Bajo el Gobierno con mayoría absoluta del PP en Santander, dejar desprotegidos a los vecinos frente a los fondos de inversión y la especulación parece ya una costumbre. Tanto en los barrios como en el centro, la indefensión de los inquilinos ante las ventas de edificios enteros vuelve a quedar clara con dos casos: la venta secreta de pisos protegidos en Peñacastillo y el desalojo de los vecinos en la calle Santa Clara.
El conflicto en el número 8 de la calle Santa Clara -un inmueble de 27 viviendas en pleno centro de la capita- ha dado un giro definitivo estos últimos días. El Ayuntamiento de Santander ordenaba el desalojo preventivo del inmueble y solicitaba a la empresa propietaria apuntalar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad estructural del edificio y evitar riesgos. En la actualidad, el inmueble se encuentra ocupado únicamente por tres viviendas en régimen de alquiler y varios locales comerciales. Una noticia que no dejó indiferente a nadie este pasado jueves.
"DE AQUÍ NO NOS VAMOS"
El caso cobró más relevancia tras hacerse pública en El País la resistencia vecinal frente a Global Cuena, la firma argentina que pretendía vaciar el edificio para destinarlo al uso turístico. Tras las denuncias públicas de inquilinos históricos de renta antigua -como Conchita Mantilla, de 89 años-, el grupo inversor intentó apaciguar los ánimos remitiendo una carta certificada asegurando que "no hay ni habrá ninguna presión para que se vayan" y negando su intención de instalar apartamentos turísticos, a pesar de que las reuniones iniciales apuntaban a ese modelo.
