Cuatro días después de la catastrófica riada de Gyirong (Kyirong en su transcripción tibetana), China ha publicado por primera vez un desglose de las nacionalidades de los desaparecidos en el Tíbet. De las 546 personas que continúan en paradero desconocido, 261 son extranjeras, procedentes de 23 países. Una de ellas tiene ciudadanía española. La agencia estatal Xinhua ha elevado además este domingo por la mañana la cifra de fallecidos, de siete a 16. En Nepal, donde se originó el desprendimiento de hielo que desencadenó el desastre, superan los 730 muertos y los 2.400 desaparecidos. La tragedia ha golpeado uno de los territorios más difíciles de China, no solo para rescatar a los afectados, sino también para informar. A la geografía extrema del Himalaya se suma la excepcional sensibilidad política del Tíbet, una región sometida a una intensa vigilancia y prácticamente cerrada al escrutinio independiente. Una avanzadilla policial alcanzó el jueves por la tarde la zona más dañada del puesto de Kyirong, pero los primeros equipos profesionales de bomberos no llegaron al núcleo de la destrucción hasta el viernes, después de atravesar más de 20 kilómetros de montaña y descender con cuerdas por los barrancos, según recogió la Televisión Central de China (CCTV). El terreno es abrupto, el tiempo cambia con rapidez y, alrededor, los glaciares amenazan con nuevos desprendimientos y al menos uno de los dos lagos de barrera que se han formado por la acumulación de hierro, barro y sedimentos mantiene abierta la posibilidad de otra riada. Pero incluso si las carreteras siguieran intactas, llegar hasta allí para comprobar de forma independiente lo ocurrido sería prácticamente imposible. Los periodistas extranjeros necesitan una autorización expresa para entrar en Tíbet, que rara vez se concede al margen de las visitas organizadas por el Gobierno. Por su parte, los turistas deben obtener un permiso específico y contratar un itinerario organizado por una empresa autorizada. No existe un documento regional equivalente para desplazarse por el resto de China, ni siquiera por Xinjiang, otro de los territorios más vigilados del país. Ir de la mano de las autoridades es, en la práctica, la única forma de que periodistas, diplomáticos y observadores extranjeros entren en la región. Los itinerarios están previamente fijados y las conversaciones con residentes se desarrollan bajo supervisión de las autoridades. Lhandon Tethong, directora de la organización Tibet Action Institute, explica en una conversación telefónica que muchos de los tibetanos en el exilio son originarios precisamente de Kyirong. Por su ubicación, en un valle abierto hacia Nepal, “tuvieron más fácil huir después de 1959″, indica. Por eso, enfatiza, “es realmente impresionante que, de toda nuestra red de contactos, no estemos escuchando absolutamente nada”.El año 1959 marcó la gran ruptura de la historia reciente tibetana, aunque el conflicto había comenzado antes. Las tropas del Ejército Popular de Liberación cruzaron la frontera oriental de Tíbet en 1950, un año después de que Mao Zedong proclamase el establecimiento de la República Popular. En 1951, bajo una fuerte presión, una delegación tibetana firmó el Acuerdo de los 17 puntos, que reconocía la soberanía de Pekín a cambio de conservar el sistema político y religioso del territorio. Sin embargo, en la práctica, aquel pacto abrió la puerta a la presencia permanente del ejército chino en la meseta y al progresivo establecimiento de estructuras administrativas controladas por el Partido Comunista. El Gobierno chino denomina aquel proceso “liberación pacífica”, mientras que el movimiento tibetano lo interpreta como una anexión. El levantamiento de 1959 terminó con la huida del Dalái Lama a la India, seguido por decenas de miles de tibetanos, y dio origen a una diáspora que mantiene estrechos vínculos con la meseta y que continúa reclamando, en su corriente mayoritaria, una autonomía genuina. En 1965, Tíbet quedó instaurada como región autónoma, una división administrativa donde las minorías étnicas tienen derecho a cierto grado de autogobierno. Actualmente, existen cinco en China: Tíbet (etnia tibetana), Xinjiang (uigur), Ningxia (hui), Mongolia Interior (mongola) y Guangxi (zhuang). Pero el Gobierno chino interpreta cualquier reivindicación política, religiosa o cultural como una amenaza separatista. Las protestas que se extendieron por Lhasa y otras zonas tibetanas en 2008 marcaron un punto de inflexión. Desde 2009, un centenar de tibetanos (entre ellos numerosos monjes y monjas budistas) se ha prendido fuego en actos de protesta contra las políticas de Pekín y, en muchos