Noticia Exclusivo suscriptores Representante de Acnur en Colombia aclaró que quienes cometan delitos, independientemente de su situación migratoria, deben responder a la justicia.Proceso de socialización de Migración Colombia. Foto: Migración Colombia30.08.2026 23:09 Actualizado: 30.08.2026 23:09
Frente al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó el 24 de agosto, desde un consejo de seguridad en Barranquilla, iniciar esa misma semana operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía para deportar a extranjeros en situación irregular, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, respondió que, si bien los estados son soberanos en cuanto a la administración de la justicia y el control de sus fronteras, ello debe hacerse “siempre y cuando respeten sus compromisos bajo el derecho internacional, en particular en lo que concierne a la protección internacional de refugiados”.Según Lepri, un elevado número de personas en Colombia necesitan hoy protección internacional como refugiados o por razones humanitarias. El representante recordó que la mayoría de los extranjeros en el país son venezolanos —más de 2,8 millones—, de los cuales casi 2 millones están regularizados con el Permiso de Protección Temporal (PPT), creado en el gobierno de Iván Duque, mientras 300.000 siguen en proceso. Sin embargo, “el cierre del PPT en 2023 dejó a unas 527.000 personas venezolanas sin acceso a un mecanismo de estancia legal”, señaló.Atenciones Acnur. Foto:ACNUR¿Cuál es la posición de ACNUR frente al anuncio del Gobierno de iniciar operativos para detener y deportar migrantes en situación irregular?Los estados son soberanos en cuanto a la administración de la justicia y el control de sus fronteras, siempre y cuando respeten sus compromisos bajo el derecho internacional, en particular en lo que concierne a la protección internacional de refugiados. Un elevado número de personas en Colombia hoy necesitan protección internacional como refugiados o por razones humanitarias. La mayoría de las personas extranjeras en Colombia son venezolanas, más de 2.8 millones. De estas, según las cifras de Migración Colombia, casi 2 millones están en situación regular, con el Permiso por Protección Temporal (PPT) establecido durante el gobierno de Iván Duque. Otras 300.000 personas todavía están en el proceso de regularización con PPT. Sin embargo, el cierre del PPT en 2023 dejó a unas 527.000 personas venezolanas sin acceso a un mecanismo de estancia legal. Muchas de estas personas tienen la voluntad de permanecer en Colombia con todas las garantías, pero las opciones actuales son limitadas. Es importante subrayar que entrar a Colombia sin documentación no es cometer un delito. Las dos cuestiones deben tratarse de manera separada. Giovanni Lepri, representante de Acnur. Foto:Cortesía.¿Qué serían, para ACNUR, las líneas rojas que el Gobierno no debería cruzar durante estas operaciones?ACNUR y la comunidad internacional han acompañado y reconocido los avances de Colombia para que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de otros países accedan a documentación, a derechos y servicios, a oportunidades para rehacer sus vidas y aportar a sus comunidades de acogida.Nuestro llamado es a avanzar en ese sentido, buscando mecanismos de estancia legal para quienes no han podido regularizar su estancia, fortalecer el sistema de asilo y la inclusión socioeconómica de las personas forzadas a huir.El respeto al debido proceso y el principio de no devolución deben estar en el centro de las intervenciones. Como establece el marco legal colombiano y el internacional, es necesario que las personas no sean devueltas al lugar donde corren riesgos para su vida e integridad.¿Es jurídicamente correcto hablar de “migrantes ilegales”?En la legislación colombiana, el ingreso o la permanencia sin autorización se califica estrictamente como una infracción o falta administrativa, no un delito. Esto está en línea con la Convención de 1951 sobre Refugiados, que reconoce la no sanción por ingreso irregular como garantía para las personas con necesidades de protección internacional. De esto deriva que migrar no es un delito y buscar protección es un derecho humano. Las personas no son ilegales ni irregulares por el hecho de estar indocumentadas. Estos son principios y normas internacionales con los que estados como Colombia han demostrado su compromiso.Las personas que cometen delitos, independientemente de su situación migratoria o su nacionalidad, deben responder ante las autoridadesGiovanni LepriRepresentante de Acnur ColombiaLas personas que cometen delitos, independientemente de su situación migratoria o su nacionalidad, deben responder ante las autoridades, pero debemos evitar la asociación automática entre la estancia irregular y la criminalidad. Más bien, debemos preguntarnos cómo tener sistemas más justos y cómo garantizar que quienes necesiten protección y la busquen en otros países, como Colombia, la encuentren. ¿Existe un riesgo de que una política de deportaciones termine afectando de manera desproporcionada a los venezolanos, que constituyen la gran mayoría de la población migrante en Colombia? Actualmente Colombia acoge alrededor de 2,8 millones de venezolanos, según los reportes recientes.Un principio fundamental del derecho internacional, aplicable a todos los estados, es el de no-devolución al país de origen de las personas refugiadas. Este principio prohíbe devolver o trasladar a una persona a un país donde su vida y/o integridad estén amenazadas, o donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves e irreparables. Prevé que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado antes de cualquier expulsión.Este principio es especialmente importante en las medidas dirigidas a personas que no tienen una situación migratoria regular. La ausencia de un estatus migratorio regular no determina, por sí sola, si una persona es refugiada o si necesita otra forma de protección internacional. Se debe asegurar que el control migratorio, que es legítimo y prerrogativa de cada estado, no impida inadvertidamente el acceso al asilo u otros procedimientos de protección, ni permita que una persona sea devuelta sin una evaluación de los riesgos que podría enfrentar al regresar.Colombia es un referente como primer país de acogida, a nivel mundial, de personas refugiadas y con necesidad de protección internacional, en alta mayoría venezolanas. Medidas como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) y su PPT han permitido que miles de estas personas puedan tener mecanismos de estancia legal, puedan integrarse localmente y aportar a la sociedad, a la cultura, al crecimiento económico y al desarrollo del país. ¿ACNUR estaría dispuesto a acompañar o supervisar estos procedimientos?ACNUR tiene el rol de ayudar a los Estados a identificar a quienes necesitan protección internacional y acompañarlos en la búsqueda de soluciones. Durante casi 30 años, ACNUR ha trabajado con el Estado colombiano en el fortalecimiento de la legislación y las políticas públicas relacionadas con las personas solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas. Colombia ha hecho avances muy importantes en esta materia, y ACNUR tiene toda la disposición de seguir apoyando al Estado en su conjunto. Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
