NoticiaLa iniciativa fue presentada el 14 de agosto en el Congreso y propone crear el delito de “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”.El proyecto respaldado por 15 congresistas plantea sanciones para quienes promuevan, financien, intermedien u organicen procesos de maternidad subrogada, incluso en modalidades gratuitas. Foto: iStockPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD26.08.2026 16:44 Actualizado: 26.08.2026 16:44
El debate sobre la maternidad subrogada llegó nuevamente al Congreso de la República. El pasado 14 de agosto de 2026 fue radicado un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia la explotación reproductiva mediante esta práctica, que consiste en que una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra persona o pareja.La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, con el respaldo de quince congresistas de distintas bancadas, entre ellas el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, el Centro Democrático, el Pacto Histórico y Dignidad y Compromiso. El proyecto también cuenta con acompañamiento académico e institucional de Redifam, la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia; Ilfarus, el Instituto Latinoamericano de la Familia, y la facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. LEA TAMBIÉN En Colombia pueden ofrecer desde $5 hasta $60 millones para que una mujer alquile su vientre. Foto:IstockEl proyecto parte de una ausencia de regulación específica sobre la maternidad subrogada en Colombia. De acuerdo con el documento, la normativa vigente se refiere de manera general a la determinación de la maternidad y establece que la madre es quien da a luz al hijo. Ese vacío ha sido advertido de manera reiterada por la Corte Constitucional.Diana Muñoz Gómez Gómez, abogada del Instituto Latinoamericano de la Familia (Ilfarus), explicó que la Corte Constitucional se ha referido al asunto desde la Sentencia T-968 de 2009 y posteriormente en decisiones como las sentencias T-275 de 2022 y T-127 de 2024. Según la jurista, el alto tribunal ha señalado que corresponde al Congreso decidir, mediante el debate democrático, si la práctica debe prohibirse, permitirse o admitirse bajo determinadas circunstancias.La discusión, sin embargo, no es nueva en el Legislativo. Según una investigación doctoral de Muñoz, entre 1998 y 2025 se han presentado al menos 20 proyectos de ley relacionados con la maternidad subrogada, pero todos fueron archivados sin convertirse en norma.“Colombia no tiene un problema de inexistencia de marco legal, sino de existencia de una práctica que funciona de manera contraria al derecho vigente”, afirmó la abogada.El proyecto presentado ahora plantea que la maternidad subrogada constituye una forma de explotación reproductiva y propone intervenir penalmente las conductas relacionadas con ella. El texto crea el tipo penal de “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”, que aplicaría tanto para modalidades comerciales como gratuitas. LEA TAMBIÉN Las sanciones estarían dirigidas contra quienes promuevan, intermedien, financien u organicen esta práctica. Las penas propuestas irían de 120 a 192 meses de prisión, acompañadas de multas de entre 500 y 1.500 salarios mínimos. Además, las sanciones se agravarían cuando exista una situación de vulnerabilidad de la mujer gestante.El representante Luis Miguel López. Foto:Archivo particular.El representante López Aristizábal ha cuestionado la práctica desde una perspectiva de derechos y la ha descrito como un contrato de explotación, instrumentalización y venta. Desde la Cámara de Representantes sostuvo que existe una industria que se lucra de la maternidad subrogada y rechazó que la vida humana pueda convertirse en objeto de negociación.“Aquí hay una industria gigante en el mundo y también en Colombia, que se lucra de este negocio de la maternidad subrogada y con la vida humana no se puede negociar. Los niños no están a la venta, no se compran, no se venden, las mujeres no se alquilan tampoco, ni sus vientres”, afirmó.Uno de los elementos que sustenta la iniciativa es la dimensión económica de esta actividad. Actualmente no existe una cifra oficial que permita determinar cuántas mujeres en Colombia se someten a la maternidad subrogada, pero sostiene que se trata de una industria que mueve millones de dólares al año y que el país se ha convertido en un destino de turismo reproductivo por la oferta disponible.Según el documento, un procedimiento de maternidad subrogada puede costar entre 60.000 y 90.000 dólares en Colombia, mientras que en Europa el valor se calcula entre 110.000 y 250.000 dólares. Sin embargo, para los promotores del proyecto, el debate trasciende los costos y se concentra en las implicaciones que la práctica tendría sobre los derechos de las mujeres gestantes y de los niños.Para Muñoz, el principal problema ético está en la instrumentalización simultánea de dos personas: la mujer gestante y el niño. En el caso de la mujer, explicó, se corre el riesgo de que deje de ser considerada integralmente como persona para convertirse en el medio necesario para cumplir el proyecto reproductivo de un tercero.La abogada también cuestionó la idea de que el deseo de ser padre o madre pueda situarse como un derecho frente a terceros, particularmente cuando existen desigualdades entre las partes. En ese contexto, señaló que el niño puede quedar sometido a una lógica contractual y, con frecuencia, económica, en la que su entrega constituye la condición para cumplir el acuerdo.El proyecto de ley busca poner fin a la maternidad subrogada en Colombia. Foto:iStockEl proyecto también contempla la llamada maternidad subrogada altruista, en la que la mujer gestante no recibe dinero. Para Muñoz, que no exista un pago directo no elimina necesariamente los cuestionamientos éticos. Según explicó, la ausencia de un precio explícito no resuelve por sí sola la instrumentalización ni las posibles asimetrías de poder entre las partes.Los promotores de la iniciativa también citan los riesgos identificados por la Corte Constitucional en relación con los derechos de los niños. Entre ellos se encuentran asuntos relacionados con la identidad, el derecho a conocer los propios orígenes, la filiación y la nacionalidad, así como eventuales situaciones de apatridia. También se ha advertido que determinadas modalidades remuneradas podrían configurar situaciones asimilables a la venta y trata de niños.En el caso de las mujeres gestantes, el proyecto señala posibles afectaciones a derechos como la dignidad humana, la igualdad, la autonomía, la integridad física y psicológica, la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Muñoz recordó además que en 2024 la Corte Constitucional advirtió sobre escenarios propicios para la explotación reproductiva y la instrumentalización del cuerpo de la mujer, especialmente cuando intervienen mujeres en condiciones de vulnerabilidad. LEA TAMBIÉN La propuesta apenas inicia su trámite legislativo. Para convertirse en ley deberá superar primero los debates en la comisión constitucional competente y posteriormente en la plenaria de la Cámara de Representantes, corporación en la que comenzó su trámite. Después deberá pasar al Senado de la República, donde tendrá que surtir nuevamente el proceso de discusión y votación.En caso de que los textos aprobados por la Cámara y el Senado sean diferentes, será necesario realizar una conciliación antes de que la iniciativa pueda pasar a sanción presidencial.Además, el proyecto tendrá que enfrentar una consideración adicional: debido a que su contenido desarrolla de manera directa y estructural derechos fundamentales, deberá analizarse si corresponde tramitarlo como una ley estatutaria.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcros Sigue toda la información de Salud en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
