Para la Defensoría, la violencia armada, los desplazamientos, los confinamientos y el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto han agravado la situación de las comunidades de la región.Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JRResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00El Chocó atraviesa una compleja crisis humanitaria como consecuencia de múltiples emergencias que se presentan de manera simultánea, según detalló la Defensoría del Pueblo en un comunicado público. La entidad pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y garantizar los derechos y la vida de las víctimas.Para la Defensoría, la violencia armada, los desplazamientos, los confinamientos y el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto han agravado la situación de las comunidades de la región. Según la entidad, desde el sismo se ha “advertido un deterioro de la situación de seguridad en la subregión del San Juan”.Además, en la comunidad de San Agustín, en el municipio de Sipí, la Defensoría constató durante tres días la presencia de integrantes del Clan del Golfo, “quienes restringieron la movilidad e impidieron las actividades tradicionales de producción de la población”. A esto se suma información sobre el avance de este grupo desde Boca de Sipí hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en Medio San Juan.Lea: Corte Suprema condena a exmagistrado por reabrir caso y modificar condena contra exalcaldeLa Defensoría también documentó enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), así como en zonas rurales de Nóvita y Sipí. Según la entidad, en estos enfrentamientos se habría registrado incluso el uso de drones con explosivos.Según detalló la Defensoría, el pasado 23 de agosto, los enfrentamientos y ataques con drones registrados en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. “De manera preliminar, 652 familias, aproximadamente 3.000 personas, permanecen confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita”.La entidad explicó que, durante una misión humanitaria realizada el pasado 25 de agosto en el corredor Nóvita-Sipí, sus funcionarios observaron graves daños en viviendas y bienes colectivos, producto de los explosivos y las ráfagas de fuego, así como severas afectaciones psicológicas en la población. A esto se suma el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ubicadas en los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó-Medellín, debido al incremento de las actividades de integrantes del Clan del Golfo y el Eln.Le puede interesar: Esto se sabe del secuestro de soldado colombo-francés que habrían cometido disidencias“También conocemos información sobre una mayor presencia del Clan del Golfo en inmediaciones de la parte baja del río Tamaná, que afecta a Paimadó, Tamaná, San Gerónimo, Playa del Rosario, El Tigre y El Guamo, en Medio San Juan, generando zozobra y restricciones a la movilidad, con un reporte de 129 familias, equivalentes a 301 personas”, señaló la Defensoría.La entidad advirtió, además, sobre el incremento de entables mineros y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró y Bagadó, así como en el corredor entre la comunidad de Noanamá, en Medio San Juan, y el corregimiento de Cucurrupí, en El Litoral del San Juan. Según la Defensoría, esta situación afecta a 11 comunidades de pueblos afrodescendientes y negros, que comprenden 500 familias.“A este panorama se suman los efectos del terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar. A la fecha, no ha culminado un censo que permita dimensionar las afectaciones y atender oportunamente a todas las víctimas en las zonas rurales, muchas de las cuales permanecen incomunicadas y sin acceso a ayuda humanitaria básica”, explicó la entidad.Más noticias judiciales: Colombia extraditó a Chile a alias “Gocho”, señalado por el crimen del militar Ronald OjedaAnte este panorama, la Defensoría recordó al Clan del Golfo y al Eln su “deber inderogable de respetar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción y precaución”, así como de abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la movilidad de las personas.Asimismo, pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a las demás entidades competentes priorizar y culminar con urgencia el censo de las personas afectadas por el terremoto en las zonas rurales, así como garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las comunidades aisladas.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.Conoce másTemas recomendados: