Colombia pasa por un momento de alta intensidad litigiosa. No se trata solamente de un aumento en el número de demandas, sino de un escenario en el que confluyen controversias nacionales e internacionales, arbitrajes de inversión, disputas entre particulares y procesos asociados a sectores estratégicos para la economía.Corte Constitucional aprobó la esencia de la reforma pensional de Petro, pero hay más demandas que podrían tumbarlaLa magnitud de estos conflictos y la complejidad de algunos casos muestran, además, que los litigios se han convertido en un termómetro de la relación entre las decisiones públicas, la actividad empresarial y la confianza de los inversionistas.Una mirada a las cifras permite dimensionar el alcance que han tenido estos procesos. En los litigios contra el Estado, por ejemplo, al cierre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reportó pretensiones económicas superiores a 699 billones de pesos. Para el primer trimestre de 2026, esa cifra aumentó a 832,39 billones.En tanto, con corte a junio de 2026, el Estado colombiano registró un total de 329.293 procesos abiertos en jurisdicciones locales, 19 procesos abiertos en arbitraje de inversión y casi 500 arbitrajes domésticos. Estos números, según Camilo Martínez, José Miguel Mendoza y Sergio Rojas, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (MQMGL&D), son muy relevantes para un Estado con el tamaño del colombiano. Claudia Benavides, Benavides Mejía - Dispute Resolution Foto: fotografía_@negro901-Cortesía Benavides MejíaSostienen que algo semejante sucede con las controversias entre particulares que, aunque no arrojan una estadística oficial, sí cuentan con informes provenientes de diferentes centros de resolución de disputas, como los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá y de Medellín, los cuales coinciden en un incremento en las cuantías en disputa, lo que supone un mayor monto expuesto al litigio. Sergio Rodríguez Azuero, socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero, afirma que, con respecto a litigios contra el Estado, los cambios regulatorios han aumentado la litigiosidad, particularmente en el sector salud, donde históricamente el Estado no enfrentaba tantos reclamos.También dice que se ha detectado un aumento en las reclamaciones judiciales en el sector inmobiliario, que responde a las dificultades del renglón.Por su parte, los socios de MQMGL&D sostienen que trabajo, hacienda y educación concentran cerca del 60 por ciento de los pleitos contra el Estado.Consejo de Estado admite dos demandas que podrían afectar la personería jurídica del Pacto HistóricoEl sector trabajo, explican, tiene una fuerte presencia de controversias pensionales, mientras que educación nacional aparece también entre los ámbitos con mayor número de demandas.La infraestructura también conserva un peso importante. Rafael Rincón, socio de Rincón Castro Asociados, identifica este sector, junto con el de energía, como dos de los principales focos de demandas arbitrales nacionales e internacionales. En este terreno, los laudos contra entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) muestran la complejidad que pueden alcanzar las controversias relacionadas con grandes proyectos.Para Rincón, uno de los casos relevantes es el arbitraje de la Concesionaria Ruta al Mar contra la ANI, que pone sobre la mesa la necesidad de repensar ciertos aspectos del sector de infraestructura, incluyendo la necesidad de promover la seguridad jurídica en las asociaciones público-privadas bajo la modalidad de iniciativas privadas. José Miguel Mendoza MQMGL&D Foto: Cortesías MQMGL&DDice que esto es fundamental para atraer inversión privada en nuevos proyectos en un momento de crisis fiscal.Energía y minería también están ganando protagonismo. Rincón advierte sobre arbitrajes internacionales de inversión iniciados por inversionistas extranjeros vinculados a generación y transmisión de energía, a raíz de medidas que, según los reclamantes, afectan la sostenibilidad financiera necesaria para la prestación del servicio. Para el abogado, la forma en que se resuelvan estas controversias tendrá implicaciones incluso para la seguridad y soberanía energética del país.Los socios de MQMGL&D se refieren también al crecimiento del arbitraje internacional de inversión. Destacan que, según las cifras de la ANDJE, Colombia pasó de tener 13 procesos en etapa arbitral y ocho en etapa prearbitral en 2022, a 19 y 16, respectivamente, con corte al 30 de junio de 2026.Fracking en Colombia: estas son las claves jurídicas que definirán su posible regresoLa tendencia también se refleja en los arbitrajes domésticos. De acuerdo con la misma firma, había cerca de 480 procesos activos, con transporte a la cabeza, con 192 casos, seguido de minas y energía, con 80.En el sector privado, en tanto, aparece otro cambio de fondo: las controversias societarias están adquiriendo mayor relevancia. Las disputas contractuales tradicionales, incluso en proyectos sofisticados de infraestructura, incorporan cada vez más discusiones sobre las relaciones entre socios y accionistas.Se trata de una señal de que el litigio empresarial ya no se limita a determinar si un contrato se cumplió o no, sino que aborda la estructura de gobierno de las compañías, los derechos de los accionistas y las decisiones que pueden afectar el valor de las empresas.Rodríguez Azuero