Mérida (EFE).- La Junta de Extremadura presentará alegaciones al Real Decreto de eficiencia energética para los Centros de Datos porque actúa de espaldas a las comunidades autónomas. Además, deja solo en manos del Gobierno central la autorización de suministro eléctrico a estos con unos criterios que no considera objetivos.La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha comparecido en rueda de prensa para criticar esta normativa regulatoria, remitida este jueves a audiencia e información pública. Ella la ha criticado por ir «a contracorriente» y «en la dirección opuesta al camino industrial, al empresarial y al económico que está demandando la sociedad actual actualmente».A preguntas de los medios, Morán ha reconocido que no están en contra de una regulación de estos centros. Sin embargo, ha precisado que lo primero que habría que hacer es hacer una planificación eléctrica de España «adaptada a la realidad». Además, insistió en que se oponen frontalmente a que este planeamiento se haga sin consultar a las comunidades autónomas.

Posición privilegiada de Extremadura

Según ha destacado, Extremadura tiene «una posición privilegiada», al disponer de suelo y abundante generación de energía renovable. Por lo tanto, los centros de datos representan «una oportunidad para transformar esta ventaja energética en inversión, en industria, en innovación y, por supuesto, en empleo».Por ello, ha considerado «vital» para la región presentar alegaciones al Real Decreto para evitar «que una vez más se agravie a Extremadura». Además, quiere evitar que se frene su desarrollo con imposiciones que impiden que el valor añadido de la energía que produce que quede en su territorio.A su juicio, «el quid de la cuestión» por la que se oponen al Real Decreto es que serán tres ministerios del Gobierno de España, el de Economía, el de Transformación Digital y el de Transición Ecológica, los que decidirán a qué centro de datos se autoriza el suministro eléctrico. De hecho, lo harán en base a una madurez del proyecto que calificarán ellos solos» y sin criterios que no están establecidos objetivamente en la norma.Para Mercedes Morán, si todo queda «a la arbitrariedad del Gobierno de Sánchez, tenemos un problema porque ellos van a dar energía a los territorios que decidan».