El Gobierno andaluz ha autorizado al vertedero de residuos industriales de Nerva (Huelva) a prolongar su vida útil hasta un cierre “ordenado”, pero sin aclarar los plazos para la clausura de estas instalaciones, que reciben residuos industriales peligrosos y no peligrosos. El Ejecutivo autonómico ha aprobado la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada (AAI) del centro de gestión propiedad de la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), para así “reconformar la explotación, sellado y la futura clausura en cuatro fases”. El vertedero de Nerva lleva 28 años atormentando a sus 5.000 vecinos por los malos olores y el riesgo de contaminación medioambiental. En 2022 saltó la polémica al trascender el traslado a granel de 38.000 toneladas de granalla desde Montenegro, y cuya continuación abortó el Gobierno de España. En 2023 la Junta ordenó el cierre de todos los vasos de residuos peligrosos del vertedero tras imponerle una multa de 1,68 millones por ocultar que habían superado en casi tres millones de toneladas la capacidad del 71% de todo el depósito. Tras el recurso de la compañía, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente anuló la sanción y la dejó en papel mojado. En 2019 la compañía inició un procedimiento para reorganizar la instalación y luego reactivó el proceso administrativo con más documentación en 2025. La resolución, avanzada por Abc, supone un cambio del modelo de funcionamiento del centro. El proyecto pretende reducir el peso del depósito directo en vertedero y aumentar las operaciones de tratamiento, reciclaje y valorización de residuos. El objetivo de DSM es que el depósito quede reservado para aquellos residuos que no puedan ser valorizados, reciclados o recuperados.El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Nerva, José Luis Lozano (independiente), ha calificado la decisión de “verdadero jarro de agua fría” para la población, después de tres décadas de actividad del vertedero. A su juicio, la modificación supone “abrazarse a este pretexto de la economía circular para alargar la vida de un vertedero” que, sostiene, ha condicionado el futuro del municipio. Lozano ha cuestionado además que la decisión se haya conocido en agosto y durante las fiestas locales, circunstancias que ha tildado de “premeditación, alevosía y nocturnidad”. El Ayuntamiento estudia ahora el contenido de la resolución y agotará “todos los recursos” disponibles.La autorización contempla cinco unidades destinadas al tratamiento de residuos sólidos: una será una planta de combustible sólido de sustitución, con residuos de vehículos antiguos y otros residuos no peligrosos de alto poder calorífico para obtener un combustible destinado a los hornos de la industria cementera. También se prevé una planta de reciclado y valoración de envases y chatarra contaminada. Su función será descontaminar envases metálicos y plásticos, así como tratar chatarra contaminada con compuestos orgánicos industriales. Los líquidos procedentes del lavado serán derivados a la planta de tratamiento de aguas.La tercera instalación será una planta de lavado y biorremediación de suelos contaminados, destinada al tratamiento de suelos excavados. El proyecto combina un proceso de lavado para separar las fracciones contaminadas y una fase posterior de biorremediación. La instalación contempla una capacidad de tratamiento de hasta 80.000 toneladas anuales para el conjunto integrado de lavado.El complejo mantendrá además la planta de estabilización y solidificación, ya autorizada previamente, para reducir la movilidad de los contaminantes mediante distintos reactivos antes del depósito de determinados residuos. La quinta unidad será una planta de triaje y acondicionamiento mecánico, con equipos de selección, trituración, prensado y compactación de residuos.La modificación incorpora también un nuevo modelo de gestión de los efluentes líquidos. La planta está diseñada para gestionar 73.845 metros cúbicos anuales procedentes tanto de residuos líquidos industriales externos como de lixiviados y aguas generadas en las propias instalaciones. El proyecto plantea que el agua tratada pueda reutilizarse en procesos internos, en el mantenimiento de las instalaciones y en las cubiertas vegetales de los vasos una vez clausurados. Uno de los elementos centrales de la autorización es el nuevo modelo de clausura de los vasos, aunque se omite mención alguna a los plazos. Eso sí, el proyecto contempla un periodo mínimo de postclausura de 30 años, durante el que deberán mantenerse las labores de vigilancia y control de las instalaciones. El expediente incluye además la evaluación ambiental de la modificación y adapta el funcionamiento del centro a la normativa estatal y andaluza en materia de residuos y economía circular. La Junta sostiene que la transformación permitirá avanzar desde un modelo centrado en el depósito hacia otro basado en el tratamiento y la valorización de residuos.Sin embargo, la autorización concedida este verano no agota la vía administrativa. Contra ella puede presentarse recurso de alzada ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. De hecho, Ecologistas en Acción ya ha anunciado que presentará dicho recurso de alzada. Rosa Fernández, miembro de la organización, ha asegurado que la organización ha recibido la decisión «con sorpresa», especialmente porque la justicia está pendiente de resolver varios recursos contencioso-administrativos relacionados con el vertedero, cuya tramitación debe retomarse en septiembre.La organización conservacionista considera que el proyecto prolongará durante décadas la actividad del vertedero. «Aunque se hable de que se está cerrando, lo primero que se va a hacer es ampliarlo para supuestamente cerrarlo», ha criticado Fernández, que calcula que la actividad podría prolongarse otros 30 años. La empresa ha declinado realizar declaraciones con el argumento de que se encuentra examinando el detalle de la nueva autorización. La Junta determina en la autorización, por último, que con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad, DSM deberá celebrar unas jornadas informativas dirigidas a la población de Nerva y de los municipios próximos, con la suficiente difusión y publicidad para garantizar la participación de los vecinos interesados. En las jornadas, DSM deberá informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, en particular en materia de olores y ruido, así como sobre aquellas otras cuestiones de interés relacionadas con el condicionado establecido en la presente autorización.