Francisco Granados, quien fuera en otra época un influyente consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional, hacía cola discreto este pasado junio ante una máquina expendedora de la segunda planta subterránea de la Audiencia Nacional. El objetivo: sacarse un café a 55 céntimos de euros el vaso. El otrora poderoso y embaucador mandatario mataba así el tiempo de descanso de una de las sesiones del primer gran juicio que ha afrontado por el caso Púnica y que ha acabado con su condena este julio a dos años y medio de cárcel. La repercusión de esa sentencia, que ha llegado más de una década después de que abandonara la primera línea pública, apenas tuvo recorrido en el debate político actual de la región. Pero es la primera gota de una lluvia que arreciará tras el verano con la celebración de nuevas vistas orales sobre tramas de corrupción que asolaron al PP de Madrid y que sentarán ahora en el banquillo al expresidente Ignacio González.Todo ello, cuando falta menos de un año para las próximas elecciones autonómicas (previstas para la primavera de 2027) y cuando la actual lideresa popular, Isabel Díaz Ayuso, espolea los casos de corrupción que salpican al PSOE para cargar contra el Gobierno central. “[Pedro] Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”, tuiteaba la presidenta el pasado 30 de julio, con la mirada puesta en La Moncloa, un día después de que EL PAÍS revelase que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de lujo de uso residencial por 6,3 millones de euros —que los socialistas ya han denunciado ante la Fiscalía—.El colapso que padece la Audiencia Nacional ha provocado que se retrasen hasta ahora distintos juicios sobre los llamados caso Púnica y Lezo, que tienen como protagonistas respectivos a Francisco Granados e Ignacio González —que fue también consejero de Aguirre, a la que sustituyó en 2012 al frente del Ejecutivo—. El primero fue detenido en 2014 y ya fue condenado en 2017 a dos años de cárcel por el chivatazo que le dio un guardia civil sobre la investigación que le cercaba. Sin embargo, hasta este 2026 no se ha enfrentado a su primer gran juicio por el fraude de fondos públicos y amaño de contratos (epicentro del sumario que lo llevó a prisión provisional). Pese a que el PP de Ayuso ha obviado ese juicio y la reciente sentencia dictada contra Granados, la resolución de la Audiencia Nacional ha resultado contundente. Los magistrados han concluido que el exdirigente del PP de Madrid se valió de su “posición de poder” y su “capacidad de control” dentro del partido y de la Comunidad para erigirse durante lustros como “elemento impulsor” de una red criminal que beneficiase a un empresario amigo (el ya fallecido José Luis Huerta, dueño de Waiter Music) con contratos para la organización de festejos en municipios gobernados por los populares. A cambio, Huerta “prestaba servicios privados” para la formación y sus “miembros”, que “nunca eran facturados”.Aunque esta es, realmente, solo una de las múltiples ramas del caso Púnica. Al consejero de Aguirre le quedan juicios por delante, que aún no tienen fecha conocida: como el relativo a la caja b del PP de Madrid, por el que la Fiscalía le pide casi ocho años de prisión; y la vista oral sobre las “irregularidades” detectadas en adjudicaciones de suelo y en infraestructuras entre 2003 y 2011 a través de la desaparecida empresa Arpegio y de la extinta Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) —por las que el ministerio público le solicita otros 42 años de cárcel—.El sucesor de AguirrePero Granados no es el único fantasma del pasado que agita el presente y el futuro inmediato del PP de Madrid. Ignacio González y otros exconsejeros le acompañan. El expresidente de la Comunidad, quien fuera otro de los hombres de la máxima confianza de Esperanza Aguirre y arrestado en 2017 (cuando también ingresó en prisión provisional), se sentará en el banquillo a partir de octubre, según confirman varias fuentes jurídicas. Tras el parón de agosto, la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar a juzgar el caso Lezo. Según estas fuentes, a partir de septiembre, el tribunal abordará primero la línea de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa. Entre los acusados por esta parte de las pesquisas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de prisión, se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo, exconsejeros del gobierno autonómico de Alberto Ruiz-Gallardón de aquella época. Ignacio González, que estuvo también imputado por la adquisición de Inassa, no se sienta finalmente en el banquillo por esa pieza del sumario. Pero sí lo hará en los otros dos juicios previstos para octubre de 2026 y enero de 2027. Estos versan sobre el amaño de varios contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II —ideado por Aguirre para la capital y desmantelado tras una intensa lucha vecinal—; y sobre el presunto plan urdido para que ese ente público comprara la empresa brasileña Emissao entre 2012 y 2013 por un importe superior a su valor real. Por ambos casos, el ministerio público reclama que se dicten condenas de 14 años de cárcel para el expresidente.“Ignacio González se aprovechó de la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos”, resumió el juez instructor Manuel García-Castellón al enviarlo a juicio por el caso del campo de golf, donde concluyó que el dirigente del PP —entonces presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente en la Comunidad— lideró un plan para que Dragados subcontratase a una empresa propiedad de su hermano y de su cuñado —esto les permitió embolsarse hasta 504.780 euros entre 2006 y 2012 (y una parte de ese dinero se desvió supuestamente al bolsillo del político)—. El sucesor de Aguirre tiene otro tercer juicio pendiente por el presunto reparto de una mordida de 1,8 millones de euros a cambio de adjudicar la obra del tren de Navalcarnero por 360 millones a OHL. Anticorrupción le pide cuatro años por esta línea del caso Lezo, que algunas fuentes calculan que puede juzgarse ya avanzado 2027.Pese a que la izquierda se esfuerza en debilitar al PP de Madrid con los sumarios de corrupción que arrastra, en Génova ya se dan por amortizados y no creen que les resten votos. Los populares, que gobiernan en la región desde hace más de 30 años, sí sufrieron un importante desgaste en la comunidad hace una década con la ruptura del bipartidismo y el estallido de Púnica y Lezo —en 2015 perdieron la mayoría absoluta y en 2019 dejaron de ser primera fuerza—, pero aguantaron en el poder gracias fundamentalmente al apoyo de Ciudadanos, que sostuvo primero a Cristina Cifuentes y aupó después a Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, los conservadores se han recuperado y, según las últimas encuestas publicadas en mayo, antes de la polémica del ático, revalidarán la mayoría absoluta en las siguientes elecciones.