Dieciséis años después del presunto cometimiento del delito de cohecho y siete del inicio de la acción penal, el Tribunal de Juzgamiento del caso Sinohydro se apresta a dar su sentencia oral en un proceso en el cual se investiga el pago de coimas por parte de la empresa china del mismo nombre para obtener el contrato de construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Está previsto que la audiencia de juicio se reinstale este viernes, 28 de agosto del 2026, desde las 08:30, en la Corte Nacional de Justicia de Quito. El 10 de julio pasado, luego de 31 días de dicha diligencia, los jueces del Tribunal, Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga, se retiraron a deliberar la resolución que tomarán respecto de los pedidos para que se sentencie a 20 procesados como autores y cómplices y del retiro de la acusación hecha por la Fiscalía General contra la investigada Priscila Burneo. PublicidadEl fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó seis años y seis meses de reclusión mayor ordinaria, más agravantes, para los siete acusados como autores directos del delito de cohecho: el expresidente Lenín Moreno; el empresario Conto Patiño, su amigo personal; el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo; los ecuatorianos Luciano Cepeda, ex gerente técnico y ex gerente general de Coca Sinclair EP, y Henry Galarza, ex gerente general de Coca Sinclair EP; y los ciudadanos chinos Yan Huiju, ex apoderado general y exrepresentante de Sinohydro Corporation en Ecuador, y Song Dongsheng, como ex representante legal de Sinohydro.Para ellos pidió la pena de seis años y seis meses de prisión de conformidad con la norma vigente y que se debe tomar en cuenta la agravante contemplada en el artículo 30, numeral 4, del Código Penal anterior, vigente en el momento de los hechos, y las agravantes de los artículos 44 y 47, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) actual, las cuales se refiere al cometimiento del delito “en banda” o en grupo.También solicitó la pena de cárcel para los señalados como cómplices: la esposa, la hija, dos hermanos y una cuñada de Lenín Moreno —Rocío González, Irina Moreno González, Guillermo y Edwin Moreno Garcés y Martha González, respectivamente—; personas del entorno cercano a Conto Patiño —sus hijos Juan Carlos, Patricia, Manuel y María Auxiliadora Patiño y su yerno Xavier Macías—; Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, exabogados de Conto Patiño; y María Augusta Baquero, esposa del coprocesado Cepeda.PublicidadPublicidadRespecto de ellos, Alarcón especificó que se ha solicitado que se les imponga la pena y la agravante que les correspondan como cómplices en relación con lo que se decida contra los primeros. La trama que se investigóEn la audiencia, Alarcón dijo que existirían los elementos suficientes para demostrar que las personas que fueron llamadas a juicio eran parte de una red de corrupción que obtuvo $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que Sinohydro se quedara con la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.Todo lo investigado habría ocurrido en el periodo 2010-2018. Según la teoría del caso, Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Lenín Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa china Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.En febrero de 2010, los accionistas de Comercial Recorsa C. A., domiciliada en Ecuador, Beatriz Herdoíza Catandi, sus hijos María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza, y su nieta Priscila Burneo Patiño resolvieron ampliar el objeto social de la empresa. Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno. Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional. PublicidadLuego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador. La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada. El inicio del procesoEstos manejos, no obstante, empezaron a investigarse recién en marzo del 2019, cuando la Fiscalía General abrió una investigación previa para determinar presuntos actos delictivos alrededor de la empresa INA Investment Corp. –caso que fue conocido inicialmente como INA Papers–, de la cual se presumía que habría recibido dineros producto de actos de corrupción.Casi cuatro años después, en febrero de 2023, la Fiscalía General solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas por su presunta participación en el delito de cohecho, entre ellas Moreno, Patiño y sus entornos familiares.Esta diligencia se dio el 3 de marzo del mismo año; inicialmente se procesó a 37 personas por su presunta participación en el delito de cohecho.El 5 de marzo siguiente, el juez Adrián Rojas dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los procesados, excepto para uno de ellos.Entre marzo del 2023 y agosto de 2024 se negaron varios pedidos de cambios de medidas cautelares. Y el 27 de agosto de 2025 se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 24 personas.Cuatro meses después, el conjuez nacional Olavo Hernández llamó a juicio a siete personas como autoras directas, entre ellas Moreno, Patiño, Carmigniani y otros, y a 16 más como cómplices.La audiencia de juicio se instaló, finalmente, el 12 mayo de 2026, se desarrolló durante un mes pero no con días consecutivos, y concluyó el 10 de julio siguiente.La Constitución, así como el Código Penal anterior y el actual, señalan que el delito de cohecho es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia de los acusados. Para la audiencia en la que se leerá la sentencia, los jueces dispusieron la comparecencia obligatoria, física o telemática, del fiscal Alarcón, de los abogados particulares de los procesados y de la defensoría pública. Indicaron, además, que “en los casos de ausencia de la o el defensor elegido, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar, se contará con un defensor público desde la primera actuación”. (I)