Ceuta recibirá del Gobierno 25 millones de euros en forma de crédito extraordinario para agilizar la acogida y mejorar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes que llegaron a la ciudad autónoma durante la emergencia humanitaria iniciada a finales de julio. El Consejo de Ministros y Ministras ha dado luz verde este martes a unos fondos que el Ministerio de Juventud e Infancia había anunciado ya el pasado 4 de agosto. La crisis ha puesto de manifiesto la incapacidad por parte de las diferentes administraciones para hacerse cargo de las vidas de estas personas y, vista la sensación de abandono, cabe preguntarse cuál será el precio que estén pagando.PublicidadMuchas adolescentes ya han expresado el miedo que pasaron, sobre todo las primeras noches tras cruzar la frontera. La periodista Laura Anido narraba hace apenas unos días el testimonio de Aisha (nombre ficticio), una chica de 15 años que intentaba descansar como bien podía "rodeada de mujeres adultas, y, a ser posible, acompañadas de niños", con el único fin de crear "una pequeña burbuja de seguridad en medio de la total desprotección". Permanecer durante días o semanas en la calle, o en instalaciones improvisadas, no supone únicamente soportar condiciones hostiles de acogida, si es que se le puede llamar así. Significa, entre otras cosas, carecer de intimidad suficiente, de espacios seguros o de unas condiciones mínimas de higiene. Los derechos que se están vulnerando"No estamos ante una simple dificultad logística derivada de una llegada numerosa de personas", advierte a Público Oussama Chakkor, psicólogo social, experto en migración y movilidad de ActionAid España. Para Chakkor, lo que está teniendo lugar en Ceuta es "un problema de garantía efectiva de derechos". Entre los cuales menciona, en el caso de las niñas y adolescentes, el derecho a la protección especial de la infancia. "Las autoridades tienen la obligación de identificarles de forma individual, evaluar sus necesidades y garantizar una solución protectora. Sin embargo, UNICEF, Save The Children y Action Aid España han alertado precisamente de la tardanza en la filiación de menores y de la falta de un proceso "suficientemente garantista para conocer adecuadamente su situación y sus necesidades", critica el psicólogo social. Las organizaciones están identificando problemas incluso con el reconocimiento de la condición de minoría de edad. Save The Children denunciaba este mismo lunes haber tenido conocimiento del caso de "una joven atendida tras sufrir violencia sexual en su país de origen a la que, después de una crisis nerviosa, se realizó una prueba de determinación de edad que estableció que tenía 26 años". Todo ello a pesar de que "había aportado una fotocopia de su documento nacional de identidad que, según la información trasladada al equipo, acreditaba que era menor de edad". Esta documentación "no fue aceptada y no pudo acceder al recurso destinado a menores".Hablamos de la vulneración sistemática de derechos fundamentales como "el derecho a la protección frente a toda forma de violencia, abuso y explotación sobre todo en el caso de las niñas; el derecho a la intimidad y a la dignidad; el derecho a la salud, incluida la salud mental; el derecho a la educación y a recuperar rutinas protectoras; el derecho a ser escuchadas y a participar, de acuerdo con su edad y madurez, en las decisiones que afectan a su vida; el derecho a una protección específica frente a la violencia de género y sexual; y, cuando existan indicios, el derecho a una evaluación individualizada de las necesidades de protección internacional", enumera Oussama Chakkor. De ahí que hablar de la situación de emergencia que están viviendo estas personas en Ceuta obligue a mirar mucho más allá de si disponen o no de un pabellón enorme con sus pertenencias encharcadas donde dormir.PublicidadLa violencia a la que están expuestas"Cada día que una niña permanece en la calle aumenta su exposición a riesgos y disminuyen sus posibilidades de acceder a la protección a la que tiene derecho", señalan fuentes de Save The Children consultadas por Público. Pensemos en todo lo que pueden estar asumiendo esas niñas, niños y adolescentes con tal de asegurarse de que van a poder evitar dormir en una playa o que van a poder hacer al menos una comida al día. Pensemos en toda la violencia que algunas de estas personas jamás confesarán por miedo, por no sentirse escuchadas, sino amenazadas con ser "deportadas", como piden la derecha y la ultraderecha. Lo último que se sabe, explica la ONG, "es que hay 2.168 menores identificados, según el Ministerio de Juventud e Infancia. Mientras que distintas entidades sociales y vecinales estiman que todavía quedan como 4.000 niños y niñas fuera del sistema, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a recursos seguros". Tampoco se ha podido cifrar todavía el número de mujeres mayores de edad que vagan por las calles ceutíes desde el inicio de la emergencia humanitaria, a pesar de que su situación de vulnerabilidad es igualmente extrema. El informe Migradas: mujeres migrantes ante la violencia de género, elaborado en 2024 por el Área de Mujer del Movimiento por la Paz, encontró que el 63% de las 496 mujeres participantes declaraba haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Un 27% señaló haberla experimentado durante el propio proceso migratorio. El mismo estudio encontró que, en el momento de llegar a España, el 73% de las mujeres consultadas desconocía cómo acceder a los recursos sanitarios y el 70% no sabía cómo regularizar su situación administrativa. Una falta de información que en estas semanas resulta caprichosamente familiar. La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando se observa quiénes son algunas de esas mujeres y niñas que buscan protección en España. Según los últimos datos de ACNUR, entre enero y octubre de 2025 España reconoció el estatuto de refugiada por motivos de género a 1.588 mujeres y niñas. Representaban el 65% de todas las mujeres y niñas a las que se concedió asilo durante ese período. Entre las violencias que motivaban la huida, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados identificó la mutilación genital femenina, la violencia sexual y la violación, el matrimonio forzado, la trata y otras formas de persecución relacionadas con los roles de género o el control de la autonomía de las mujeres. PublicidadNo todas las mujeres que llegaron hace casi un mes a Ceuta se encuentran, por supuesto, en estas situaciones ni tienen necesidades de protección internacional. Pero estos datos ayudan a entender por qué una respuesta insuficiente como la que está teniendo lugar en la ciudad autónoma puede dejar sin detectar o propiciar situaciones extremadamente graves. Cabe recordar que, entre enero y octubre de 2025, más de 50.300 mujeres y niñas solicitaron asilo en España y, entre 2021 y 2024, las solicitudes presentadas por ellas se triplicaron, al pasar de alrededor de 23.500 a más de 70.700.El retorno de niñas y adolescentes "no es realista"Nada de esto parece importar a Partido Popular y Vox, que han rechazado la propuesta del departamento de la ministra Sira Rego para trasladar a la península y poner a salvo a al menos 500 niñas. Al PP le ha faltado tiempo para reclamar turnos "mañana, tarde y noche" de los servicios de extranjería para acelerar los retornos de migrantes, pero no parece estar dispuesto a respetar el interés superior de estas personas menores de edad. La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inés Herreros, sin embargo, recordaba el pasado 19 de agosto que su "retorno", dadas "las razones que fuerzan a la migración a esta infancia en movimiento -situaciones como pobreza extrema, violencia, desprotección familiar, falta de acceso a servicios básicos, desprotección social y ausencia de oportunidades en sus países de origen- unido a la inexistencia o debilidad de Servicios de Protección a la Infancia en muchos de esos países", no es una opción "realista ni segura en la mayoría de los casos". Y no lo es tampoco, desde luego, si el país en el cual se piensa es Marruecos, por mucho que se pretenda catalogar como un "país seguro". Lo recordaba en X (antes Twitter) la abogada experta en derechos humanos Violeta Assiego: "El artículo 489 del Código Penal marroquí criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, con penas que pueden alcanzar tres años de prisión". Además "de que el CP castiga el adulterio, también se criminaliza el aborto. Una mujer puede enfrentarse a hasta dos años de prisión por abortar y quien practica el aborto, a hasta cinco años". A ello se suma la "especial desprotección de las mujeres víctimas de violencia sexual: una mujer que denuncia una violación fuera del matrimonio puede quedar expuesta a ser procesada por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales si las autoridades no consideran acreditada la ausencia de consentimiento". Mientras que, al mismo tiempo, "el ordenamiento marroquí no tipifica expresamente la violación conyugal como delito". Por otra parte, "la legislación de Marruecos mantiene un mecanismo que permite judicialmente matrimonios antes de los 18 años, afectando fundamentalmente a niñas menores de esa edad". En total, "se estima que entre 10.000 y 30.000 niños, niñas y adolescentes viven en situación de calle en Marruecos", recordaba Assiego, "y entre los factores identificados están precisamente la monoparentalidad, la violencia doméstica y el abandono familiar". Niñas, niños y adolescentes que quedan expuestas a situaciones de "explotación laboral, mendicidad forzada organizada por redes que en ocasiones los enganchan a sustancias para hacerlos dependientes y explotación sexual vinculada al turismo sexual infantil, favorecida por la pobreza y la debilidad de los mecanismos de control".Lamentablemente, y pese a disponer de toda esta información, la crisis humanitaria en Ceuta "se está gestionando desde un enfoque securitario, tratando a las migrantes, incluyendo a mujeres y niñas, como una amenaza al orden público y en ningún momento como titulares de derechos que necesitan protección", tal y como ha denunciado Oussama Chakkor. No tendría que ser necesario esperar a que una niña, adolescente o mujer desarrolle un trastorno grave tras haber sido violentada para intervenir y trasladarlas a un Centro de Crisis 24 horas o a un recurso especializado en violencia sexual y entonces ofrecerles una plaza en un piso tutelado. Se conocen suficientemente los riesgos a los que están expuestas como para prevenirlos y asegurar su integridad sin revictimizarlas, conscientes de que "no hace falta ni mucho menos inventar un modelo desde cero". El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.