En los últimos cuatro años, la dinámica jurídica estuvo marcada por conflictos y tensiones alrededor de las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro.Dos ejemplos muestran esta tendencia: la acción popular que interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el abogado Rodrigo Pombo y la concejala Sandra Forero, sobre lo que llamaron “desordenamiento territorial”, por la proliferación y superposición de instrumentos y actos sectoriales ilegales que habrían generado traslapos de competencias, centralización de decisiones e inseguridad jurídica. Y en el corte de cuentas que hizo el Gobierno de Abelardo De La Espriella en El libro de la verdad, solo en el sector minero se registró un volumen inusual de reglamentación dirigido a restringir la actividad: entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas con ese propósito. Esto sin contar otras determinaciones, como la suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos o la negativa al desarrollo del fracking en momentos en que el país perdía su autosuficiencia energética por la necesidad de importar gas, ante el déficit que se viene presentando. Todo esto en medio de un profundo déficit fiscal que dejó la administración Petro.Según un análisis de Corficolombiana, las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. “Los niveles actuales de déficit fiscal, déficit primario y gasto público solo tienen precedentes en episodios de crisis extraordinarias, como la recesión de finales de los noventa o la pandemia”. Sin embargo, esas cuentas quedaron sin que se diera un choque macroeconómico. Y también con sectores en serias dificultades, como la salud, la infraestructura y la vivienda.Ahora, con la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, las expectativas en el mercado legal han cambiado. Se espera un escenario más estable, no solo que supere las dificultades generadas en la administración anterior, sino que le apueste a fortalecer la seguridad jurídica e impulse la inversión, incluso en momentos en los que la agenda se prioriza para atender los daños y damnificados que dejó el terremoto, en medio del ajuste a las cuentas fiscales para poner la casa en orden.Ante la tragedia del sismo del pasado 10 de agosto, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia para adoptar medidas excepcionales que permitan asistir a las familias afectadas y acelerar la reconstrucción de las zonas impactadas. “Implementaremos alivios temporales en el pago de servicios públicos, subsidios de alquiler para quienes perdieron sus hogares, alivios fiscales y financieros, apoyo económico para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados. Además, crearemos el Fondo Milagro, que canalizará recursos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras, aeropuertos y demás infraestructura afectada. También adoptaremos medidas para reactivar la economía, estimular la inversión y generar empleo en los territorios más afectados”, anunció el presidente De La Espriella.Sin embargo, con nuevo gobierno, las miradas van más allá. “La reciente transición política en Colombia representa uno de los cambios más relevantes para el entorno empresarial en los últimos años. El paso hacia una administración con una orientación más favorable al mercado ha generado expectativas de una agenda enfocada en fortalecer la confianza inversionista, impulsar el crecimiento económico y promover un entorno regulatorio más predecible”, explica Camilo Martínez, socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).Y esa expectativa se traduce en los mensajes que pueda mandar el Gobierno con los cambios de política pública, las implicaciones regulatorias y las decisiones que permitan avanzar en el crecimiento del país y en el repunte de la inversión.“Aunque todavía estamos en una etapa muy temprana del Gobierno, una de las señales que los mercados suelen valorar positivamente es la existencia de objetivos claros y una hoja de ruta consistente para alcanzarlos. El Plan Nacional de Desarrollo será especialmente importante en este proceso. Las bases están previstas para las próximas semanas y su discusión permitirá conocer con mayor profundidad la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años”, asegura Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia.Para el sector legal, la seguridad jurídica se traduce en reglas claras, estabilidad en las decisiones y respeto por el marco institucional. Y anticipan una palabra clave: previsibilidad, para que inversionistas y empresas puedan tomar decisiones de largo plazo.De hecho, en medio de las controversias, muchos han destacado la fortaleza institucional del país. Para José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, era importante que la institucionalidad permaneciera y se mantuviera. “Lo hizo reaccionando frente a los embates políticos. Las Cortes fueron la primera línea de defensa de la institucionalidad”.Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, anticipa que el propio Gobierno ha hecho anuncios de varios cambios regulatorios, en una batería de 90 decretos con los que hará los ajustes. “Estamos muy pendientes de ver esos cambios”.Desde el campo legal, se está esperando un Ejecutivo que trabaje de una manera más estrecha con el sector privado. “Así lo ha hecho saber el Gobierno y, desde esa perspectiva, esperamos un gran dinamismo en términos de nuevos negocios que van a ser no solo inversión doméstica, sino un nuevo flujo de inversión extranjera, que va a representar una oportunidad relevante”, afirma Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie Colombia.Como explica Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), los abogados van con los empresarios. “Y con un elemento fundamental: la confianza. Esta produce dinamismo, inversión, movimiento y cambios. Cuando hay confianza, hay riesgo también. La confianza la tiene que proporcionar el Estado. Y he oído cosas buenas al respecto, como hablar de políticas de Estado a largo plazo, más que de políticas de gobierno”, afirma.Así las cosas, para Piñeros, el nuevo Gobierno recibe un legado institucional que exige intervención jurídica prioritaria en tres frentes. Uno, el contractual de infraestructura: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cerró 2025 ejecutando apenas el 34,5 por ciento de su presupuesto de inversión pese a comprometer el 99,5 por ciento del mismo, mientras acumula laudos arbitrales de alta cuantía. Dos, la relación de Colombia con el arbitraje internacional de inversión, tras el anuncio del Gobierno saliente de su intención de denunciar el Convenio del Ciadi, argumentando un riesgo de aproximadamente 52 billones de pesos en disputas pendientes, aunque esa cifra corresponde a pretensiones y no a condenas probables. Tres, la reforma tributaria, frente a la crisis fiscal que dejó la Administración Petro, con una propuesta que presentará en septiembre el nuevo Gobierno, en la que se busca simplificar el régimen. Pero, además, en un entorno nuevo, por la tragedia que generó el terremoto y que requiere, en principio, recursos por 30 billones de pesos para la reconstrucción, aunque el Gobierno ha advertido que no vendrían vía impuestos.