casos, para reclamar el regreso del Dalái Lama, al que China tacha de “separatista bajo el disfraz de la religión”. Desde entonces, se ha reforzado la vigilancia y los controles sobre los monasterios y el territorio. “Entiendo que las comunicaciones y las redes se hayan visto afectadas y haya cortes [por la riada]. Pero, ¿es posible que todo esté tan en silencio? No”, sostiene Lhandon. Otra tibetana exiliada, a la que por motivos de seguridad identificaremos como Dawa, asegura en una llamada tener constancia de que “la gente no puede compartir información”. “En las redes sociales y en grupos de WeChat se está borrando el rastro de lo que está ocurriendo. Lo que se publica en el extranjero y se comparte dentro de China se está censurando y no se está haciendo una cobertura local [independiente]”, expone. El aterrador vídeo captado por una cámara de seguridad en el que se aprecia cómo la masa de barro avanza por el valle, engulle en segundos edificios, carreteras y puentes y alcanza a quienes intentan huir dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Pero, dentro de China, ya no puede encontrarse completo. Las búsquedas devuelven fotografías fijas o fragmentos muy recortados. La magnitud de la destrucción solo se conoce a través de las imágenes y los datos seleccionados por las autoridades chinas. “Es censura en tiempo real”, recalca Lhandon. La información circula exclusivamente en una dirección: de las autoridades a los medios estatales, que están ofreciendo una amplia cobertura del avance de los equipos de rescate y de la respuesta oficial. “No solo los tibetanos, los periodistas chinos también toman precauciones para no contradecir la posición oficial: que las operaciones de búsqueda están en curso y que son una prioridad para [el presidente chino] Xi Jinping y [el primer ministro] Li Qiang”, apunta Dawa.Para Pekín, el Tíbet constituye un enclave político y estratégico de primer orden. Su posición fronteriza, limítrofe con la India, Nepal, Bután y Myanmar, lo convierte además en una pieza esencial para la seguridad territorial. Por otro lado, el control de la meseta, lugar de nacimiento de los grandes ríos de Asia —entre ellos, el Yangtsé, el Mekong y el Brahmaputra— resulta decisivo para el abastecimiento de agua y la producción energética, lo que, al mismo tiempo, confiere a China una importancia vital en el equilibrio geopolítico con sus vecinos del sur.El valor que el Gobierno chino concede a la región quedó patente hace un año, cuando Xi viajó a Lhasa para encabezar los actos por el 60º aniversario de la creación de la región autónoma. Era la primera vez que un jefe del Estado chino participaba en una conmemoración de este tipo, un gesto con el que subrayó su voluntad de afianzar el control del Partido Comunista sobre el territorio. En julio, entró en vigor la llamada Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, con la que, según el discurso oficial, se “reforzarán las bases legales para avanzar en el desarrollo de alta calidad y la prosperidad común entre los 56 grupos étnicos” del país. Sus detractores, como Dawa y Lhandon, consideran que se trata de una “formalización política” de algo “que ya venía pasando desde hace una década”, una “asimilación cultural” de las minorías en la identidad nacional promovida por el Partido Comunista. “Cada desastre en el Tíbet deja al descubierto la misma grieta: el control de China es férreo; su legitimidad, no”, remarca a través de un mensaje Kai Muelle, director ejecutivo de la Campaña Internacional por el Tíbet. “Esa profunda inseguridad explica por qué es tan escasa la información. Las autoridades temen que las noticias provoquen muestras de solidaridad y movilizaciones tibetanas no autorizadas, como ocurrió inicialmente tras el terremoto de Dingri″, agrega. Dawa afirma que nunca había visto una movilización tan grande entre los tibetanos como la que se produjo tras el sismo de enero de 2025. Lhandon también hace hincapié en que, tras ese desastre, los vídeos de los tibetanos afectados circularon rápidamente por las redes. Al contrario de lo que está ocurriendo ahora. “Creo que ahora han pensado que sería peligroso que se repitiese algo igual. Creo que el miedo es que, si se nos da mucha libertad, saben que los tibetanos nos organizamos y apoyamos mutuamente”, manifiesta Dawa. Lhandon coincide con esa postura. “Han sido muy rápidos en aprender las lecciones del terremoto y han hecho un trabajo increíble, tanto a nivel técnico como a la hora de meter miedo a la población sobre qué publicar”, dice Lhandon. En su opinión, la tragedia en el Himalaya “debería ser un toque de atención para la comunidad internacional”.