El control a los dineros privados que ingresan a las campañas electorales se hace con apoyo de convenios interinstitucionales, aunque sus efectos y resultados aún se desconocen. En la víspera de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el próximo 29 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) renovó este miércoles, 26 de agosto de 2026, un convenio con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y, días atrás, suscribió un acuerdo con la Contraloría General del Estado.El CNE y la UAFE han suscrito varios acuerdos para identificar y prevenir posibles delitos de lavado de activos en las campañas políticas, considerando que los partidos y movimientos son sujetos obligados no financieros a informar de sus actividades. PublicidadEste 26 de agosto de 2026, el presidente del Consejo, José Cabrera y la directora general de la UAFE, Ana Paula Patiño, suscribieron otro de cinco puntos para coordinar acciones en esa línea. Cabrera apuntó que esto es un “mensaje de advertencia para quienes pretenden vulnerar las reglas del juego democrático” y garantizar la transparencia del proceso electoral. De su lado, Patiño indicó que se trabajará en identificar posibles vínculos entre el financiamiento electoral y estructuras delictivas. “Prestaremos especial atención a los movimientos de fondos desde o hacia el extranjero. Nuestro objetivo es claro: cerrar espacios a dinero de origen ilícito y proteger la integridad del proceso electoral”, agregó la funcionaria.PublicidadPublicidadEntre las acciones que implica este acuerdo, está el de analizar la información de las organizaciones, candidatos y aportantes para identificar perfiles económicos inusuales o sospechosos; y, permitiráque la UAFE acceda a los reportes del Sistema de Expedientes de Cuentas de Campaña (SIFE) que implementó el órgano electoral. Ello, considerando que el Código de la Democracia obligó al CNE a desarrollar dos sistemas de control para controlar los dineros que pueden recibir las organizaciones políticas a través del denominado “gasto electoral”. Uno es el Sistema Contable Electoral para el Financiamiento de la Política (Sicofip), en el que los representantes de las agrupaciones políticas deben registrar su contabilidad cada quince días; y el Sistema de Interconexión de Datos para el Control del Financiamiento a la Política (SID), que permite acceder a información de las instituciones públicas para validar y verificar ingresos y egresos que se hacen al Sicofip, y de hallar novedades, procesarlas y remitirlas a la entidad competente. En estos sistemas deben participar las superintendencias, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la UAFE, la Contraloría, entre otras entidades. Después de un proceso electoral, los partidos y movimientos deben tener sus cuentas en regla, porque de hallarse indicios de una posible infracción electoral grave, se remite al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para su resolución. Sin embargo, según estadísticas del TCE, en 2023 ingresaron 96 denuncias por la presunción de infracciones electorales relacionadas con las cuentas de campaña, de las cuales 88 se resolvieron. Pero solo una tuvo una sanción. PublicidadLuego, entre enero y diciembre de 2025, al TCE ingresaron 618 recursos, de los que 450 fueron denuncias por las cuentas de campaña: 420 se resolvieron y apenas ocho tuvieron una sanción. Para ahondar en esta tarea de prevención, en marzo de 2026 se firmó un convenio para la implementación del Equipo Interinstitucional de Inteligencia Financiera (EIIF) entre el CNE y la UAFE, con el fin de coordinar y priorizar los casos complejos de lavado de activos y delitos financieros, promover programas de capacitación, reformas legales y, entre otros ejes, compartir bases de datos e información. Para la directora de la UAFE, el control de los dineros que entran para las campañas es todavía un desafío institucional por los límites legales.Cada mes, los sujetos obligados deben enviar a la UAFE un reporte de sus transacciones en los primeros días de cada mes, “cuya cuantía sea igual o superior a $ 10.000”.“Las organizaciones políticas nos pueden reportar simplemente operaciones que superen el umbral. ¿Cuál es el umbral? $ 10.000. Entonces, si reciben mensualmente $ 8.000, no nos van a reportar. Por ello, impulsamos una cooperación interinstitucional para hacer análisis completos de los aportes y el financiamiento relacionados con las próximas elecciones”, expresó Patiño.En tanto, en el control de los recursos públicos que puedan ser usados por las organizaciones políticas para temas proselitistas, el CNE coordinaría acciones con la Contraloría. En este caso, la Contraloría se compromete a vigilar que no se usen recursos del Estado en eventos proselitistas; a investigar si hay denuncias y, de ser el caso, enviarlas al CNE para que determine la existencia de una posible infracción electoral. Estos convenios se han firmado en varias ocasiones desde 2018, pero se desconoce si han dado resultados. Desde la Contraloría, una funcionaria señaló —a través de un mensaje de texto— que la información es “un insumo para el ejercicio de las competencias de control de las instituciones involucradas” y que, al momento, “no es posible proporcionar información individualizada” sobre las instituciones, candidatos, excandidatos o actuaciones específicas, tanto de procesos electorales anteriores como del proceso en curso. (I)