El Consejo de Transparencia de Andalucía ha resuelto que el Ayuntamiento de Marbella, que impuso a su personal un sistema de control horario basado en la recolección de su huella dactilar y el escaneo de sus rasgos faciales y les obligó a instalar una app de geolocalización, ha vulnerado de forma “muy grave” los principios básicos que rigen el tratamiento de datos biométricos.
El Consejo, que detecta hasta seis infracciones del Reglamento de Protección de Datos (dos muy graves, dos graves y dos leves), confirma así de manera definitiva la suspensión provisional de este sistema de fichaje que ya ordenó hace año y medio. El Consistorio no ha recurrido la resolución, que constata que el sistema era ilegal, pero no impone multa ni le apercibe.
Marbella tuvo en vigor este sistema durante tres años, pero ha tenido que sustituirlo ya por un sistema de tarjetas de radiofrecuencia. En su día pagó 171.000 euros por las herramientas para aplicar el reconocimiento de huellas, a pesar de las advertencias de algunos sindicatos, que sí lograron paralizar el sistema en municipios vecinos como Estepona.
En Marbella fue diferente. En diciembre de 2022, el Consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) empezó a comunicar a todos sus empleados, unos 3.600, que debían registrar sus datos biométricos para fichar. Algunos se negaron. Ante su resistencia a entregar su huella o sus rasgos faciales, incluso abrió varios expedientes disciplinarios por una posible falta grave, con advertencia de suspensión de empleo y sueldo durante tres años, que finalmente resolvió con apercibimientos.
