La ley en España establece que la policía no puede revisar un móvil personal sin autorización judicial previa y motivada. (Imagen Ilustrativa Infobae)Al estar caminando por la calle o manejando un vehículo y que la policía intervenga solictando tu móvil, la respuesta inmediata debe ser negarse a esa petición.La ley en España es clara sobre el acceso a los dispositivos móviles personales, considerándolos un elemento privado, por lo que se necesita un permiso especial para revisarlo, así como si fuera tu casa.PUBLICIDADLa Constitución Española, en su artículo 18, establece garantías explícitas sobre la intimidad personal, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. Aunque la Carta Magna data de 1978, la jurisprudencia y la legislación han ido adaptándose a los retos del siglo XXI, reconociendo que la privacidad no solo se juega en el domicilio físico, sino también en el ámbito digital o “morada virtual”.El Tribunal Supremo, mediante sentencias como la STS 489/2018, ha dejado claro que el acceso a los datos almacenados en un teléfono móvil constituye una injerencia en derechos fundamentales, por lo que requiere autorización judicial previa y motivada. PUBLICIDADEl Tribunal Supremo afirmó en la STS 489/2018 que acceder a los datos de un teléfono móvil implica una injerencia en derechos fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), tras su reforma, regula de forma exhaustiva el tratamiento de estos dispositivos en investigaciones penales. El artículo 588 sexies establece que solo una resolución judicial puede habilitar el acceso al contenido, garantizando que no se vulnere el “entorno virtual” de las personas sin las debidas garantías.En la práctica, esto significa que un agente no puede revisar el interior de tu móvil simplemente porque lo desee. Aunque sí puede solicitar tu identificación o incluso incautar el dispositivo si hay indicios de delito grave, no le está permitido inspeccionar mensajes, fotos ni aplicaciones sin el preceptivo aval judicial. Esta protección se aplica tanto en detenciones como en controles de tráfico.PUBLICIDADEn situaciones de detención, la policía puede intervenir el teléfono móvil como objeto relacionado con una investigación, siempre que existan motivos fundados. Sin embargo, el análisis del contenido requiere autorización judicial expresa. El derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, consagrados en la Constitución, funcionan como un muro legal que protege los datos almacenados en los dispositivos.El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de cualquier persona a no declarar contra sí misma y a no facilitar contraseñas bajo presión policial. Por tanto, si un agente solicita el desbloqueo del móvil, la persona puede negarse argumentando su derecho a la asistencia letrada y a no autoincriminarse. PUBLICIDADLa Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 588 sexies, dispone que solo una resolución judicial permite acceder al contenido del móvil.