El Consejo de Ministros de este martes, el primero tras el parón estival, ha aprobado dos anteproyectos para adecuar la legislación nacional al pacto europeo de migración y asilo, que entró en vigor en junio pero que todavía no estaba en marcha en España: la ley de asilo y reforma de la ley de extranjería. A continuación se dará traslado a los ministerios con competencia en la materia para incorporar el conjunto de sus aportaciones y se pedirán los informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial y organismos como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Según ha explicado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primer anteproyecto articula una nueva ley de asilo que actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. La futura ley distingue, dentro de la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.
Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Esta medida, ha añadido, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.
