El impacto de la extradición de alias Araña en el proceso de los 99 hombres de Comandos de Frontera que aún permanecen concentrados en Putumayo

Noticia Exclusivo suscriptores Actualmente, 86 hombres y 13 mujeres se encuentran en actividades de reintegración. En carta, Defensora del Pueblo pidió al Gobierno sostener ZUT.Momento de la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña. Foto: AFPPERIODISTA27.08.2026 06:01 Actualizado: 27.08.2026 06:01

Mientras el presidente Abelardo De La Espriella firmaba, en vivo y en directo, la extradición de Geovany Andrés Rojas, conocido como ‘Araña’ y máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, una carta firmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, llegaba al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta. En la misiva, conocida por EL TIEMPO, la defensora pide al Gobierno sostener el proceso de reintegración de 99 integrantes de esa estructura armada que permanecen concentrados desde hace más de dos meses en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la vereda Betania, en Valle del Guamuez, Putumayo.La ZUT se instaló el 17 de junio de 2026, con Geovany Andrés Rojas presenciando el acto oficial desde una celda de la cárcel La Picota, donde permanece bajo custodia de las autoridades desde su captura en un hotel del norte de Bogotá, durante el tercer ciclo de diálogos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente de la Segunda Marquetalia integrado por los Comandos de Frontera. Su extradición, autorizada por la Corte Suprema de Justicia, había sido suspendida por el gobierno Petro mientras se mantenían los avances del proceso de paz.Miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dejan sus armas. Foto:AFP86 hombres y 13 mujeres ingresaron a esa zona de concentración —la única que dejó en pie la política de paz total— con incertidumbre sobre su futuro y mientras su máximo vocero enfrentaba la posibilidad de ser enviado a Estados Unidos tras el cambio de gobierno. Los 99 integrantes entregaron 105 armas y más de 24.000 municiones a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y se pusieron a disposición de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).Actualmente, según explica la defensora del Pueblo en su carta, los 99 integrantes están a la espera de decisiones que permitan iniciar su ruta de sometimiento a la justicia, algo que, para Marín, está “en línea con el llamado público que ha hecho el presidente Abelardo De La Espriella para estos efectos”.“Independientemente de la decisión discrecional del Presidente sobre los procesos de paz, la Defensoría solicita al Gobierno sostener el proceso de reintegración ya iniciado por estas 99 personas y evaluar, de conformidad con sus políticas, opciones jurídicas para su sometimiento a la justicia que se definan en conjunto con la Fiscalía General de la Nación”, se lee en la misiva.Carta de la defensora del Pueblo. Foto:Captura de pantalla.Ante este escenario, la Defensoría pidió abrir un espacio interinstitucional en el que participen el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Dapre-Consejería de Paz, la ARN y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de abordar la situación y definir las acciones que permitan darle continuidad al proceso. A estas entidades les remitió copia de la comunicación.“Lo anterior permitirá, no solo honrar el llamado público hecho por el Presidente para quienes abandonen la guerra y se sometan a la justicia, si no prevenir la reincidencia y contribuir a la mejora de la situación de seguridad para las comunidades aledañas. Existen, además, decisiones urgentes que se deben adoptar por parte del Gobierno respecto de las medidas de seguridad y sostenimiento de la zona de concentración que impactan directamente a la población civil que rodea la zona”, advirtió Marín.El impacto de la extradición de ArañaLlegada a la zona de ubicación. Foto:AFPFuentes del equipo negociador de la pasada administración, que renunciaron el 6 de agosto y se apartaron tanto del proceso como de la ZUT, señalaron que, antes del cierre del anterior gobierno, ya se contemplaba que el levantamiento de la suspensión de la orden de extradición de alias Araña podía darse después del 7 de agosto. Para explicar a los integrantes de la ZUT los efectos que tendría ese escenario, se realizó una reunión con los 99 combatientes.En ese encuentro, los hombres y mujeres manifestaron su intención de continuar en el proceso, incluso si se hacía efectiva la extradición de Araña. “Dijeron que se mantenían en decisión de tránsito y desprenderse de la estructura militar. Esa es una decisión que no dependía del señor Rojas”, señaló una fuente.“Si el nuevo gobierno es sensato, debe mantener eso”, agregó la fuente, al señalar que la Fiscalía podría acordar los términos de un eventual sometimiento.Personas que se mantienen activas en las labores administrativas de la Consejería de Paz —que ahora pasará a llamarse Consejería de Seguridad— señalaron que ya se adelantaron las identificaciones y las actividades de reincorporación temprana. Actualmente, los hombres se encuentran en actividades propias de la reintegración. El pasado 24 de agosto se realizó un curso de manipulación de alimentos, bajo la orientación del Sena. EL TIEMPO pudo acceder a algunas imágenes.Curso de manipulación de alimentos del 24 de agosto de 2026. Foto:Cortesía.Sobre los 99 integrantes que ingresaron a la zona no pesan órdenes de extradición ni recaen las acusaciones por los crímenes más graves. Si el Gobierno decide poner fin a la ZUT, deberá notificarlo al grupo con al menos 72 horas de anticipación para que desocupe la zona. También existe un protocolo de terminación anticipada del proceso en caso de incumplimientos graves por parte de cualquiera de los actores.Conocedores del proceso aseguran que la decisión no debería tardar más, pues la demora pone en riesgo la seguridad no solo de los hombres que ingresaron sin armas a la ZUT, ante la presencia de otros actores armados en la región, sino también de las autoridades estatales y de las comunidades aledañas. Por ahora, la extradición de Araña no implicaría la suspensión del proceso, a menos que el Ejecutivo determine lo contrario.JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZRedacción Política Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.