Hay cosas que jurídicamente pueden discutirse, pero que socialmente resultan demasiado evidentes para negarlas.Una de ellas es la promoción anticipada de quienes aspiran a ocupar un cargo público.Por todas partes aparecen nombres, rostros, colores, frases cuidadosamente diseñadas y mensajes como “sí cumple”, “sí sirve” o “es tiempo de…”. Nadie pide abiertamente el voto. Nadie se declara formalmente candidato o candidata.Sin embargo, la ciudadanía reconoce a la persona promovida, identifica el partido al que pertenece y comprende cuál es el cargo al que probablemente aspira.Después viene la explicación: no es campaña; solamente se informa sobre un trabajo, se ejerce la libertad de expresión o se comparte una opinión ciudadana.¿De verdad debemos creer que todo eso sucede por casualidad?El problema no consiste únicamente en determinar si una frase satisface los elementos técnicos de un acto anticipado de campaña.La jurisprudencia electoral ha establecido que, para acreditar su elemento subjetivo, debe existir un llamado explícito o inequívoco al voto, o alguna expresión que funcione como su equivalente. También exige analizar el contexto, la audiencia, el medio de difusión y la trascendencia del mensaje.Estos criterios buscan proteger la libertad de expresión y evitar que cualquier manifestación política sea sancionada. Esa finalidad es legítima. Sin embargo, su aplicación excesivamente literal puede producir un efecto contrario a la democracia: permitir campañas que materialmente existen, aunque jurídicamente se presenten como otra cosa.Aquí aparece un problema más profundo: la distancia entre la verdad jurídica y la verdad social.Cuando una persona se promociona sistemáticamente, recorre comunidades, difunde logros, coloca mensajes con su nombre o alguna referencia que permite identificarla y construye una imagen pública vinculada con una futura elección, posiblemente no dice “vota por mí”. Pero tampoco está actuando sin propósito político. Está buscando posicionarse antes que los demás.Y adelantarse importa.Las campañas tienen plazos porque la equidad exige que quienes compiten comiencen, en principio, bajo condiciones semejantes. Si alguien puede instalar su nombre en la memoria colectiva durante meses o años, mientras otros esperan los tiempos legales, la contienda deja de ser equilibrada. La ventaja no aparece el día en que se registra la candidatura: se construyó mucho antes, mediante repetición, presencia territorial, publicidad y asociación emocional.No pretendo sostener que toda expresión de una persona interesada en participar políticamente deba prohibirse. Tampoco sería correcto silenciar a partidos, servidores públicos o ciudadanos. El desafío consiste en reconocer que la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para simular.La política debe cuidar no solamente la legalidad de sus actos, sino también su honestidad frente a la sociedad. Un partido puede defender jurídicamente que determinada propaganda no reúne los requisitos de una campaña anticipada. “Lo que no debería hacer es negar la intención política que cualquier observador razonable alcanza a percibir.”Esa negación deteriora la confianza pública. Le comunica al ciudadano que su inteligencia no importa, que aquello que observa no existe y que basta eliminar las palabras “vota por” para convertir una campaña visible en una actividad supuestamente neutral.La democracia necesita leyes, tribunales y procedimientos. Pero también necesita conciencia. Una conciencia democrática capaz de mirar el fenómeno completo y no solamente las palabras aisladas; de distinguir la expresión auténtica de la estrategia encubierta; de preguntarse quién paga la publicidad, con qué frecuencia se difunde, a quién beneficia y qué ventaja produce.Los tribunales electorales deben proteger la libertad de expresión, pero también la equidad y la autenticidad de las elecciones. Los partidos, por su parte, deberían comprender que no todo lo jurídicamente defendible resulta democráticamente aceptable.La ciudadanía observa. Compara. Recuerda. Sabe cuándo alguien trabaja y cuándo comienza anticipadamente una campaña.Negarlo quizá evite una sanción. Pero no evita algo más grave: que la sociedad sienta que la política pretende burlarse de ella.abogadoangel84@gmail.comÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Una campaña electoral anticipada es inequitativa y pone en riesgo la democracia, escribe Ángel Durán
