Noticia Exclusivo suscriptores Las primeras actividades de policía comenzaron en abril de 2024, después de que autoridades alertaran sobre el traslado de colombianos a ese país.Varios de los capturados en Colombia. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA02.09.2026 10:33 Actualizado: 02.09.2026 10:33
Una carta enviada desde España en abril de 2024 puso a las autoridades colombianas detrás de una red que, según la investigación, llevaba al menos cinco años trasladando ciudadanos hacia Europa bajo ofertas de prácticas estudiantiles. Lo que aparecía en los documentos como una oportunidad de formación terminó bajo investigación por trata de personas con fines de explotación laboral y tráfico de migrantes.La alerta llegó a Colombia mediante los canales de cooperación internacional. Autoridades españolas informaron sobre la posible existencia de una organización que captaba personas en el país para trasladarlas hasta la provincia de Tarragona, particularmente a Torredembarra, donde varias terminaron trabajando en una cadena de restaurantes.Las denuncias presentadas en España por presunta explotación laboral fueron el punto de partida para la investigación que estuvo a cargo de la Dijín y la Fiscalía, con cooperación del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, PACTO 2.0 y Europol.Momento del traslado de los capturados a la Dijín. Foto:Cortesía“Las autoridades españolas pusieron en conocimiento la existencia de una posible organización delincuencial transnacional dedicada a la captación de personas en Colombia para que fueran trasladadas a la provincia de Tarragona, específicamente a Torredembarra, donde queda ubicada una cadena de restaurantes”, explicó una fuente vinculada a la investigación.Para entonces, las autoridades españolas ya habían realizado capturas relacionadas con los establecimientos, entre ellas las de propietarios y colaboradores. Esa información llegó a manos de investigadores colombianos y, bajo una noticia criminal asumida por la Fiscalía 234 Especializada, comenzaron las actividades de policía judicial en abril de 2024.El expediente permitió reconstruir casos ocurridos entre 2019 y 2024 y documentar a más de 60 colombianos afectados. Sin embargo, la pesquisa no se cerró sobre ese número. Los investigadores encontraron indicios de que, después de los hechos inicialmente identificados, continuaron los traslados hacia otros restaurantes bajo un esquema similar. Esos posibles casos permanecen en proceso de verificación.El mecanismo comenzaba en Colombia. La oferta estaba dirigida, en parte, a personas con conocimientos de gastronomía, cocina o bartender. Algunas habían realizado cursos o seminarios relacionados con esos oficios. Otras, según establecieron los investigadores, no tenían experiencia en el sector, pero recibían la misma propuesta para viajar a España.Momentos de la captura de dos de los señalados de estar en la red. Foto:CortesíaLa documentación era una pieza del esquema. De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba información de instituciones educativas para construir vínculos académicos y presentar a algunos de los viajeros como estudiantes que realizarían prácticas curriculares. Con esos soportes se tramitaban autorizaciones de residencia y visas tipo D. Por el procedimiento, las víctimas pagaban entre cuatro y ocho millones de pesos.No todos viajaban de la misma manera. “En algunas ocasiones (…) los trasladaban con visa de turismo, pero todos llegaban al mismo restaurante”, señaló la fuente. Esa diferencia en los documentos no cambiaba el destino: los ciudadanos eran enviados a establecimientos donde debían realizar labores relacionadas con la operación de los restaurantes.La figura de las prácticas resultó determinante para los investigadores. En España, quienes ingresan bajo ese tipo de programas están sometidos a condiciones específicas respecto de horarios y garantías. Según lo documentado en el caso, detrás de las supuestas prácticas se habría establecido un mecanismo para cubrir puestos de trabajo con personas presentadas administrativamente como practicantes.Varios de los capturados. Foto:Cortesía“Lo que hacían estos propietarios de estos restaurantes era cambiar la mano de obra para tener solamente practicantes y poder suplir las necesidades de un trabajador normal en sus restaurantes”, explicó el investigador consultado. De esa manera, según la hipótesis del expediente, los establecimientos reducían costos asociados a la contratación de trabajadores bajo las condiciones laborales correspondientes.Una vez instaladas en España, las víctimas podían enfrentar jornadas que se extendían entre 12 y 16 horas diarias. La promesa de formación académica quedaba desplazada por las labores en los restaurantes. Sobre quienes intentaban apartarse de esas condiciones pesaban, de acuerdo con la investigación, amenazas relacionadas con una posible deportación o con afectar sus antecedentes migratorios.En el centro de la investigación aparece Annelis Caridad Lissabet Ramos, alias ‘Nelly’, señalada como cabecilla de la organización y contra quien actualmente existe una Notificación Roja de Interpol. Las autoridades sostienen que ella y su esposo ejercían control sobre las víctimas en territorio español.La pesquisa también permitió reconstruir el enlace entre ambos países. Uno de los señalados como líderes de la estructura en Colombia habría realizado captación de personas entre 2019 y 2022. Después viajó junto con su esposa a España y, según los investigadores, se vinculó allí con alias ‘Nelly’. Desde territorio español habría continuado buscando ciudadanos colombianos con apoyo de colaboradores que permanecieron en el país.“Posteriormente, viajó con su esposa a España a ponerse a disposición de la líder de España y desde allá seguía captando personas, con otros colaboradores que tenía acá en Colombia”, indicó la fuente.Bogotá no fue el único punto utilizado para buscar potenciales víctimas. Las actividades investigativas ubicaron focos de captación en Villavicencio y Zipaquirá, además de la capital del país. Desde esos lugares se movían las ofertas y comenzaba el proceso que posteriormente llevaba a los ciudadanos hasta España.En Colombia fueron identificadas ocho personas dentro de la estructura investigada. Entre los capturados están Juan Díaz; William Osorio, alias ‘El Chef’; Germán Bautista; Miguel Ávila; Javier Niño; Karen Charry, y Elizabeth Taylor. Las autoridades los ubican en diferentes labores relacionadas con captación, documentación y logística. LEA TAMBIÉN La dimensión del expediente se extiende a España, donde las autoridades desarrollaron operaciones propias y realizaron capturas de personas relacionadas con la actividad de los restaurantes. La investigación colombiana se concentró en los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y tráfico de migrantes, además de concierto para delinquir. A algunos de los procesados también les fueron imputados cargos relacionados con falsedad en documento.El componente laboral es uno de los elementos que delimita este caso frente a otras investigaciones por trata de personas. Los investigadores descartaron explotación sexual. “Este tenía dos delitos. Se investigaron las personas por el delito de tráfico de migrantes y trata de personas en la modalidad de explotación laboral”, precisó la fuente.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
