El Gobierno de José Antonio Kast ha dado por finalizada este miércoles la Operación Cancerbero, el plan ejecutado por Gendarmería que trasladó en 10 días a 1.500 reclusos de alta y máxima peligrosidad desde distintas cárceles de Chile hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha calificado el operativo como “el envío más grande de prisioneros de máxima y alta seguridad en simultáneo a un penal del país”. El operativo, que arrancó a mediados de agosto, dejó la ocupación del recinto en el 83,2% de su capacidad total, y se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo con la que el Ejecutivo busca endurecer el sistema penitenciario chileno, tomando como referencia el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.La operación arrancó el 13 de agosto, cuando 690 reclusos —entre ellos nueve líderes de organizaciones de crimen organizado, trasladados cada uno en un coche blindado individual— fueron trasladados hasta el recinto penitenciario de Talca en una jornada que empleó 50 vehículos, entre ellos buses, helicópteros y apoyo médico y mecánico. Los movimientos prosiguieron en cinco días distintos, con centenares de presos provenientes de los penales de la zona centro-sur del país y del centro hasta completar los 1.500. La ocupación del Complejo Penitenciario La Laguna alcanza este miércoles los 1.931 internos, equivalentes al 83,2% de su capacidad total (2.320 plazas), según el balance del ministerio. El Complejo Penitenciario La Laguna cuenta con 14 módulos de reclusión, más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, una treintena de detectores de metales, tres escáneres corporales y tres equipos de detección de drogas y explosivos, además de un sistema de bloqueo de señal para impedir el uso de celulares al interior. El régimen de máxima seguridad contempla celdas individuales, dos horas y 15 minutos de patio diario, comidas servidas dentro de la celda, la ausencia de vis a vis y visitas realizadas exclusivamente a través de locutorios sin contacto físico, además de restricciones al número y frecuencia de encomiendas y a los traslados internos dentro del propio penal. El despliegue del primer día —transmitido en vivo por los canales oficiales del Gobierno, con imágenes de los reclusos avanzando engrillados de manos y pies, vestidos de naranja y azul, y con la cabeza agachada— fue comparado con el estilo del presidente Bukele, a quien Kast visitó en enero, antes de asumir el cargo, para pedirle asesoría en materia penitenciaria y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El complejo de La Laguna, a las afueras de Talca, había sido inaugurado en enero de 2025 por el entonces presidente Gabriel Boric.La puesta en escena provocó críticas en la izquierda, calificandolo de un “espectáculo”. El ministro de Seguridad, Martin Arrau, consultado en Tolerancia Cero, de CNN Chile, sobre si estaba cómodo con el tono público del operativo, defendió que “es importante mostrarlo”. “Primero, por transparencia, porque se muestra lo que se está haciendo, pero también, lo más importante, es para dar señales”, explicó. ”Cuando decimos que las personas se van a ir a estos tipos de regímenes, donde se muestra realmente que la gente está con uniforme, donde se muestra la celda, donde están 22 horas solos adentro (...) Bueno, que la gente lo sepa y también los delincuentes lo sepan”, añadió. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, sostuvo este miércoles que los resultados del operativo, enmarcado en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, coinciden con la entrada en vigencia de la Ley Antipelotazos, “que fortalece las herramientas para sancionar con mayor severidad el ingreso ilícito de elementos a los recintos penitenciarios”. El respaldo ciudadano al operativo específico contrasta con una evaluación más crítica de la gestión de seguridad en general. El Plan Cancerbero -un nombre de película acuñado por el actual encargado de comunicaciones del Gobierno- ha sido respaldado por la ciudadanía. Tras el operativo inicial más publicitado, un 93% se declaró de acuerdo con el traslado de los reos a módulos de máxima seguridad y un 62% lo consideró “un cambio real en materia penitenciaria, que tendrá efectos sobre la seguridad”, según la Cadem de mediados de agosto. Sin embargo, solo un 27% cree que el Gobierno de Kast muestra un cambio “muy claro” frente a administraciones anteriores en el combate a la delincuencia en su conjunto y un 38% no percibe un cambio significativo. La seguridad fue una de las promesas principales de la campaña de Kast frente a la preocupación prioritaria de los chileno. Cinco meses después de su llegada al poder, un 73% declara sentir “mucha o bastante” preocupación por la delincuencia y un 61% cree que el Estado está siendo “sobrepasado” por la delincuencia. La Agenda Criteria, que también midió el pulso sobre el asunto el 13 de agosto, reveló que un 54% califica la gestión de Kast en seguridad como “peor o mucho peor” de lo que esperaba.