Recibimos un sector con más contratos y menos resultados. La tarea es invertir esa ecuación: ejecutar los recursos de conservación que están dormidos, recuperar la autoridad ambiental en el territorio frente a la deforestación y la minería criminal, devolver reglas claras y tiempos ciertos al licenciamiento y asegurar que cada peso de regalías ambientales llegue al proyecto que lo mereció por mérito técnico. El bosque no admite otro cuatrienio de espera”. Así resumió el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la situación en la que se encuentra el sector.Fracking, ¿la respuesta para recuperar la soberanía energética y ahora para buscar recursos y atender la crisis que dejó el terremoto?El Gobierno de Abelardo De La Espriella deberá revisar tanto la forma como el contenido de varias de las decisiones adoptadas por la administración anterior, en especial las relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio. “No se trata necesariamente de desmontar las políticas de protección ambiental, sino de asegurar que estas se hayan construido sobre bases técnicas sólidas, con participación efectiva de las comunidades y de los sectores potencialmente afectados”, dice Camila Jiménez, líder de la práctica de derecho ambiental en Baker McKenzie Colombia.Para Camila del Villar, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), el nuevo Gobierno debería realizar una revisión integral del régimen jurídico ambiental, orientada a identificar y corregir duplicidades regulatorias, vacíos normativos, vicios de nulidad e inconstitucionalidad de las normas expedidas, conflictos de competencia y las ineficiencias que actualmente se presentan en trámites y procedimientos administrativos.Dos temas clave marcan la gestión en materia ambiental: las consultas previas y el licenciamiento, pero en especial hoy, cuando la soberanía energética está amenazada y hay controversia en materia de protección de los páramos. Y, por si fuera poco, el país se enfrenta a un fenómeno de El Niño que, por lo que se anticipa, será el más intenso de los últimos tiempos.Lina Correa, directora de Derecho Ambiental de Pérez-Llorca Colombia, afirma que en materia de consulta previa se requieren plazos máximos para cada una de las etapas del proceso, criterios objetivos para la identificación de comunidades afectadas, un proceso claro en caso de que no se llegue a acuerdos con las comunidades o surjan comunidades sobrevinientes. “Esto implicaría la expedición de una ley estatutaria que a su vez debe ser objeto de consulta previa”.Lina Correa, Pérez-Llorca Colombia Foto: Pérez-Llorca ColombiaJiménez coincide: “Colombia necesita una ley estatutaria de consulta previa que defina plazos, competencias y alcances, y que fortalezca el papel del Estado como garante del proceso. La consulta previa debe enfocarse en su finalidad constitucional, que es generar un diálogo intercultural efectivo sobre los impactos de los proyectos y las medidas para manejarlos, sin convertirse en una fuente permanente de incertidumbre para la inversión”. Frente al licenciamiento ambiental, Del Villar considera importante fortalecer las garantías en cabeza de los administrados cuando las autoridades ambientales no cumplen con los términos legales que prevé la ley para concluir cada una de las etapas de este trámite. “Es fundamental revisar la falta de articulación entre el trámite de licenciamiento ambiental y el proceso de consulta previa para que se permita el desarrollo de estos trámites de forma concomitante, sin que ello implique la pérdida de rigor en la evaluación ambiental ni mucho menos en la garantía del derecho de participación de las comunidades”.Iván Páez