Noticia Exclusivo suscriptores El Distrito ha realizado más de 1.200 inspecciones e impuesto 155 medidas sanitarias desde 2025.Adriana Manotas, la mujer que resultó muerta tras procedimiento en centro ilegal. Foto: Archivo particularPERIODISTA DE BOGOTÁ12.07.2026 23:30 Actualizado: 12.07.2026 23:30
De un apartamento con rejas negras, ubicado en Puente Aranda , salió Adriana Manotas después de someterse a un procedimiento estético. El lugar funcionaba bajo la fachada de una peluquería y, según la investigación de las autoridades, no cumplía con los requisitos para prestar servicios de salud. Tras la intervención, la mujer presentó complicaciones de salud y fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja, en Kennedy, donde falleció. Este centro ya había sido sancionado.El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que el modus operandi de estos establecimientos consiste en que, tras ser sellados por las autoridades, vuelven a abrir bajo otra razón social una vez termina el tiempo de la medida. LEA TAMBIÉN Para Andrés Nieto, exsecretario de Seguridad y experto en la materia, el problema requiere acciones más allá del sellamiento de los lugares.“Se cierra el establecimiento, se cierra el local, pero finalmente la persona o bajo otra fachada o en otro lugar clandestino, o incluso en una residencia tipo apartamento o casa, va a terminar haciendo estas prácticas nuevamente”, afirmó el experto.La mujer que falleció fue identificada como Adriana Manotas. Foto:Néstor Gómez - El TiempoSegún Nieto, algunos establecimientos buscan evadir los controles funcionando bajo fachadas como peluquerías, barberías o centros estéticos que no tienen los mismos niveles de formalización exigidos para prestar servicios de salud.“Lo segundo es una falsedad en documento público cuando se adulteran precisamente los documentos para funcionar bajo licencias o disfrazadas de otras que no requieren algún tipo de formalización como lo son peluquerías, barberías o centros estéticos menores”, indicó el experto. LEA TAMBIÉN Luego del caso de Adriana Manotas, la Secretaría Distrital de Salud inspeccionó el inmueble y encontró que el lugar no tenía avisos exteriores, identificación visible ni información que permitiera establecer que allí se prestaban servicios de salud. Además, determinó que la persona que figuraba como representante legal no estaba habilitada como talento humano en salud.El establecimiento ya había sido intervenido anteriormente y, pese a las restricciones impuestas, continuaba funcionando. La investigación estableció que en noviembre de 2025 la Secretaría Distrital de Salud había impuesto dos medidas sanitarias: una contra el establecimiento y otra contra el médico que allí prestaba servicios, debido a que ninguno estaba habilitado.Yulixa Toloza Foto:Carol Malaver y Laura Hernández / EL TIEMPO.Durante un allanamiento realizado el 10 de julio de 2026 por la Fiscalía General de la Nación y la Policía, con apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, las autoridades encontraron material quirúrgico, residuos biológicos e indicios de que en el lugar continuaban realizándose procedimientos invasivos.Por ello, el Distrito ordenó la clausura del establecimiento ubicado en el barrio la Alquería y el decomiso de 108 equipos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.Las cifras de la Secretaría Distrital de Salud muestran que las autoridades han adelantado operativos de vigilancia y control. Entre 2025 y el 5 de julio de 2026, la entidad realizó 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de estética y belleza, además de 590 operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad. Como resultado, impuso 155 medidas sanitarias de seguridad por diferentes incumplimientos. LEA TAMBIÉN En lo corrido de 2026, la entidad también atendió 104 quejas relacionadas con prestadores de servicios de salud habilitados y no habilitados. Estas acciones derivaron en la imposición de 34 medidas sanitarias.Sin embargo, los operativos continúan encontrando establecimientos donde presuntamente se practican procedimientos invasivos sin cumplir los requisitos exigidos.El pasado 9 de julio, en una intervención conjunta entre la Fiscalía, el CTI, la Policía Judicial, el Invima, la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, las autoridades suspendieron servicios y decomisaron medicamentos, dispositivos médicos e insumos tras detectar nuevas irregularidades.Familiares, amigas y vecinos despidieron a Yulixa Toloza. Foto:Laura Hernández MartinFrente a este caso, Nieto asegura que estos casos podrían configurar otros delitos. “En primera instancia, un delito contra la salud pública, porque están ejerciendo sin la posibilidad del seguimiento, control y las inspecciones por parte del sector salud. Además, no se tiene control sobre los productos que finalmente se están aplicando o las herramientas”, indicó.Tatiana Moreno - Redacción Bogotá Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