señala que las partes acuden cada vez más a mecanismos como el arbitraje para evitar los tiempos propios de un proceso judicial. Según su experiencia, un proceso en primera instancia puede tardar entre tres y cinco años. En la jurisdicción contencioso-administrativa, la situación puede ser aún más crítica: incluso una decisión sobre una medida cautelar puede tomar más de un año.Sergio Rodríguez Azuero, CMS Rodríguez-Azuero Foto: Cortesía CMS Rodríguez-Azuero-El fenómeno no es exclusivamente colombiano. De acuerdo con Claudia Benavides Galvis, socia de Benavides Mejía-Dispute Resolution, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) registró 894 nuevos casos en 2025, una de las tres cifras más altas de su historia. América Latina tuvo una participación destacada y Brasil y México estuvieron entre los países con mayor presencia.De igual manera, Benavides afirma que Colombia suscribió un acuerdo con la Corte Permanente de Arbitraje, lo que fortalece las posibilidades de administrar arbitrajes internacionales desde el país.Uno de los rasgos que más ha cambiado el panorama es la creciente internacionalización de las disputas. Los arbitrajes de inversión, que durante años fueron un terreno relativamente reducido para Colombia, hoy ocupan un lugar central en la discusión sobre seguridad jurídica y confianza inversionista.Abren investigación contra el exministro de Minas Edwin Palma por crisis en Air-eFelipe González Arrieta, socio de Benavides Mejía-Dispute Resolution, indicó que la CCI registró 31 arbitrajes en 2025, en los que al menos una de las partes era colombiana, lo que ubicó al país como el tercero de América Latina con mayor participación en casos de esa institución, después de Brasil y México. Ese mismo año fueron designados 23 árbitros colombianos en casos CCI.La relevancia de estos procesos no depende únicamente del monto. También está en juego la capacidad del Estado para regular sectores estratégicos sin generar incertidumbre que termine traduciéndose en reclamaciones internacionales. Energía, petróleo y gas, minería e infraestructura concentran buena parte de las controversias en América Latina y, previsiblemente, seguirán haciéndolo.Cristina Mejía Rivas, socia de la misma firma, precisó que actualmente, una parte importante de las disputas internacionales se concentra en los sectores de energía, minería, construcción e infraestructura. En América Latina, cerca de la mitad de las reclamaciones registradas ante el CIADI están relacionadas con proyectos de energía, petróleo y gas, minería o infraestructura. En Colombia, estos sectores seguirán siendo especialmente relevantes por la magnitud de las inversiones involucradas, la participación del Estado en muchos de estos proyectos y el impacto que pueden tener las decisiones regulatorias sobre inversiones de largo plazo.Rafael Rincón, Rincón Castro Abogados Foto: Cortesías Rincón Castro AbogadosLa ejecutiva especificó que, de cara a los próximos años, es previsible un incremento de las controversias asociadas con la transición energética y el desarrollo de minerales críticos, donde confluyen intereses económicos, objetivos ambientales y expectativas de las comunidades. Asimismo, cobrarán mayor relevancia las disputas derivadas de medidas tributarias, transformación digital, nuevas tecnologías y grandes proyectos de infraestructura. Además, el anuncio del gobierno saliente de una eventual denuncia del Convenio CIADI abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar la potestad regulatoria del Estado sin afectar la confianza de quienes invierten en el país. Para los abogados consultados, preservar reglas claras será determinante.Abogados de Lili Pink denuncian que la mercancía decomisada por la Dian terminaba en tiendas “no autorizadas”Nuevas herramientas Rincón destaca dos desarrollos que pueden modificar el mapa de resolución de controversias: el arbitraje ejecutivo y la entrada en vigor para Colombia de la Convención de Singapur sobre la Mediación.La evolución tecnológica también empieza a cambiar la práctica. Rivas identifica el uso responsable de la inteligencia artificial como uno de los asuntos que están marcando la discusión en el arbitraje internacional. A esto se suman el third-party funding, mediante el cual terceros financian litigios, y una mayor disposición de las empresas a buscar soluciones tempranas.La pregunta que queda sobre la mesa es si estas herramientas serán suficientes para aliviar la presión sobre la justicia. Para Rodríguez Azuero, el problema es estructural: el volumen de conflictos crece más rápido que la capacidad del sistema para resolverlos. La descongestión judicial, por tanto, seguirá siendo una de las principales tareas pendientes.Las decisiones de la nueva administración podrían incidir directamente en los litigios actuales y en los que puedan surgir. Foto: Getty ImagesEl cambio de gobierno llega en un momento particularmente sensible. Los abogados consultados coinciden en que las decisiones de la nueva administración pueden tener un impacto directo sobre los litigios existentes y sobre los que están por venir.Una de las principales expectativas está relacionada con la seguridad jurídica. Los inversionistas nacionales y extranjeros necesitan señales de confianza, como acuerdos de estabilidad jurídica y garantías a la inversión que permitan dar mayor certeza a los proyectos de largo plazo.