestador autorizado y la persona identificada como su representante legal no figuraba como talento humano habilitado en salud. Estos episodios se suman a investigaciones penales que dimensionan un problema que trasciende establecimientos aislados.El pasado 24 de agosto, la Fiscalía judicializó a un médico por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y por las graves secuelas que habrían sufrido otras tres mujeres después de procedimientos estéticos realizados en Bogotá.Según la investigación, desde 2022 el profesional ofrecía por redes sociales servicios de cirugía plástica y reconstructiva, incluso mediante paquetes que podían costar hasta 80 millones de pesos y promociones con descuentos de hasta el 50 por ciento. Algunas pacientes, después de las intervenciones, habrían sido llevadas a inmuebles que no reunían las adecuaciones y protocolos requeridos para actividades médicas. En cuatro de los casos investigados las pacientes fallecieron después de las cirugías, mientras que otras tres habrían quedado con secuelas graves. La Fiscalía aseguró además haber encontrado elementos relacionados con consentimientos informados firmados en blanco y registros de historias clínicas con firmas atribuidas a especialistas que presuntamente nunca tuvieron contacto con algunas pacientes. El médico no aceptó los cargos y permanece vinculado al proceso. El panorama ya había llegado al Concejo de Bogotá. En un debate realizado en junio, el concejal Julián Sastoque aseguró que entre 2023 y 2026 se habían registrado 15 muertes y 530 eventos adversos relacionados con procedimientos estéticos en la ciudad. También alertó sobre el crecimiento de hospitalizaciones y atenciones en unidades de cuidados intensivos asociadas a este tipo de complicaciones. Las cifras fueron presentadas por el cabildante durante el debate de control político.La nueva estrategiaEs en medio de ese escenario que Salud presenta ahora “Si atraviesa tu piel, verifica”. La estrategia se concentra especialmente en procedimientos como aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, hilos, sueroterapia y microneedling, entre otros. Aunque algunos pueden promocionarse como tratamientos rápidos o incluso como simples servicios de belleza, la Secretaría advierte que aquellos que atraviesan la piel exigen condiciones específicas de seguridad y, dependiendo del procedimiento, personal sanitario debidamente capacitado.Como parte de la campaña, la entidad propone que antes de aceptar una intervención el paciente pueda responder cinco preguntas básicas: quién realizará el procedimiento, qué sustancia será aplicada, cuáles son los beneficios y riesgos, si el establecimiento tiene las condiciones adecuadas de higiene y seguridad y a dónde deberá acudir en caso de una complicación.También recomienda verificar la habilitación del establecimiento y la formación del profesional, así como comprobar que los productos utilizados tengan registro sanitario vigente, fecha de vencimiento y empaques adecuados.El secretario de Salud, Gerson Bermont, sostiene que la ciudadanía debe conocer quién realiza el procedimiento, verificar el lugar y saber qué producto recibirá. La estrategia también pretende convertir al usuario en una especie de “vigilante social”, capaz no solo de informarse sino de denunciar tempranamente posibles irregularidades. Pero allí aparece uno de los puntos centrales de la discusión.La información al paciente es fundamental y puede impedir que una persona termine sometiéndose a una intervención en condiciones inseguras. Sin embargo, el control de establecimientos clandestinos, la detección de servicios ofrecidos por fuera de una habilitación y la vigilancia sobre quienes realizan procedimientos médicos no puede descansar únicamente en la capacidad del ciudadano para investigar antes de entrar a un consultorio.Los casos ocurridos durante los últimos meses muestran precisamente que el riesgo adopta diferentes formas: desde sitios completamente clandestinos hasta establecimientos existentes y registrados que presuntamente terminan realizando actividades para las cuales no están autorizados.De ahí que el número de visitas y operativos sea apenas una parte del balance. La otra deberá medirse en la capacidad de las autoridades para identificar rápidamente los sitios irregulares, hacer seguimiento a establecimientos previamente inspeccionados, impedir que continúen practicando procedimientos cuando exceden su habilitación y reducir efectivamente el número de pacientes que terminan hospitalizados, con secuelas permanentes o muertos.La Secretaría señala que durante sus inspecciones revisa las condiciones higiénico-sanitarias, el manejo de residuos, la idoneidad del talento humano, los dispositivos médicos y equipos utilizados, los registros sanitarios y el cumplimiento de la normatividad.Además, cuando se trate de procedimientos que constituyan servicios de salud, los usuarios pueden comprobar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) si la institución se encuentra habilitada específicamente para ofrecerlos. Para centros de estética también puede consultarse el concepto higiénico-sanitario.La nueva campaña suma además canales de denuncia para que los ciudadanos informen sobre posibles establecimientos o procedimientos irregulares.El desafío, sin embargo, será demostrar que ese refuerzo se traduce en algo más que nuevas advertencias.Porque mientras la Secretaría anuncia operativos, campañas y mecanismos de verificación, los expedientes recientes siguen dejando una advertencia mucho más dura porque en Bogotá todavía hay personas sometiéndose a procedimientos en lugares clandestinos o no autorizados y algunas de ellas terminan pagando las consecuencias con graves secuelas o con su propia vida.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.