Hay cosas que jurídicamente pueden discutirse, pero que socialmente resultan demasiado evidentes para negarlas.Una de ellas es la promoción anticipada de quienes aspiran a ocupar un cargo público.Por todas partes aparecen nombres, rostros, colores, frases cuidadosamente diseñadas y mensajes como “sí cumple”, “sí sirve” o “es tiempo de…”. Nadie pide abiertamente el voto. Nadie se declara formalmente candidato o candidata.Sin embargo, la ciudadanía reconoce a la persona promovida, identifica el partido al que pertenece y comprende cuál es el cargo al que probablemente aspira.Después viene la explicación: no es campaña; solamente se informa sobre un trabajo, se ejerce la libertad de expresión o se comparte una opinión ciudadana.¿De verdad debemos creer que todo eso sucede por casualidad?El problema no consiste únicamente en determinar si una frase satisface los elementos técnicos de un acto anticipado de campaña.La jurisprudencia electoral ha establecido que, para acreditar su elemento subjetivo, debe existir un llamado explícito o inequívoco al voto, o alguna expresión que funcione como su equivalente. También exige analizar el contexto, la audiencia, el medio de difusión y la trascendencia del mensaje.Estos criterios buscan proteger la libertad de expresión y evitar que cualquier manifestación política sea sancionada. Esa finalidad es legítima. Sin embargo, su aplicación excesivamente literal puede producir un efecto contrario a la democracia: permitir campañas que materialmente existen, aunque jurídicamente se presenten como otra cosa.Aquí aparece un problema más profundo: la distancia entre la verdad jurídica y la verdad social.Cuando una persona se promociona sistemáticamente, recorre comunidades, difunde logros, coloca mensajes con su nombre o alguna referencia que permite identificarla y construye una imagen pública vinculada con una futura elección, posiblemente no dice “vota por mí”. Pero tampoco está actuando sin propósito político. Está buscando posicionarse antes que los demás.Y adelantarse importa.Las campañas tienen plazos porque la equidad exige que quienes compiten comiencen, en principio, bajo condiciones semejantes. Si alguien puede instalar su nombre en la memoria colectiva durante meses o años, mientras otros esperan los tiempos legales, la contienda deja de ser equilibrada. La ventaja no aparece el día en que se registra la candidatura: se construyó mucho antes, mediante repetición, presencia territorial, publicidad y asociación emocional.No pretendo sostener que toda expresión de una persona interesada en participar políticamente deba prohibirse. Tampoco sería correcto silenciar a partidos, servidores públicos o ciudadanos. El desafío consiste en reconocer que la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para simular.La política debe cuidar no solamente la legalidad de sus actos, sino también su honestidad frente a la sociedad. Un partido puede defender jurídicamente que determinada propaganda no reúne los requisitos de una campaña anticipada. “Lo que no debería hacer es negar la intención política que cualquier observador razonable alcanza a percibir.”Esa negación deteriora la confianza pública. Le comunica al ciudadano que su inteligencia no importa, que aquello que observa no existe y que basta eliminar las palabras “vota por” para convertir una campaña visible en una actividad supuestamente neutral.La democracia necesita leyes, tribunales y procedimientos. Pero también necesita conciencia. Una conciencia democrática capaz de mirar el fenómeno completo y no solamente las palabras aisladas; de distinguir la expresión auténtica de la estrategia encubierta; de preguntarse quién paga la publicidad, con qué frecuencia se difunde, a quién beneficia y qué ventaja produce.Los tribunales electorales deben proteger la libertad de expresión, pero también la equidad y la autenticidad de las elecciones. Los partidos, por su parte, deberían comprender que no todo lo jurídicamente defendible resulta democráticamente aceptable.La ciudadanía observa. Compara. Recuerda. Sabe cuándo alguien trabaja y cuándo comienza anticipadamente una campaña.Negarlo quizá evite una sanción. Pero no evita algo más grave: que la sociedad sienta que la política pretende burlarse de ella.abogadoangel84@gmail.comÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
