NoticiaAlertó que, sin medidas preventivas, podrían aumentar los homicidios selectivos, las masacres, las extorsiones y el reclutamiento de menores.Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: Archivo El TiempoPERIODISTA JUDICIAL31.08.2026 08:10 Actualizado: 31.08.2026 08:10
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta temprana por el deterioro de la seguridad en cinco municipios del centro del Atlántico, donde el reacomodo y la disputa entre grupos armados y bandas criminales está elevando el riesgo para las comunidades.Se trata de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, municipios que, por su ubicación estratégica, se han convertido en corredores para el movimiento de armas, drogas e insumos químicos y en una plataforma para economías ilegales que conectan el área metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y otros departamentos.La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 019 de 2026, en la que la entidad describe un escenario de "coexistencia violenta y reacomodo territorial" entre estructuras de alcance nacional, regional y local.Según la Defensoría, en esta zona no solo está en juego el control de las rutas, sino también el de las rentas que dejan la extorsión, el microtráfico y el abigeato. A esto se suma una especie de gobernanza ilegal en algunos territorios, mediante la imposición de normas, restricciones a la movilidad y otras formas de control social.La entidad también advierte un aumento de homicidios selectivos, atentados, amenazas a través de panfletos y desplazamientos forzados "silenciosos". Los grupos que están en la miraEn el mapa de riesgo aparecen cuatro actores principales. Uno de ellos es el autodenominado EGC, una estructura de carácter nacional que, según la Defensoría, mantiene presencia en las zonas rurales de Luruaco y Repelón y controla corredores veredales que conectan al Atlántico con Bolívar.También está el Bloque Resistencia Caribe, conocido como 'Los Costeños', que atraviesa un proceso de reconfiguración interna tras la salida de algunos de sus principales mandos. Su accionar se concentra principalmente en extorsiones, amenazas y el control de economías ilegales mediante intimidación.A ellos se suman 'Los Pepes', estructura que surgió de fracturas internas de 'Los Costeños' y que disputa territorios y rentas criminales. La Defensoría señala que, tras el fin de una tregua en enero de este año, se reactivó la confrontación directa y comenzó un nuevo proceso de reposicionamiento territorial.El cuarto actor identificado son los 'Rastrojos Costeños' y otras bandas locales, entre ellas 'Los Prii', que funcionan bajo modelos de subcontratación y son utilizadas para labores de vigilancia, sicariato, cobro de extorsiones y administración de las llamadas "fronteras invisibles" en barrios periféricos. El riesgo de que aumenten homicidios y masacresUno de los puntos más delicados de la alerta está en lo que podría ocurrir si las autoridades no toman medidas preventivas. La Defensoría proyecta que la disputa por las rentas ilegales podría traducirse en un aumento de homicidios selectivos y masacres como mecanismo para disciplinar a las comunidades y afianzar el control territorial.También alerta por una posible agudización de las extorsiones y el abigeato, con consecuencias directas para los comerciantes y la economía de estos municipios, incluso con el cierre de negocios.Para los menores de edad, el escenario tampoco es alentador. La entidad advierte que podría aumentar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como los desplazamientos provocados por amenazas y violencia sexual. En el caso de líderes sociales, defensores de derechos humanos y docentes, prevé una intensificación de los hostigamientos.Precisamente, entre las poblaciones que la Defensoría considera en especial riesgo están comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; pueblos indígenas Mokaná y Kamash–Hu; el pueblo Rrom; líderes sociales y reclamantes de tierras; niños y jóvenes; mujeres; población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas; migrantes, comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores.Ante este panorama, la Defensoría formuló 31 recomendaciones dirigidas a entidades del Gobierno Nacional y autoridades territoriales. Entre ellas están los ministerios del Interior, Defensa y Justicia; la Policía y el Ejército; la Fiscalía; la Unidad Nacional de Protección; el ICBF; la Unidad para las Víctimas y las autoridades del Atlántico. Las medidas apuntan, entre otros frentes, a contener las amenazas, fortalecer la investigación judicial, atender a las víctimas y prevenir el reclutamiento y otras vulneraciones contra las comunidades. Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
