AnálisisLa ‘casa por cárcel’ es uno de los beneficios más buscados por los que legalmente pueden exigirlo y por los que pueden conseguirlos a punta de plata.Traslado de presos desde la cárcel El Bosque de Barranquilla a Bogotá. Foto: Archivo particularEDITOR MESA30.08.2026 23:10 Actualizado: 30.08.2026 23:10
En buena hora, el gobierno del presidente De La Espriella ha empezado a dar pasos que, correcciones y maniqueísmos políticos aparte, eran necesarios para tratar de enderezar nuestras torcidas realidades en materia de seguridad y orden público. El regreso de la mano dura a una nación necesitada urgentemente de autoridad fue su gran apuesta de campaña, y ese fue el discurso que le compraron los casi 13 millones de colombianos que lo convirtieron en el presidente más votado en la historia del país. LEA TAMBIÉN Lograrlo no va a ser fácil. Fueron muchas las ventajas que recibieron los criminales, y no solo en los malhadados años de la ‘paz total’. El desgobierno en el sistema carcelario se ha larvado por décadas. Tanto que el hacinamiento inhumano se convirtió en un normalizado ‘estado inconstitucional de las cosas’, como lo definió la Corte Constitucional; la corrupción rampante en todo el sistema, casi en un presupuesto y el poder en manos de los capos que más parecían de vacaciones que presos detrás de las rejas, en una certeza.Esa realidad es la que apenas empieza a romperse con la orden del traslado de decenas de presos de ‘alto valor’ a cárceles con un sistema más serio de disciplina o incluso, como lo reveló este diario, a buques de la Armada acondicionados como prisiones para romper el organigrama criminal hasta ahora impunemente manejado desde las reclusiones. LEA TAMBIÉN De La Espriella, su ministro de Justicia, Iván Cancino, y el director del Inpec, el coronel Gutiérrez, ya se están preparando para la cascada de demandas y recursos jurídicos que seguramente empezarán a lloverles, alegando la protección de los derechos de esos que, precisamente, nunca han tenido la menor consideración por los derechos de sus víctimas.Ahora bien: el descontrol de rejas para adentro puede ser lo más visible e indignante para muchos ciudadanos, pero representa apenas la mitad del cuadro. Si una lección debía tener aprendida el país, es que en esas apenas tres de cada diez veces, en promedio, que los delincuentes –los capos y los de cuello blanco– terminan condenados y presos, lo normal es que se jueguen todos sus recursos para lograr estadías cortas o al menos cómodas en la cárcel.Así, dicen los que conocen cómo se mueve la justicia en Colombia, la detención domiciliaria termina siendo uno de los beneficios más perseguidos no solo por los que legalmente pueden exigirlo, sino por los que pueden conseguirlos a punta de plata, de torcerle el pescuezo a la ley y, cómo no, de amenazas. LEA TAMBIÉN La revisión, caso por caso, de la casa por cárcel entregada a más de 50.000 condenados y sindicados –de los cuales menos de la décima parte tiene vigilancia electrónica– es parte de la purga que tiene que hacer el país para tener una mejor justicia y más seguridad. En esa lista hay colados narcos, asesinos profesionales, atracadores impenitentes y hasta feminicidas. La misma Rama Judicial, especialmente sus jueces de ejecución de penas, tienen mucho para aportar –y para corregir– en este frente.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.








