0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl caso de Francesc Augé, el vecino de 55 años de Vallirana que desde hace casi dos años pide poder ejercer su derecho a morir dignamente, llegó hasta el Tribunal Supremo. La votación del alto tribunal, en mayo pasado, sentó jurisprudencia al legitimar la intervención de terceras personas para frenar una eutanasia –“allegados estrechos”– dejando en el limbo el futuro de este hombre.Sin embargo, la situación de Francesc Augé ha dado un giro. Según avanzó ayer eldiario.es, el padre del solicitante de eutanasia ha desistido de mantener la batalla judicial contra su hijo. El abogado del padre ha informado de que el litigante no seguirá con el proceso judicial pese a la sentencia del Supremo que le daba la razón. Deja así vía libre a Francesc.Francesc pidió la muerte digna tras sufrir dos infartos y cuatro ictus, que le han dejado secuelas y un fuerte malestar físico y psicológicoTras sufrir dos infartos y cuatro ictus, que le han dejado secuelas y un fuerte malestar físico y psicológico, Francesc Augé pidió la muerte digna. Su viacrucis judicial empezó en julio de 2024 cuando la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya reconoció su derecho a morir dignamente al cumplir todos los requisitos de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). El padre recurrió ese dictamen, pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona rechazó ese recurso al fallar que “la solicitud de eutanasia forma parte del ámbito más personas de decisión y autodeterminación de una persona”. Pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) echó por tierra después ese argumento y legitimó al padre para oponerse. Este asunto llegó hasta el Supremo al recurrir la Generalitat la sentencia del TSJC.Lee tambiénLa asociación Dret a Morir Dignament (DMD) siempre ha defendido a Francesc, en el sentido de que “la ley establece garantías médicas, jurídicas e institucionales suficientes para proteger a las personas solicitantes”. Según DMD, los casos que llegan a los tribunales “son excepcionales” y suponen un porcentaje mínimo de las 361 eutanasias hechas ya en Catalunya; pero alerta que, cuando esto pasa, “los procesos se alargan y son dolorosos, a menudo en medio de conflictos familiares”.