NoticiaLa instrucción presidencial prioriza a extranjeros vinculados con delitos y a quienes no tengan regularizada su permanencia. Los reparos a la orden. El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla un Consejo de Seguridad con autoridades nacionales y mandatarios del área metropolitana. Foto: Prensa PresidenciaSUBEDITOR DE JUSTICA24.08.2026 09:57 Actualizado: 24.08.2026 09:57
La orden del presidente Abelardo De La Espriella de iniciar operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular pone a Migración Colombia ante una tarea para la que, según fuentes consultadas, la entidad todavía no tendría toda la capacidad operativa. El anuncio fue hecho por el propio mandatario, quien aseguró haber hablado con el director de Migración Colombia para poner en marcha los procedimientos, en coordinación con la Policía. La instrucción, dijo, tendrá dos prioridades: primero, ubicar a los extranjeros involucrados en delitos y, segundo, identificar a quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De La Espriella durante el consejo de seguridad que se celebró en la capital del Atlántico.En la misma intervención, el primer mandatario fue más allá al señalar: “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos”.Migración Colombia. Foto:CortesíaLa decisión abre desde ahora una discusión que va más allá del discurso político. El Gobierno tendrá que establecer con qué personal, infraestructura y procedimientos pretende ejecutar las deportaciones anunciadas, pero también deberá definir cómo distinguir entre una persona en situación migratoria irregular y un extranjero vinculado con una conducta delictiva.Ese punto resulta determinante porque, en Colombia, la irregularidad migratoria no convierte por sí misma a una persona en delincuente. Las actuaciones administrativas relacionadas con la permanencia en el país y las investigaciones por posibles delitos corresponden a procedimientos diferentes.Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera que el presidente está llevando el debate migratorio hacia un terreno de seguridad que puede terminar simplificando una situación que tiene componentes jurídicos, sociales y humanitarios.Para el investigador, uno de los primeros problemas está precisamente en la utilización del término “ilegal”. En el marco colombiano, explicó, la categoría corresponde a una persona en situación irregular. “No existen personas ilegales, existen personas que se encuentran con estatus irregular”, sostuvo.Migrantes venezolanos en Colombia. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPOLa diferencia no es solamente de lenguaje debido a que determina el tratamiento que el Estado puede darle a una persona que no ha regularizado su permanencia y evita que la situación administrativa sea presentada como una conducta criminal.Las cifras permiten dimensionar el reto que enfrenta el Gobierno. Rodríguez señala que, con corte a junio de 2026, alrededor de 847.000 ciudadanos venezolanos permanecían en situación irregular en Colombia. De ellos, 527.000 habían sido identificados como plenamente regulares y otros 320.000 figuraban en proceso de regularización.Dentro de esa población irregular hay 193.000 niños, niñas y adolescentes. Para Rodríguez, ese grupo debería ocupar una de las primeras posiciones dentro de cualquier estrategia estatal de regularización, debido a su condición de sujetos de especial protección. “Hay que hacer una búsqueda activa en las ciudades para proteger a esos niños, regularizarlos y darles acceso al sistema educativo”, explicó Rodríguez.Paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Foto:EFEPero mientras el debate se concentra en la orden presidencial, aparece otro problema: la capacidad real de Migración Colombia para cumplirla. Fuentes consultadas señalan que la entidad no tendría actualmente la infraestructura necesaria para ejecutar un operativo de deportaciones de la dimensión que plantea el Gobierno. Uno de los obstáculos identificados es la falta de salas transitorias suficientes para atender a las personas que sean objeto de expulsión o deportación.A esto se suma la necesidad de reorganizar la autoridad migratoria, revisar sus procedimientos internos y fortalecer su capacidad de respuesta. La discusión también está relacionada con el nombramiento del director de Migración Colombia, cargo que, según las fuentes consultadas, debe ser una de las primeras decisiones del Gobierno para poner en marcha el nuevo modelo migratorio.La reorganización tampoco se resolvería simplemente aumentando el número de funcionarios. Migración Colombia tendría que fortalecer su articulación con la Policía, las alcaldías y las secretarías de seguridad para determinar qué personas en situación irregular tienen vínculos con actividades criminales y cuáles no.Migración Colombia. Foto:Migración Colombia.“Hay que sacar a los que están haciendo daño, por supuesto que hay que hacerlo, pero eso necesita una nueva infraestructura institucional”, explicó una de las fuentes consultadas.El asunto cobra relevancia porque Colombia tiene una población migrante venezolana que supera los 2,8 millones de personas. Rodríguez advierte que una política concentrada exclusivamente en la seguridad puede afectar los procesos de integración que el país ha desarrollado durante los últimos años.La experiencia de Estados Unidos también aparece dentro de la discusión. Para Rodríguez, el discurso migratorio de De La Espriella tiene elementos que se acercan al utilizado por el presidente Donald Trump, aunque las condiciones de ambos países son diferentes.Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela y mantiene una dinámica migratoria asociada a una emergencia humanitaria que, según el investigador, no puede abordarse únicamente mediante deportaciones. LEA TAMBIÉN El riesgo, plantea Rodríguez, es que el discurso institucional termine trasladándose a las calles y a las redes sociales en forma de rechazo contra la población venezolana.“Uno de los primeros efectos que se generan cuando un alto dignatario de un país hace referencia al tema migratorio es que esto legitima de cierta manera los comportamientos xenófobos de una parte de la población”, afirmó.El antecedente regional también pesa. Rodríguez menciona a Perú como un país donde los pronunciamientos de autoridades sobre migración han contribuido a alimentar tensiones contra la población venezolana. Colombia, advierte, podría enfrentar una situación similar si la política migratoria queda reducida a un asunto de criminalidad.El Gobierno tiene, además, otro desafío: avanzar en la regularización de quienes todavía permanecen por fuera de los mecanismos establecidos. De acuerdo con las cifras citadas por Rodríguez, cerca de 1,96 millones de ciudadanos venezolanos ya están plenamente regularizados e identificados en Colombia.La discusión que comienza ahora será determinar qué ocurre con quienes siguen en situación irregular y cuáles de ellos tienen realmente relación con actividades delictivas. Esa diferenciación será clave para que los operativos anunciados no terminen convirtiendo la irregularidad migratoria en una categoría criminal.Mientras el Gobierno prepara las acciones anunciadas en Barranquilla, Migración Colombia tendrá que responder con su estructura actual a una instrucción presidencial que exige procedimientos administrativos, capacidad operativa, coordinación policial y un marco jurídico que permita determinar quién puede permanecer en el país y quién debe salir de él.Redacción JusticiaJustici@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
