El monitoreo de unos 300 medios de comunicación tradicionales y digitales, de las redes sociales y reportes de las delegaciones provinciales se usarían para vigilar que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no violen las prohibiciones legales para hacer sus campañas electorales. Del 12 al 26 de noviembre regirá un periodo de campaña electoral para que los candidatos a ocupar las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana promulguen sus ofertas para llegar al cargo, al igual que para los aspirantes a los gobiernos seccionales que se elegirán el 29 de noviembre, y es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el responsable de controlarlos.Luego de que en el 2018 por consulta popular se aprobó el cambio de método para elegir a los catorce consejeros —siete principales y sus suplentes— de Participación Ciudadana, de concursos de méritos a voto popular, la Constitución y la Ley del CPCCS prohíben que los aspirantes a esos cargos sean promocionados por ningún partido o movimiento político, funcionario público o candidato. PublicidadPese a la prohibición, excandidatos que participaron en los comicios del 2023, afines al movimiento Revolución Ciudadana (RC) y que se autodenominaron ‘liga azul’, la incumplieron e hicieron proselitismo en las redes sociales. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) los sancionó con la destitución de sus cargos y fijó un precedente: “(...) La propaganda realizada por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tenga por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral debe ser considerada publicidad electoral; y como tal, está sujeta a control por parte de los órganos de la Función Electoral, dentro del ámbito de sus competencias”, establece el fallo suscrito en mayo de 2024, con el que se sancionó a Alembert Vera, exconsejero. Para llevar ese control, el CNE suscribió un contrato con la empresa Estadística y Servicios de Control Publicitario (Escopusa) por $ 38.399, cuyo objeto es dar seguimiento a la información que se publique respecto del proceso electoral. PublicidadPublicidadEsta vigilancia se hará a prensa, radio, televisión, plataformas online, redes sociales: X, Facebook, Instagram y YouTube. También, los contenidos que se produzcan en 205 medios de comunicación, de los cuales deben ser mínimo 20 canales de televisión, 35 frecuencias de radio, 30 periódicos, 20 revistas y un “mínimo” de 100 medios de comunicación digitales. Adicionalmente, se capacitará a los funcionarios de las delegaciones provinciales electorales sobre cómo dar seguimiento a los medios digitales. Es el CNE la única institución que tiene la atribución para difundir la trayectoria y propuestas de los aspirantes.Supervisión de la Contraloría para los precandidatos que están en funciones públicasPara llegar al CPCCS se inscribieron 309 personas, de las que siete son actuales consejeros y quieren repetir: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán, Johnny Escobar y Nicole Bonifaz. Sus candidaturas no están inscritas todavía y de ser calificadas por el CNE, tendrán que pedir licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Uno de los aspirantes, Roberto Gilbert, que era vocal, desistió de seguir en el proceso.PublicidadDebido a que están en funciones y aún son precandidatos, “quien debe observarlos es la Contraloría General del Estado, porque siguen siendo servidores”, explicó el presidente del CNE, José Cabrera. “El momento en el que el Consejo Electoral califica las candidaturas arranca el control. En este momento, si alguno de los candidatos y funcionarios activos está haciendo campaña, debe ser observado por la Contraloría”, agregó Cabrera. El Pleno del CPCCS debe sesionar cada miércoles. Sin embargo, la plenaria de este 29 de julio no se hizo pública y se la había declarado permanente para retomarla en los siguientes días.Algunos de los consejeros están de recorrido en los “territorios” o en sus provincias de origen. La consejera Piedad Cuarán publicó de su agenda en Imbabura, de donde es oriunda.Andrés Fantoni estuvo en reuniones con transportistas y estudiantes en Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, según publicaciones en las redes sociales del CPCCS. De las consejeras Verdezoto, Enríquez, Rosero, Escobar y Bonifaz no trascendió información.Estos siete vocales son parte del listado de 308 inscritos al CPCCS, cuyas carpetas están siendo valoradas por una comisión verificadora integrada por funcionarios del CNE para descartar a quienes estén incursos en prohibiciones o inhabilidades. El plazo para verificar el cumplimiento de requisitos termina el 12 de agosto y el Pleno del CNE deberá aprobar los informes de admisibilidad. Quienes sean descalificados podrán impugnar.Los que superen esta fase se enfrentarán a la impugnación ciudadana en la que pueden ser objetados por falta de probidad notoria e idoneidad. El 28 de agosto se conocerá el listado aprobado por el CNE, y quienes se sientan afectados podrán apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Se estima tener el listado final de candidatos el 24 de septiembre y serán quienes estarán en las papeletas que recibirán los electores el 29 de noviembre. (I)