NoticiaLa entidad advirtió sobre el accionar de disidencias, Eln y estructuras de crimen organizado.40 guerrilleros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, fuertemente armados, algunos uniformados y otros de civil, realizan un puesto de control Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL25.08.2026 13:46 Actualizado: 25.08.2026 13:50
La primera alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en el gobierno de Abelardo De La Espriella pide acciones urgentes para proteger a la población del Cauca, en medio del fuego cruzado del Eln, las disidencias y las bandas criminales que buscan el control de las rentas ilícitas y de los corredores estratégicos de esta zona del suroccidente.La advertencia cobija 23 corregimientos de la zona rural y las nueve comunas de Popayán, un territorio que la Defensoría identifica como un “nodo estratégico” de movilidad para las estructuras criminales asentadas en Valle del Cauca, Nariño y Huila.La entidad identificó varios escenarios de riesgo. Uno de ellos es la disputa entre grupos armados por el control de las zonas rurales del Cauca, mientras que el casco urbano termina siendo utilizado como una especie de trinchera, plataforma para financiarse y proyectarse políticamente.La entidad advierte que esta situación se ha traducido en homicidios selectivos, masacres, extorsiones, secuestros exprés, además de decenas de víctimas por el uso de artefactos explosivos y drones.También identifica riesgos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como diferentes formas de violencia basada en género.Entre los principales actores armados señalados en la alerta están las disidencias de las Farc, particularmente el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) y los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, las disidencias de ‘Mordisco’.Según la Defensoría, estas estructuras buscan controlar corredores rurales hacia El Tambo y Cajibío y, en la zona urbana, realizan acciones de propaganda y atentados para reafirmar su gobernanza criminal en la población.El segundo actor identificado es el Eln, a través del Frente José María Becerra y el Frente de Guerra Urbano Nacional. La organización tendría interés en corredores estratégicos rurales y una presencia urbana intermitente para actividades de proselitismo.A esto se suma el crimen organizado, representado por estructuras como ‘Los Comapán’, bandas locales y emisarios de los Choneros, Lobos y Tiguerones.Estas estructuras estarían vinculadas a actividades como hurto, microtráfico, extorsión y secuestro y, en algunos casos, operarían mediante esquemas de tercerización con grupos armados.La Defensoría identifica varios grupos de población que están más expuestos a las dinámicas de estos actores armados.Entre ellos están los pueblos indígenas Yanakona, Misak, Nasa y Kokonuko, especialmente en los resguardos Quintana y Poblazón y en el territorio de Julumito.También están las comunidades afrocolombianas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan riesgos de reclutamiento, sobre todo a través de las redes sociales que utilizan los ilegales como anzuelo.Las mujeres aparecen igualmente entre las poblaciones afectadas por violencias basadas en género, trata de personas y explotación sexual.La alerta incluye además a líderes y lideresas sociales, entre ellos dignatarios comunales, líderes ambientales, sindicales, estudiantiles y de víctimas; firmantes del Acuerdo de Paz; población migrante, particularmente venezolana, y personas LGBTIQ+/OSIGNH, con especial afectación para las mujeres trans.La Defensoría advierte que, si no se implementan acciones preventivas, el escenario de riesgo podría agravarse.En las zonas rurales, la Defensoría advierte que el Eln y el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas podrían mantener su disputa por el control de los corredores estratégicos y reforzar sus "acciones de proselitismo armado".En la zona urbana, la entidad prevé que continúe la coexistencia entre estructuras ilegales, que evitarían confrontaciones abiertas para mantener sus rentas, pero podrían aumentar el uso de drones y las estrategias de reclutamiento de menores.La Defensoría también alerta por una posible sofisticación del crimen organizado, con bandas locales que funcionan como células de los grupos armados y organizaciones transnacionales.Otro de los riesgos está relacionado con el lavado de activos. Según la entidad, Popayán podría ser utilizada cada vez más para este tipo de operaciones debido a su cercanía con enclaves cocaleros y mineros, lo que podría derivar en nuevas disputas por las rentas ilegales, con un consecuente aumento de homicidios y extorsiones.Con esta primera alerta, la Defensoría planteó al Gobierno y a los entes territoriales al menos 27 recomendaciones para prevención, mitigación y asistencia humanitaria. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
