La nueva regulación de las leyes de extranjería y asilo, impulsada este martes por el Gobierno, prevé procedimientos acelerados que permitan expulsar a más inmigrantes irregulares y de forma más rápida. Pese a los esfuerzos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner el acento de la reforma legislativa en la introducción de garantías, el Ejecutivo reconoce que buena parte de los dos anteproyectos se dirige a "agilizar" el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros coincide con la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno se ha escudado en la obligación de implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado a mediados de junio. Consciente de que la reforma no gustará a sus socios de la izquierda —con Sumar a la cabeza—, lo poco que hasta ahora se conoce del contenido de los dos anteproyectos trata de rebajar el golpe y de alejarse de tesis de la derecha más conservadora, tanto nacional como internacional. No lo consigue. La insistencia en las garantías y el respeto a los derechos humanos no logra ocultar que lo que se persigue es echar a los irregulares y cuanto más rápido, mejor. El mismo Ejecutivo que hace solo unas semanas impulsaba la regularización masiva de cientos de miles de extranjeros que vivían en el país, pasa ahora a una legislación que persigue devoluciones en plazos más cortos. Interior ha explicado, en concreto, que los anteproyectos recogen el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA, el acuerdo de la UE más duro contra un fenómeno que amenaza a toda Europa. Entre otros aspectos, asume el control estricto en la frontera mediante la creación de un proceso obligatorio de "triaje" previo a la entrada con revisiones de identidad, salud y seguridad, además del registro de datos biométricos. Rebaja también la duración para evaluar las solicitudes de asilo, que en la actualidad se alargaban en ocasiones hasta los tres años, y limita el concepto de "entrada" en el territorio nacional al considerar que los solicitantes en frontera no han entrado formalmente mientras dura el trámite, lo que limita el acceso generalizado. TE PUEDE INTERESAR A falta de conocer el contenido completo de los anteproyectos, Moncloa ya ha anticipado que recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, "retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de forma tan eficaz como garantista". La reclamación de asilo no será ya un escudo que evite la devolución. Un limbo condicional Los solicitantes de protección internacional, es decir, de asilo, quedarán en un limbo condicional. La reforma regula un derecho de permanencia que no da, sin embargo, derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución. Si se le deniega ese asilo, la notificación de expulsión será automática. TE PUEDE INTERESAR El anteproyecto incorpora el procedimiento de frontera previsto por la UE, de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de doce semanas, durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades, cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal al país y facilita su retorno en caso de denegación de la protección internacional. En la misma línea de agilizar el trámite, de expulsar antes y a más personas, la norma simplifica el régimen de recursos. Elimina, con carácter general, el recurso administrativo previo y, ahorra, con eso, meses de tramitación. La vía contencioso-administrativa será directa y más rápida. También apunta sin detallar que el texto desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro y deja caer "que pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes e introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno". El Gobierno, no obstante, deberá lidiar ahora con sus socios y el calendario para sacar adelante los dos anteproyectos. El horizonte es bastante difuso. Primero, por la inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición, que aún tiene atascados 68 proyectos de ley en el Congreso de los Diputados y está muy lejos de la actividad del anterior mandato de Pedro Sánchez. Pero también por los plazos. La tramitación de las leyes necesitará de varios meses, entre cuatro y seis en el mejor de los casos, y no está para nada claro que las dos iniciativas puedan estar plenamente operativas antes de que acabe la legislatura. La nueva regulación de las leyes de extranjería y asilo, impulsada este martes por el Gobierno, prevé procedimientos acelerados que permitan expulsar a más inmigrantes irregulares y de forma más rápida. Pese a los esfuerzos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner el acento de la reforma legislativa en la introducción de garantías, el Ejecutivo reconoce que buena parte de los dos anteproyectos se dirige a "agilizar" el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros coincide con la crisis migratoria de Ceuta.