El Ejecutivo auton�mico pagar� casi 500 millones a varias cadenas afectadas por la moratoria de 2003 y abre la puerta a nuevos proyectos en CanariasEl Gobierno de Canarias y varias cadenas hoteleras locales, entre las que destaca Lopesan, han dejado atr�s casi un cuarto de siglo de litigios en las islas con un acuerdo que implica que el Ejecutivo regional pagar� a la compa��as afectadas por el impacto de la moratoria tur�stica en algunos de sus proyectos una indemnizaci�n de cerca de 500 millones de euros. Este desembolso supone la mitad de la cifra reclamada por estas empresas.El principal beneficiado del acuerdo es Grupo Lopesan, que recibir� unos 300 millones de euros, al ser la cadena que tuvo que frenar un mayor n�mero de proyectos por la moratoria en Fuerteventura y Gran Canaria. Seg�n informa el medio canario Atl�ntico Hoy, Lopesan ingres� ya el dinero el pasado martes. Fuentes de la cadena consultadas por EXPANSI�N descartaron hacer ning�n comentario al respecto.Adem�s de la indemnizaci�n, el acuerdo del Gobierno regional con las cadenas abre la puerta a construir en algunas de las parcelas afectadas por la moratoria. El Ejecutivo auton�mico ha decidido no aplicar de forma autom�tica la reclasificaci�n de las parcelas como suelo r�stico durante cinco a�os, dejando que sean los planeamientos municipales vigentes los que determinen qu� uso puede darse a cada una de ellas.Municipios afectadosLas 36 parcelas afectadas por la medida se localizan en los t�rminos municipales de San Bartolom� de Tirajana y Mog�n, ambos en Gran Canaria, as� como P�jara (Fuerteventura) y Yaiza (Lanzarote). En concreto, de las parcelas afectadas una treintena est�n en el sur de Gran Canaria, cinco en Fuerteventura y una en Lanzarote.El conflicto entre las empresas y el Gobierno canario tiene su origen en la Ley 19/2003, del 14 de abril, que aprobaba las Directrices de Ordenaci�n General y las Directrices de Ordenaci�n del Turismo de Canarias, dando continuidad a la llamada moratoria tur�stica iniciada en el a�o 2001 (ver informaci�n adjunta).Ante estas medidas, varias empresas acudieron a los tribunales al considerar que la moratoria les impidi� materializar derechos urban�sticos que ya ten�an reconocidos antes de que el Gobierno de Canarias, liderado entonces por Rom�n Rodr�guez, del partido Coalici�n Canaria, aprobar� la Ley 19/2003.Adem�s de Lopesan, entre las cadenas afectadas por la paralizaci�n de proyectos hoteleros debido a la moratoria estaban tambi�n Grupo Satocan, Dreamplace o Seaside Hotels.Suspensi�n de proyectosLas empresas hoteleras afectadas contaban con suelos clasificados de tur�sticos antes de la entrada en vigor de la moratoria y dispon�an de Plan Parcial y de Proyecto de Urbanizaci�n aprobados por todas las administraciones p�blicas canarias, incluido el propio Gobierno regional.Los suelos, pendientes de desarrollo, se vieron afectados por la entrada en vigor de la moratoria, lo que implic� la suspensi�n de todos los permisos, licencias y autorizaciones.Se espera que algunas empresas estudien, a partir de ahora, si el planteamiento municipal vigente permite relanzar en las parcelas afectadas sus proyectos hoteleros en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.Los orígenes del conflicto están en el Decreto 4/2001 aprobado hace ya un cuarto de siglo con el propósito de cambiar el modelo territorial de Canarias hacia uno que implicará un desarrollo sostenible del turismo. La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente prohibió el otorgamiento de nuevas licencias turísticas durante un año en Tenerife, Gran Canarias, Fuerteventura y Lanzarote, y durante seis meses en El Hierro, La Gomera y La Palma. El decreto estableció también medidas cautelares que suspendían la tramitación y aprobación de determinados instrumentos de planeamiento y de ejecución relacionados con el uso turístico. Esto implicó que varias empresas y ayuntamientos recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que suspendió el decreto.Dos años después vio la luz la Ley 19/2003, una moratoria que definió un nuevo modelo territorial y turístico; limitó el crecimiento de nuevas plazas turísticas; y obligó a adaptar el planeamiento urbanístico insular. Esta norma provocó que propietarios que ya tenía un aprovechamiento urbanístico concedido no pudieran materializarlo y ocasionó asimismo una avalancha de recursos por parte de algunos afectados.