Los vicepresidentes de Castilla y León, Carlos Pollán; Extremadura, Óscar Fernández; y Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, no acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia convocada este jueves y en la que se prevé que se aprueben los 25 millones de euros para Ceuta y se aborde el traslado de los menores migrantes de la ciudad autónoma al resto del territorio nacional. Plantarán, así, a la ministra de Infancia, Sira Rego, a quien han expresado por carta su rechazo a recibir a los niños y adolescentes no acompañados de Ceuta. En esa línea, los tres vicepresidentes de Vox han avanzado, en la que es la segunda misiva mandada al ministerio desde el 8 de agosto, que impugnarán judicialmente cada expediente que no suponga el retorno a Marruecos de los menores que permanecen en distintos recursos de protección desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. En total, y según la última corrección del Gobierno, en Ceuta habría ahora unos 1.500 menores migrantes no acompañados, sumando a los que llegaron hace un mes y a los que ya había en los sistemas de acogida de la ciudad. Para aliviar la situación, se prevé que este jueves se aborde el traslado de 500 de esos niños al resto de comunidades autónomas, como ya se hizo en su momento con Canarias, Ceuta y Melilla. En la carta, los tres exponen su postura y expresan su "negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto" de menores inmigrantes desde Ceuta a la península. Los vicepresidentes autonómicos argumentan que "carece de fundamento" trasladar a ningún menor a otra región sin haber resuelto todavía los expedientes de retorno o de reunificación familiar conforme al artículo 35 de la ley de extranjería. Dicho artículo —reformado hace menos de dos años precisamente para introducir un mecanismo que permita reubicar a los menores migrantes de las comunidades más saturadas— establece que la reunificación familiar en el país de origen solo sería posible "si se dieran las condiciones adecuadas", siempre atendiendo a las necesidades concretas de cada niño y tomando la mejor decisión según el interés superior del menor. Las autonomías del PP han exigido reiteradamente la devolución automática de estos menores, pero el departamento de Sira Rego ya defendió hace unas semanas que "es ilegal repatriar a un niño o niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones". Según el orden del día de la Conferencia Sectorial, en el encuentro se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, que debe ser ratificado por las autonomías tras aprobarse este martes en el Consejo de Ministros. Además, la ministra ha propuesto incluir un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta, que tendrá que votarse. El objetivo, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.Para Vox, se trata de un "reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario" que "no supera el más elemental juicio de proporcionalidad". En la misiva, los vicepresidentes aseguran, además, que sus territorios ya están saturados por la acogida de menores y que no pueden asumir a más, e insisten en reivindicar su devolución a Marruecos. "¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva que es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no", argumentan.
Los consejeros de Vox plantan a Infancia en la reunión que abordará el traslado de menores desde Ceuta e impugnarán cada expediente
Castilla y León, Extremadura y Aragón rechazan recibir menores migrantes no acompañados de la ciudad autónoma y han anunciado en una carta que recurrirán judicialmente cualquier medida que no implique su devolución a Marruecos.













