La Abogacía General de la Junta de Extremadura ya cuenta con la autorización para recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que el Gobierno central regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La decisión formaliza un conflicto judicial que el Ejecutivo autonómico incuba desde hace meses al considerar que la norma estatal incurre en una invasión de competencias exclusivas y penaliza los intereses financieros de la región.
La presidenta regional, María Guardiola, ha informado de la medida al Consejo de Gobierno celebrado este martes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado de forma previa por Extremadura “sin atender ninguna de las objeciones”.
Uno de los ejes centrales del recurso radica en la pretensión del Ministerio de imponer la protección pública permanente e indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) durante toda su vida útil. La Junta rechaza este precepto al entender que el Estado invade las atribuciones exclusivas de la comunidad en materia de urbanismo y vivienda, mermando su libertad para regular el régimen de descalificación y el parque protegido regional.
