Incidentes violentos en Ceuta, batidas en los barrios, boicots, quema de contenedores y enseres, destrozos en los asentamientos improvisados, extorsión a trabajadores humanitarios… Como diría Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, hay que "poner orden" ante la ausencia del Gobierno. PublicidadHasta hace un par de días, el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, hablaba de invasores, delincuentes, caos y transmisión de enfermedades. Pedía la urgente e inmediata devolución de todos los que habían entrado ilegalmente en Ceuta, y criminalizaba a los menores no acompañados para evitar que se les aplicara el procedimiento legalmente obligatorio, es decir, que se analizara cada caso a fin de determinar si alguno de ellos podía ser objeto de protección internacional. Lo de la "caza de migrantes" fue ya cosa de Figaredo, el diputado de Vox hoy denunciado por haber puesto en riesgo la vida de miles de personas, pero el marco de las derechas era común y estaba muy claro. La alianza PP-Vox ha estado dando síntoma en las comunidades autónomas en las que gobierna y en el futuro promete ser una versión generalizada de las prácticas migratorias de Aznar o del Gobierno de Rajoy. En 1996 se fletaban vuelos de retorno con subsaharianos debidamente sedados y en 2014 se asesinaba a 15 personas a pelotazos en el Tarajal. Fórmulas rápidas que, combinadas con las devoluciones en caliente, resultaron muy eficaces para "repeler" a los migrantes de un plumazo.Frente a Marruecos, las derechas han venido pidiendo el cierre indefinido de las fronteras, la militarización permanente de Ceuta y Melilla, sanciones económicas y la suspensión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos, como si todo eso estuviera al alcance de su mano sin el apoyo de Bruselas y la cooperación del país vecino. No se sabe qué sería de las expulsiones masivas que tanto promueven si Marruecos no recibiera a nadie, ni de la contención de los flujos migratorios, si dejara de actuar como gendarme, ni de la lucha contra el narcotráfico o la colaboración en la prevención del terrorismo yihadista. Pero la cuestión no era ofrecer soluciones reales sino alimentar el odio, contribuir a la desestabilización, desacreditar al Gobierno y las instituciones, volver al "pueblo salva pueblo" y a las salvajadas de Torre Pacheco.Lo cierto es que seguir semejantes directrices nos hubiera conducido a un callejón sin salida colocando a España en una situación de extrema vulnerabilidad. PublicidadEspaña está considerado un miembro de la UE sometido a presión migratoria por lo que tiene derecho a solicitar ayuda del Fondo de Solidaridad Anual del Pacto de Migración y Asilo, a las agencias europeas (Asilo, Europol y Frontex) o a terceros países de la Unión. Pero el acceso a esa ayuda se dificulta si el Gobierno no opera dentro del marco jurídico europeo: asilo, acogida, control de fronteras, retornos, protección de derechos fundamentales y especial atención a los menores no acompañados y las personas vulnerables. Si no respetamos esos ejes, se nos puede negar el acceso a los recursos que necesitamos y abrirnos, además, un procedimiento de infracción. Ceuta ya recibió en su momento más de 23 millones de euros para gestionar acogida, identificación y asistencia de migrantes. Con las propuestas del consorcio PP-Vox la ciudad se podría quedar sin el apoyo técnico y los 32 millones de euros que ha solicitado el Gobierno.Por lo demás, a Europa no le interesa alterar sus relaciones con Marruecos por salvaguardar identidades nacionales y símbolos patrios a base de métodos ilegales. Ceuta y Melilla son sus únicas fronteras físicas con África y resultan esenciales para asegurar la estabilidad en el Magreb, el Sahel y el estrecho de Gibraltar. Evidentemente, Marruecos lo sabe y lo utiliza convenientemente. Lo sorprendente es que las derechas en España hayan hecho lo mismo. España desempeña un importante papel en términos geopolíticos y maneja fronteras delicadas. Jugar a los dados con eso, por puro electoralismo, es extremadamente peligroso e impropio de una coalición que pretende presidir el país. Por eso, entre otras cosas, es lógico que el Gobierno haya hecho un complicado ejercicio diplomático subrayando hasta la saciedad la supuesta colaboración de Marruecos aunque es inevitable pensar que nada de esto hubiera sucedido si la gendarmería marroquí lo hubiera querido impedir. PublicidadTodos sabemos que Marruecos tiene su propia agenda y que no ha ocultado jamás sus intereses estratégicos. Tiene claras ambiciones territoriales (Ceuta, Melilla, los peñones e islotes siguen formando parte de su narrativa de integridad territorial) y quiere aumentar su presencia en un Estrecho por el que pasan 100.000 buques al año, el 10% del tráfico marítimo mundial. Tánger Med se concibe como un nodo de transbordo, importación, exportación e industria conectado con rutas entre el Atlántico, el Mediterráneo, Europa, África, América y Asia, y aspira a competir con el puerto de Algeciras. La Estrategia Portuaria Marroquí de 2030 apuesta por modernizar los puertos para incrementar las redes comerciales en la zona y controlar el tráfico de combustible y gas licuado (Tánger Med y Nador West Med). En fin, Marruecos busca convertir su posición en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar en una ventaja económica, logística, securitaria y política frente a Europa, y no puede obviarse que el Acuerdo sobre Gibraltar podría interferir en sus planes. Aunque el Acuerdo no transforma el equilibrio jurídico-militar del Estrecho, aumenta la presencia y las funciones españolas en los accesos internacionalizados de Gibraltar y refuerza aún más la dependencia mutua. El norte marroquí es más dependiente de España, desde el punto de vista económico, y España depende más de Rabat para garantizar la estabilidad que necesita en el Estrecho.De manera que, tras mantener posiciones incendiarias e hipermusculadas, el Partido Popular ha decidido amainar y llamar a la calma. A Feijóo no le queda otra que vigilar sus relaciones con el régimen de Marruecos, protegido de Estados Unidos y flanqueado por Israel. De hecho, ya ha anunciado que, si alcanza la presidencia del Gobierno en 2027, su primer viaje al extranjero será a Marruecos, y ha optado por mantener una cierta ambigüedad respecto de la posición española sobre el Sáhara. Después de tirar la piedra, toca esconder la mano.